Reforma Energetica

on la promulgación de la Constitución de 1917, se estableció en su artículo 27 el dominio de la Nación sobre todos los minerales, entre ellos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, además daba al Ejecutivo Federal la posibilidad de que los particulares extrajeran para su aprovechamiento el petróleo y demás hidrocarburos, bajo la figura de la concesión.

En diciembre de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río impulsó la primer reforma energética, la cual mantenía la propiedad exclusiva del Estado sobre los recursos en el subsuelo, suprimía las concesiones sobre el petróleo y los carburos de hidrógeno ya que la concesión confería a particulares los derechos para explotar y aprovechar bienes del dominio nacional y consideraba como derecho exclusivo del Estado el explotar los hidrocarburos mediante las formas estipuladas en una ley secundaria.1 La iniciativa fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 1940.2

En el mismo periodo, también fue publicada la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional que creó instrumentos para celebrar contratos con los particulares a fin de que éstos lleven a cabo por cuenta del Gobierno Federal, los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos sin poner el riesgo los derechos del Estados sobre éstos; también estableció el régimen de concesiones para la construcción de refinerías y oleoductos y para la distribución de gas.

«El Ejecutivo, al formular la iniciativa que culminó con la reforma constitucional de que se trata, y después en diversas declaraciones, ha expresado su punto de vista de que la exclusión de los particulares del régimen de concesiones que el artículo 27 fija para la explotación de los recursos naturales del dominio público, no implica que la Nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada, sino simplemente que esa colaboración deberá realizarse en el futuro dentro de las formas jurídicas diversas de la concesión…»

Lázaro Cárdenas del Río en la iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional de 19403

En 1958 se expidió una nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional que eliminó la posibilidad de celebrar contratos con particulares en la explotación y reservó todas las actividades de la industria petrolera a Petróleos Mexicanos. Dos años más tarde, en enero de 1960, una reforma constitucional incorpora dicha prohibición de contratos al artículo 27 de la Carta Magna. 


En febrero de 1983 se reformaron los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución para establecer que no constituyen monopolios las funciones exclusivas que el Estado ejerza en áreas estratégicas de petróleo y demás hidrocarburos, así como petroquímica básica.

Antecedentes[editar]

El 25 de abril de 2012, el entonces candidato a Presidente de México de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, hizo el compromiso de concretar una reforma energética para disminuir las tarifas eléctricas en beneficio de la población y la industria,4 reafirmado en su primer mensaje a la nación el 1 de diciembre de 2012.5

Pacto por México[editar]

Dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México se encuentra la realización de una reforma energética que promueva al sector como motor de inversión y desarrollo. Dentro de esta reforma se considerarían los siguientes puntos:6

Los hidrocarburos seguirían siendo propiedad de la Nación

Transformar a Pemex en una empresa pública de carácter productivo, propiedad del Estado con la capacidad de competir en la industria para convertirse en una empresa de clase mundial, además se le dotaría de reglas de gobierno corporativo y de transparencia.

Multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos

Competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos

Fortalecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos

Convertir a Pemex en el motor de una cadena de proveedores nacionales y en la producción nacional de fertilizantes

Establecimiento de una estrategia que desarrolle energías renovables y ahorre energía

Iniciativas de partidos políticos[editar]

Dentro de las mesas de diálogo del Pacto por México, se tomó la decisión de que no habría una sola propuesta del Pacto, si no que cada partido político presentaría una propia y sobre ello buscarían los acuerdos, en donde el Partido Revolucionario Institucional acompañaría la iniciativa presidencial.7

La propuesta de reforma constitucional del Partido Acción Nacional presentada el 31 de julio de 2013 permitiría que existiesen contratos y concesiones para la explotación del petróleo y los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos; de igual modo propone que la CFE y Pemex dejen de ser monopolios y sean empresas dominantes dentro de un mercado con más competidores, propone la creación de un Fondo Mexicano del Petróleo que administraría la renta petrolera y buscaría su máximo beneficio y que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional de Energía sean organismos autónomos.8

La propuesta de reforma del Partido de la Revolución Democrática presentada el 19 de agosto de 2013, no representa una reforma constitucional, si no solo de leyes secundaria y promueve el cambio de régimen fiscal de PEMEX; la autonomía presupuesta y de gestión de CFE y PEMEX; el fortalecimiento de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; el ordenamiento de tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad; convertir al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un organismo financiero; establecer una visión tecnológica para el Instituto Mexicano del Petróleo; y la implementación de una transición energética que sustituya energías fósiles por energías limpias.9

Contenido10 [editar]

Petróleo y demás hidrocarburos[editar]

Se elimina del artículo 27 constitucional la restricción incorporada en 1960, que impide la utilización de contratos para la extracción de hidrocarburos del subsuelo. La modificación no altera la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos y mantiene la prohibición de otorgar concesiones que confieran derechos sobre recursos naturales a particulares. Estos contratos, determinados en su forma por la ley reglamentaria correspondiente

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