Sociologia

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FADIA MUVDI

MAYO 19 DE 2012 ANA CRISTINA PUERTA

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¿Cuál ha sido el aporte de la sentencia T-025 de 2004 a la protección de los derechos de las victimas de desplazamiento forzado?

“Cuando la violencia es parte de la cultura tiene vida propia y puede reciclarse… es el control social, no los policías, lo determinante en la seguridad de cualquier país”

Joaquín Villalobos

Las historias se repiten, el impacto de la violencia en las familias de desplazados o víctimas sobrevivientes es igual al trauma producido por el desplazamiento. Lo han abandonado todo, excepto la memoria (Collazos, 2003 Pág. 13). La crisis que ha cubierto al país en los últimos años hace un repaso por el contexto histórico desde los fieros discursos políticos que acabaron con Gaitán, los movimientos de unimismo, la insurgencia de los movimientos partidistas y la subversión que mantiene en la penumbra a Colombia. Penumbra que nos arroja al desplazamiento que también hace parte de la violencia política, convirtiéndose en uno de los indicadores con mayor crecimiento desde 1997. Aumento evidenciado en estudios del CODHES y La Red de Solidaridad Social que revelan un incremento del 50% de la población desplazada entre 1997 y el 2001. En el año 2003 el número de desplazados disminuyó y las autoridades desarrollaron políticas para su protección, y las acciones que se llevaron a cabo para garantizar sus derechos junto con los recursos efectivamente invertidos los cuales no resultaron acordes con lo establecido por la Ley 387 de 1997 (T- 025 de 2004). Sin embargo, al ano 2011 el CODHES reporto desde 1985 un total de 5.288.206 personas desplazadas en el territorio nacional, siendo esta una cifra escandalosa debido a que Colombia es un país de 42.888.594 habitantes según el DANE(2005). Cifra que para el ano en curso debe haberse afectado por un nuevo factor en el desplazamiento debido a las olas invernales que ha tenido que enfrentar el país y ha dejado un gran numero de familias en situación de desplazamiento.

Este deterioro social se calificó como permanente por una crisis de las instituciones públicas y privadas relacionada con la gobernabilidad del Estado, lo cual se hace evidente en la incapacidad del gobierno de controlar la violencia armada, garantizar el orden jurídico y ejercer justicia. Bajo el anterior contexto, el propósito es el exponer le efectiva incidencia de las decisiones de la Corte Constitucional en la sociedad colombiana, basados en lo establecido en la sentencia T - 025 DE 2004 y hacer un especial enfoque en la estabilización socio-económica.

La Corte Constitucional , ha reconocido la vulneración de los derechos de esta comunidad desarraigada, reconociendo que el desplazamiento constituye una violación a múltiples derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales. Es así, como a través de la sentencia T-025 de 2004, promulgada debido al clamor colectivo de víctimas del desplazamiento que recibieron una ayuda humanitaria tardía o nula durante los tres meses siguientes al abandono de sus pertenencias, la Corte declaró la situación como un estado de cosas inconstitucional , y ordenó al Consejo Nacional Para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, asegurar la coherencia entre las obligaciones fijadas por las autoridades competentes y el volumen de recursos efectivamente destinados a proteger los derechos de los desplazados. Así mismo, entre los derechos que la Corte observa mayormente vulnerados, están el derecho a la vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, al mínimo vital y a la protección especial debida a las personas de la tercera edad, a mujeres cabeza de familia y a los niños. Por lo cual decide la Corte, exigir a las instituciones prestadoras de atención a la población desplazada, la reformulación de las políticas públicas y su efectivo cumplimiento, pues aunque el presupuesto destinado a la atención de la población desplazada es considerado prioritario de acuerdo con la jurisprudencia nacional, las autoridades encargadas de garantizar la suficiencia de estos recursos han sido incapaces de asegurar el nivel de protección requerido para resolver la situación, contraviniendo la normatividad vigente y permitiendo que continúen y se agraven las circunstancias de vulneración de los derechos fundamentales de la población desplazada.

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