11 propuestas normativas para evitar una nueva catástrofe

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Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

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Introducción

El sábado 15 de enero se produjo uno de los desastres ambientales más grandes de la historia peruana. Durante operaciones de descarga de petróleo frente a la refinería La Pampilla, la empresa Repsol derramó por lo menos 11 900 barriles de crudo sobre el mar de Ventanilla.

Esta emergencia fue reportada inicialmente, con poca diligencia, por representantes de Repsol, quienes afirmaron que solo se trataba de 0.16 barriles vertidos al mar. Sin embargo, el 18 de enero, el Ministerio del Ambiente (Minam) desmintió esta versión y afirmó que fueron aproximadamente 6 mil barriles de crudo los que ocasionaron el desastre. Pero esta cifra, incluso, varió con el tiempo: casi dos semanas después, el mismo Minam destacó que fueron por lo menos 11 900 barriles.

El caso se agudizó el 25 de enero, cuando se reportó un segundo derrame, esta vez de 7 barriles de petróleo. Luego de este nuevo suceso, el Minam indicó que Repsol no estaba respondiendo de manera clara al desastre ambiental y no brindaba certeza sobre las acciones de remediación. Por ello, el 31 de enero, el Ejecutivo ordenó la paralización de actividades de carga y descarga de hidrocarburos en el mar por parte de dicha empresa.

Este derrame ha afectado de manera inmediata no solo al ecosistema marino, sino también a todas las actividades económicas y a las personas que dependen de él. Solo en la bahía de Ancón, a 22 kilómetros de donde se originó el desastre, más de mil pescadores artesanales (cifra en la que se incluye una cadena completa de producción) se han quedado sin sustento. Repsol les ofreció realizar trabajos de limpieza con sus embarcaciones durante 15 días, pero el temor generalizado es quedarse sin trabajo por años debido a la contaminación generada. Por eso, muchos de ellos exigen indemnizaciones.

Además, según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el derrame ya ha afectado dos áreas protegidas: Islotes de Pescadores (que es parte de una reserva más grande que se extiende por toda la costa) y la Zona Reservada Ancón. A dos semanas del derrame, y tras lentos trabajos de limpieza y mitigación, el petróleo alcanzó 24 playas. Mientras no se cuente con medidas de contención eficaces, esta cifra seguirá aumentando.

Este es un caso paradigmático en la historia del país. Un caso que demanda respuestas inmediatas y, además, propuestas de solución a largo plazo. Esta emergencia ambiental ha evidenciado, además, diversos problemas estructurales que debemos enfrentar con prioridad si queremos aprender de nuestros errores.

En este contexto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presenta el documento “11 propuestas normativas para evitar una nueva catástrofe ambiental”, con el fin de brindar herramientas para lograr una mejor regulación que nos permita enfrentar una emergencia de este tipo.

Es importante mencionar que dichos cambios normativos deben ser acompañados de voluntad política, de medidas para fortalecer al sector ambiente, de la apuesta por un sector extractivo con tecnología de punta y altos estándares, entre muchos otros cambios que van más allá de lo que las normas pueden ofrecer. Los tomadores de decisión, además, deben entender que los temas ambientales son transversales y deben ser considerados en toda política pública.

Índice

Introducción        2

Para responder de manera oportuna a emergencias        5

1. Diseñar y aprobar protocolos de respuesta rápida y efectivos ante derrames de hidrocarburos        5
2. Crear fondos y facilitar la intervención del Estado para lidiar de manera oportuna con emergencias ambientales y con la remediación de los daños (con cargo a que los costos sean asumidos por quien haya causado el daño)

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1. Impulsar una Ley de responsabilidad ambiental y de aseguramiento ambiental obligatorio        8
2. Implementar centros de rescate a cargo del Estado        8

Para que no haya impunidad        11

1. Fortalecer la fiscalización ambiental nacional con énfasis en el sector hidrocarburos        11
2. Aprobar una metodología de valorización del daño por la comisión de delitos ambientales        13
3. Impulsar la caducidad de derechos en títulos habilitantes, como contratos o concesiones en industrias extractivas y megaproyectos, por causales ambientales        13

Fortalecer la atención a la ciudadanía afectada por

derrames de hidrocarburos y otros ilícitos ambientales  15

1. Crear un Fondo de Compensación que permita atender de manera inmediata a las personas damnificadas        15
2. Que el sistema de defensa pública incluya la defensa de derechos ambientales        15

Para prevenir derrames de hidrocarburos        17

1. Las empresas deben, obligatoriamente, contar con las barreras de contención dispuestas cuando se descargue crudo en terminales        17
2. Fortalecer las instituciones ambientales y consolidar su autonomía .18

Para responder de manera oportuna a emergencias

1. Diseñar y aprobar protocolos de respuesta rápida y efectivos ante derrames de hidrocarburos

El Ministerio del Ambiente (Minam) demoró 5 días en dictar la emergencia ambiental, tampoco hubo claridad para determinar el cierre de desembarcaderos pesqueros, ni existió un protocolo que guíe la actuación para el rescate y rehabilitación de fauna silvestre afectada por los derrames. Adicionalmente, no se contó con un protocolo para la disposición de los cadáveres de la fauna afectada y al Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) le tomó 7 días dar información clara sobre las evaluaciones de los recursos hidrobiológicos para determinar si eran aptos o no para el consumo humano directo.

En países como Estados Unidos, apenas ocurre un derrame de cierta magnitud, se activa un protocolo intersectorial de respuesta rápida ante derrames y existe claridad respecto a las competencias y responsabilidades. En Perú es clave contar con este nivel de organización para responder de manera oportuna ante derrames y que las diversas organizaciones tengan sus protocolos internos aprobados para lidiar con este tipo de emergencias.

Por ello, se requiere:

Que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) diseñe y apruebe un nuevo Procedimiento de Apertura y Cierre de Puertos que contemple siniestros ambientales tales como derrames de hidrocarburos, vertimiento de residuos tóxicos, entre otros, y que defina criterios objetivos, metodologías y plazos para evaluar y disponer el cierre y apertura de los puertos ante estos hechos.

Que el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) desarrollen y aprueben un protocolo de actuación para el rescate y rehabilitación de fauna silvestre afectada por residuos sólidos peligrosos (por ejemplo, petróleo), así como para la disposición de los cadáveres como resultado de este tipo de eventos.

1. Crear fondos y facilitar la intervención del Estado para lidiar de manera oportuna con emergencias ambientales y con la remediación de los daños (con cargo a que los costos sean asumidos por quien haya causado el daño)

Remediar y contener el avance de derrames de hidrocarburos es costoso e implica contratar a empresas y personal calificado. Resulta urgente no solo que haya fondos, sino que exista la liquidez inmediata que permita contratar e implementar todas las medidas que sean necesarias para contener el derrame, remediar el daño causado y compensar a quienes hayan sido afectados.

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