Amparo Indirecto

presente trabajo tiene por objeto el estudio de las instancias concernientes en el juicio de amparo indirecto y amparo directo, empezando con una introducción general acerca del amparo. Resolviendo diversas preguntas como:

¿Qué es el amparo? ¿Qué tipos de amparo hay? ¿En qué casos procede? ¿Ante quien se presenta una demanda de amparo?

Así como llevar al lector de forma ligera a la comprensión del procedimiento en las instancias respectivas que se lleva a cabo en un juicio de amparo directo e indirecto.

1.- Amparo

El Amparo es un instrumento de control que constituye la garantía constitucional por excelencia y la institución procesal más importante del ordenamiento jurídico mexicano.

Es un tipo de proceso jurisdiccional, seguido ante un órgano de esa naturaleza, entre partes, en donde la actora son los gobernados y la demandada las autoridades autoras de los actos impugnados, seguido ante los tribunales federales, en forma de juicio.

2.- Diferencia entre Amparo directo e indirecto

El Juicio de Amparo ha sido y es, el principal instrumento de defensa de los derechos que las personas tienen para protegerse de los actos de autoridad. Sabemos que este juicio no es un proceso unitario, sino que el legislador ha determinado establecer dos tipos de procedimientos el amparo directo y amparo indirecto

La diferencia de regulación obedece al tipo de actos impugnables en uno y otros casos. Lo que distingue básicamente al proceso de amparo directo del amparo indirecto, en cuanto al trámite procesal que se ha de seguir, es que en el primero las partes no tienen la posibilidad de ofrecer y rendir pruebas; en cambio en el amparo indirecto, sí les es permitido.

En los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo, los actos rebatibles son de naturaleza jurisdiccional y generalmente del tipo judicial; o sea, sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a un juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Como este tipo de veredictos presuponen la existencia de un procedimiento de naturaleza jurisdiccional, donde las partes tuvieron la posibilidad de ofrecer y rendir las pruebas que se relacionaban con el fondo del asunto, el legislador establece un medio rápido y ágil para que los tribunales colegiados de circuito tengan la posibilidad de analizar, con los elementos que obran en el expediente, la constitucionalidad de los actos de autoridad impugnados, pues sería ilógico que en esta fase se permitiera a las partes llevar pruebas nuevamente.

En cambio, por el tipo de actos que combaten en el amparo indirecto, al no ser sentencias definitivas ni resoluciones que pongan fin a un juicio y, por tanto, no existir en algunos casos un procedimiento un procedimiento jurisdiccional, se permite a las partes ofrecer y rendir prueba, pues a través de ellas aportarán elementos que posibiliten comprobar la inconstitucionalidad de los actos de autoridad que se reclaman.

Otra de las razones para que en el juicio de amparo indirecto se permita el ofrecimiento y desahogo de pruebas es que, en algunos supuestos, existe la carga procesas para el quejoso de acreditar la existencia del acto reclamado y su interés jurídico. De ahí que se contemple este derecho procesal para tal efecto.

Entonces, el objeto de la prueba en los juicios de amparo indirecto se limita a tres finalidades: demostrar la existencia del acto reclamado, el interés jurídico del quejoso, y la inconstitucionalidad de dicho acto.

3.- Objeto del juicio de amparo indirecto

Protege a las personas (físicas o morales), frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares.

Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

- Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

- Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4.- ¿A quien compete conocer del amparo indirecto?

A los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto.

También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo.

Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado

AMPARO INDIRECTO

Síntesis del procedimiento en un amparo indirecto.

5.- Momento en que se presenta la demanda de amparo indirecto

La demanda es el escrito inicial del procedimiento de amparo. Deberá presentarse, ante el juzgado de distrito competente, en caso genérico será de quince días, salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días y en los casos

Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;

También cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política

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