Sensibilizar, prevenir y castigar contra toda forma de violencia y discriminación a la mujer Colombiana

RESUMEN

En el trabajo de grado, la eficacia de la ley 1257 de 2008 en Santa Rosa de Cabal durante los años 2010-2011 se analiza y determina la efectividad de esta herramienta legal, tanto desde las acciones emprendidas por los jueces, como las políticas y programas implementados por la administración pública de este municipio, en lo relacionado con la sensibilización, la protección y el castigo contra toda forma de violencia y discriminación a la mujer. Desde aquí se resalta la diferencia de esta conducta social e histórica como fundamental para el cambio de las costumbres tradicionales en el trato al sexo femenino y se diferencia de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, enmarcada en las entrevistas a las protagonistas reales y potenciales afectadas por el no ejercicio de esta ley, que no distingue geografía, cultura, idioma, raza, dan como resultado la ausencia de la aplicación de este instrumento legal, para hacer más practica y eficaz la protección y ejercer la equidad hacia la mujer.

Los tratados internacionales como herramienta en la protección de los derechos humanos, en este caso la mujer como un emblema simbólico de feminidad y fertilidad a las nuevas generaciones. El establecimiento de una protección integral a las víctimas y la atención a través de una ruta la cual la establece la ley 1257 de 2008 como guía.

La formación a los funcionarios como agentes del estado, encomendados en colocar atención, desde una perspectiva de género, evidenciando la falta inminente de garantizar el acceso a la justicia, y se deja de reconocer a la victima desde un enfoque diferencial, omitiendo los principios de dignidad y la buena fe de la mujer, que solo busca salvaguardar su integridad tanto física como psicológica. Finalmente a partir de esta realidad hallada desde este trabajo se concluye la necesidad perentoria de poner en práctica lo ordenado por la legislación Colombiana.

1. INTRODUCCIÓN

Sensibilizar, prevenir y castigar contra toda forma de violencia y discriminación a la mujer Colombiana. Es un imperativo histórico que se ha propuesto el actual Estado Colombiano. A partir de la ley 1257 de 2008 el aparato jurídico y administrativo actúa en consonancia con esta obligación. Por eso desde este trabajo de grado se busca determinar y analizar la eficacia de dicha ley en el municipio de Santa Rosa de Cabal departamento de Risaralda.

Este municipio de categoría sexta según el P.B.O.T. (Plan básico de ordenamiento territorial) sufre como las demás entidades este flagelo, conocido específicamente como violencia contra la mujer, hoy por hoy diferenciado del concepto violencia de género. Desde esta concepción se hará énfasis en el trato dado desde la función que cumplen los jueces pasando por el papel de la policía y la fiscalía, entre otros, al sexo femenino en su conjunto independiente de la raza, religión, cultura, posición social, lengua.

La violencia contra la mujer en Colombia es considerada como un problema de salud pública, es decir, como comportamiento que vulnera el derecho a la salud, en tanto que pueda desembocar en la muerte de la víctima, causar daño psicológico o sufrimiento físico y otros que afectan la dignidad y el ambiente sano de la persona. La magnitud de este problema rebaso la esfera de la familia hasta constituirse en un asunto de Estado.

Por otra parte refleja una tendencia creciente, toda vez que año tras año, el número de demandas y sentencias llevadas a cabo en los juzgados, en los Tribunales, en las Comisarias de Familia y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es superior en el caso de las mujeres que en el de los hombres.

Este problema recurrente y resistente al cambio, ha sido objeto de estudios y análisis sociológicos, psicológicos y jurídicos, hasta tal punto que desde estos trabajos se ha logrado presionar cambios en la legislación Colombiana, destinados a proteger y salvaguardar a la mujer de la violencia ejercida especialmente por los conyugues o compañeros, pero también en el ámbito laboral y educativo. En este orden, la Constitución Política

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