Drecho Cosntitrucional

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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA DOMINICANA

CONFERENCIA MAGISTRAL “EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD CIUDADANA”, DICTADA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, DR. RADHAMÉS JIMÉNEZ PEÑA EN EL ATENEO DOMINICANO, EL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2010.

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Saludos,

Para esta ponencia he decidido enfocarme en dos aspectos que, a mi consideración, son los más relevantes al momento de referirse al concepto de seguridad ciudadana : por un lado, las políticas públicas de prevención y control de la violencia implementadas en República Dominicana y por el otro, el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, las cuales han sido en gran parte impulsadas por la Procuraduría General de la República en el marco de los Lineamientos de Política Criminal del Estado, y dentro de los parámetros del Plan Nacional de Seguridad Democrática.

I. Las políticas públicas de prevención y control de la violencia implementadas en República Dominicana

La violencia y el delito se han convertido en una de las preocupaciones más importantes para los ciudadanos y el Estado dominicano. Y, es además una percepción extendida en toda América Latina y el Caribe. No obstante, la República Dominicana tiene el privilegio conjuntamente con Costa Rica de ser de los países del área con uno de los índices más bajos de criminalidad. Por ejemplo, en el primer trimestre de este año se ha producido una reducción de 2.44 % con relación al primer trimestre del año 2009 de la tasa de homicidio.

No sin razón Latinoamérica, incluyendo el Caribe, es considerada la región más violenta del mundo en términos de violencia homicida, principalmente violencia producto del uso de armas de fuego. Este fenómeno relativamente reciente tiene, desde luego, palpables efectos negativos en el desarrollo humano, siendo también un elemento distorsionador de la dinámica democrática en un Estado de Derecho.

En efecto, el enorme gasto destinado a enfrentar las consecuencias de la violencia, y que, por lo tanto, no es destinado a la inversión productiva, es una prueba de ello, así como también el progresivo debilitamiento de la credibilidad en el sistema democrático, al no poder prevenir de forma adecuada este fenómeno

Si definimos el desarrollo humano como el proceso que permite ampliar las opciones de los individuos, las cuales van desde el disfrute de una vida prolongada y saludable, el acceso al conocimiento y a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente, hasta el disfrute de las libertades políticas, económicas y sociales, podemos decir que las políticas que hemos venido impulsando, dentro de los Lineamientos de Política Criminal del Estado, persiguen estos objetivos.

En sentido general, una política de seguridad pública engloba al conjunto de acciones gubernamentales y sociales que, de alguna manera, inciden sobre el conjunto de factores y condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que favorecen, consolidan o determinan los conflictos violentos y los delitos producidos en un determinado contexto social.

Bajo esta visión, toda política social, cultural, económica, educacional o laboral, o de reinserción, puede ser considerada como parte de una política integral de seguridad ciudadana.

De hecho, el daño producto de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, puede significar un perjuicio grave para un conjunto de valores trascendentales para el ser humano, como la vida, la libertad individual y social, la integridad física o sexual, el honor, o la privacidad. Asimismo, puede afectar ciertas situaciones colectivas como la seguridad pública y el orden público, los poderes públicos y el orden constitucional, la administración pública, o diversos aspectos de la vida social y económica. De ahí su trascendencia y la necesidad de prevenir sus consecuencias.

Tal cual hemos señalado, la ausencia de políticas integrales de seguridad ciudadana, entendidas como políticas para prevenir y controlar el delito y reformar las instituciones del sector, había sido la regla, por lo que existía la necesidad de establecer políticas que cubrieran otras áreas vinculadas a la seguridad, como salud, educación, recreación y reforma policial.

En ese sentido, la Procuraduría General de la República participó en el diseño de los Lineamientos de Política Criminal del Estado, dentro de los parámetros del Plan Nacional de Seguridad Democrática, tomando como base una concepción innovadora de la persecución penal, caracterizada por el diseño de estrategias que permitieran conducir las labores de enfrentamiento del delito de una manera más eficiente, a partir de la integración de la comunidad y del análisis del contexto específico en que se desarrollan los delitos.

Por tanto, esta aproximación estratégica al delito tuvo como fundamento los siguientes elementos operacionales:

• Un acercamiento proactivo al crimen

• Énfasis en la solución de problemas

• Enlace estratégico entre fiscalía, comunidad y otros organismos auxiliares

• Aplicación de diversos métodos de prevención, sobre todo a través de programas sociales de educación, salud y recreación

En cuanto a los objetivos perseguidos con la aplicación de este tipo de estrategias, se destacan:

a. La disminución del crimen: esto es la posibilidad de lograr una menor ocurrencia de delitos a través de la determinación de metas concretas y la adopción de estrategias específicas dirigidas a reducir el número de cierto tipo de delito y/o mejorar la seguridad en ciertos lugares de la ciudad.

b. La disminución de la percepción de inseguridad: objetivo que implica también mejorar la percepción que los ciudadanos tienen del propio sistema de justicia y otorgar una mayor promoción al trabajo de las fiscalías, tomando como base el nuevo modelo de gestión.

c. Mejoramiento de la calidad de vida de la población: tomando en cuenta que quienes viven en un entorno de alta inseguridad, tanto objetiva

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