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Vivienda construida en serie, un factor de exclusión social


Enviado por   •  26 de Enero de 2018  •  Ensayos  •  1.955 Palabras (8 Páginas)  •  157 Visitas

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Vivienda construida en serie, un factor de exclusión social

Es una realidad que las viviendas, por principio, deben estar diseñadas y construidas adecuadamente para satisfacer las necesidades propias del usuario final, esto quedó formalmente establecido en el año de 1983 por la LII Legislatura del Congreso de la Unión dentro de la Constitución Política nacional en su artículo 4, párrafo séptimo que a la letra dice:

 “Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”[1]

También es cierto, que por años se ha mantenido una idea equivocada sobre el concepto de vivienda económica o accesible y se confunde, la mayor parte del tiempo, con una vivienda abaratada por la calidad de sus materiales y de su mano de obra, haciendo que el nivel de vida de los usuarios se encuentre por debajo de lo esperado y cayendo, en muchas ocasiones, en la inhabitabilidad que generan los cada vez más reducidos espacios.

Los desarrolladores inmobiliarios de vivienda en serie se han beneficiado con la facilidad para adquirir los permisos de construcción, y durante décadas han edificado, sacrificando calidad por cantidad e ignorando la demanda de vivienda en desarrollo, la cual queda por debajo de la producción en masa que generalmente proyectan

Ahora bien, para entrar en contexto haré una breve reseña de algunos elemento necesarios para desarrollar el tema principal.

En México, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se entiende por derechohabiente como el “asegurado, pensionado y los beneficiarios de ambos, que en los términos de la ley tengan vigente su derecho a recibir las prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (o de alguna otra institución de seguridad social)”, entre las prestaciones a las que el concepto refiere, se encuentra el arriba mencionado derecho constitucional a una vivienda digna, teniendo en cuenta que el valor de ésta dependerá de varios factores como el sueldo, el tiempo laborado, la edad, entre otros. Y es este sentido, el económico, el que se prioriza al momento de entregar los créditos de vivienda sociales dejando de lado necesidades específicas como el número de integrantes de la familia, las distancias a sus fuentes de trabajo, la cercanía de los equipamientos y los servicios básicos, por mencionar solamente algunos.

Debido a que en México un error de cálculo de Santiago Levy contribuyó a que el gobierno de Zedillo concibiera la pobreza extrema como un problema predominantemente rural[2], se dio pie al desarrollo de una política sistemática de reducción de apoyos al sector de la población en calidad de pobreza extrema de las zonas urbanas, teniendo como consecuencia un acelerado crecimiento e impacto en las ciudades.

Levy basa su teoría económica en estudios nutricionales y calóricos para dividir en dos rangos los niveles de pobreza: Pobreza moderada y pobreza extrema, basándose en dos autores británicos (Paul Streeten y Michael Lipton) que no se refieren a México.2 Él considera que la clasificación de la pobreza basada en salarios mínimos es incorrecta ya que esta “sujeta a desviaciones transitorias que surgen de los choques macroeconómicos y pueden también responder a consideraciones políticas”[3].En cuanto a vivienda, considera que estas se pueden clasificar por nivel de ingreso y el lugar en la cual se ubican. Según su estudio, el tamaño de la familia disminuye cuando el ingreso aumenta y el no considera que exista variación entre las ganancias de grupos rurales y urbanos, sin embargo, apunta a que los jefes de familia de las zonas urbanas tienden a tener un mejor nivel de educación por lo que son propensos a generar más ingresos, cosa que no sucede en el entorno rural.

Igualmente, el autor menciona que los extremadamente pobres, ubicados en localidades rurales, no suelen tener desplazamientos hacia las zonas urbanas, dado el hecho de que caminar a un trabajo alejado les hace consumir demasiadas de sus escasas calorías, de igual modo, señala que esto también se debe a que que viven en regiones donde el sistema de transporte público presenta graves deficiencias o en ocasiones no les alcanza para poder pagarlo.

El citado autor considera que cualquier programa de subsidio que se desarrolle en favor de los extremadamente pobres serán una rotunda perdida ya que estos programas se encauzarían a los no pobres (ubicados en las zonas urbanas) que son los que tienden a enterarse de la existencia de ellos y, por lo tanto, serían aprovechados por gente que cambiaría su comportamiento para conseguir estos susidios, lo que demandaría la creación de medidas de control en extremo específicas para poder evitarlo.

Sentado lo anterior, por el contrario a lo que Santiago Levy considera en su escrito, a mi parecer, en el entorno urbano, donde pone en duda en incluso niega la existencia de la pobreza extrema, esta se encuentra ampliamente manifestada y es innegable con ejemplos claros como las áreas que han sido invadidas por los llamados “paracaidistas” que han tratado (y en muchas ocasiones logrado) establecerse a la periferia de la ciudad, invadiendo predios de viviendas que han sido construidas en serie y que no están siendo habitadas por los propietarios que dicho sea de paso, estos últimos, adquirieren las propiedades muchas veces engañados por los desarrolladores, con promesas de equipamientos, servicios y transporte pero que al paso del tiempo no cumplirse con éxito debido a la poca o nula planificación urbana de la cual se parte al momento de plantear estas edificaciones.

Por otro lado, la carencia en la ordenación urbana hace que sea difícil identificar y delimitar las dimensiones espaciales, en los cuales el individuo puede encontrar las situaciones favorables de habitabilidad[4], ya que toda vez que el usuario selecciona y adquiere una vivienda se inicia un proceso de modificación al prototipo original haciendo, en la mayoría de los casos, reparaciones o adecuaciones sin la dirección de un especialista que más tarde en lugar de beneficiar, le resta valor o confort a la ya precaria situación de dichas viviendas.

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