UNIÓN HOMOSEXUAL

UNIÓN HOMOSEXUAL

En agosto pasado fue radicado en el Congreso el Proyecto de Ley que busca reconocer la unión entre parejas homosexuales. La iniciativa fue rechazada por un grupo de personalidades mediante una carta publicada en diferentes medios de comunicación. Manuel Velandia, representante de la comunidad homosexual en Colombia, escribe sobre el tema.

Manuel Antonio Velandia Mora*

En el siglo pasado en los Estados Unidos, los baños en los establecimientos públicos estaban rotulados de tal forma que se distinguiera claramente que eran para hombres, para mujeres y para negros. A mediados de ese siglo las mujeres pudieron ejercer por primera vez el voto en nuestro país. Con la reforma al Código Penal vigente en Colombia hasta 1936 la homosexualidad dejó de ser una "enfermedad" para ser considerada como delito; los Art. 323 y 329 la hacían punible. En 1981 se reformó el Código Penal de 1936 y se despenalizaron las actividades homosexuales entre mayores de 14 años. Como puede observarse la discriminación, el sexismo y la homofobia han sido aceptadas socialmente como una manera de defender la "moral" que establece las normas para la "buena conducta" y así como en algún momento fue considerado de mal gusto que una mujer opinara de política ahora se considera que no puede haber una ley que soporte los derechos de algunas minorías sexuales.

Actualmente cuando en Colombia dos homosexuales o lesbianas deciden separarse, generalmente, la persona que poseía mayor capital al inicio de la relación tiende a quedarse con el producto de lo trabajado conjuntamente durante los años de unión de la pareja. Pareciera ser que el dolor causado en su corazón motivara tal endurecimiento que las personas tendieran a olvidarse del esfuerzo, apoyo, acompañamiento, solidaridad y afecto expresados por quien ahora es considerado un ser casi despreciable. En el caso de una persona que fallece al interior de una pareja del mismo sexo, si quien ahora falta es la persona adinerada, la familia de ésta inmediatamente obliga a la pareja a abandonar el lugar de vivienda y a renunciar a cualquier derecho legal sobre los bienes producidos conjuntamente; si el que fallece es el pobre esto no es importante.

Los efectos patrimoniales son tan solo uno de los problemas por los que atraviesan los homosexuales que deciden unirse en pareja en nuestro país. Otras situaciones adicionales se suman en la actual discriminación y desprotección frente a la ley como son, por ejemplo, los derechos a la seguridad social, a heredar, a obtener la nacionalidad colombiana de la pareja, o a ser beneficiarios de subsidios y beneficios prescritos en la legislación laboral. Así mismo, a las parejas del mismo sexo no les está permitido adoptar decisiones en materia de salud cuando el compañero o compañera no pueda hacerlo, la visita de pareja en caso de internación o privación de la libertad, ser beneficiarios mutuos de seguros y el derecho a alimentos mutuos. Y aun cuando es un caso poco frecuente, incluso, no cuentan con la protección en el caso de que se presente violencia intrafamiliar.

La desprotección legal de la que son sujetos los homosexuales y lesbianas nacionales ha motivado a que en diferentes ocasiones los legisladores hayan intentado buscar la protección de los derechos de estas minorías sexuales y sociales. Ya el 8 de septiembre de 1999 la Senadora Margarita Londoño presento al presidente del Senado el primer Proyecto de Ley "Por el cual se protegen y reconocen derechos a las mujeres y hombres bisexuales y homosexuales" Este proyecto fue sepultado por los Senadores Corsi Otálora y Manuel Rosero Perea antes de su primer debate en la Comisión Séptima.

Posteriormente la Senadora Piedad Córdoba Ruiz en agosto 6 de 2001 presentó el Proyecto de Ley Número 85 del 2001 "Por lo cual se reconocen las uniones de parejas del mismo sexo, sus efectos patrimoniales y otros derechos". Con ponencia del Senador Enrique Piñacué, pasó su primer debate en la Comisión Primera del Senado con nueve votos a favor y uno en contra, el voto de la Senadora Vivianne Morales. El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, defendió ante dicha comisión la propuesta confirmando su constitucionalidad, y el en ese entonces Ministro de Justicia, Rómulo González, negó la constitucionalidad del mismo definiéndolo como inconveniente, además de especificar que las relaciones entre personas del mismo sexo son actos inmorales, contranaturales; asumiendo una posición mucho más moralista y extrema que la de algunos representantes de la iglesia católica quienes igualmente se manifestaron en contra del mismo.

El Senador Carlos Gaviria Díaz presentó en septiembre de este año el Pliego de modificaciones al Proyecto de la Senadora Córdoba radicándolo como Proyecto de Ley Nº 43 de 2002 "Por el cual se reconocen las uniones de parejas del mismo sexo, sus efectos patrimoniales y otros derechos". El proyecto pasó en su discusión en primera instancia con nueve votos a favor y uno en contra.

Una de los hechos que mas sorprende en la discusión pública que han suscitado los diferentes proyectos es el desconocimiento que sus detractores parecen tener del contenido de los mismos o la incapacidad de comprender las diferencias semánticas, sociales y jurídicas de los términos matrimonio y pareja, y ello ha conducido a que la iglesia Católica y alguno que otro despistado político colombiano, no hayan logrado diferenciar entre la posibilidad de establecer legalmente un estatuto jurídico para las parejas del mismo sexo y el matrimonio; ello probablemente radica en que estas personas consideran que una relación para ser reconocida socialmente debe contar con la bendición de un sacerdote.

El Canon 1055.1 del Código de Derecho Canónico sostiene que "La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural a bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevado por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de Sacramento entre los bautizados". Este cano eminentemente Católico por supuesto no tiene en cuenta que este es un país laico, y que por tanto los bautizados practicantes no son todos los ciudadanos, y más aún que no se puede legislar para quienes tan solo son miembros de una de las muchas iglesias en Colombia, aun asumiendo que ellos sigan siendo son la mayoría.

El texto del proyecto en ningún momento hace alusión a la familia o equipara la unión al matrimonio; busca avanzar en el reconocimiento de estas uniones como manifestaciones legítimas que, al igual que otras formas de convivencia afectiva, merece consideración y protección por parte del Estado. Con ello la pareja

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