Doe Run: La contaminación invisible

Doe Run: La contaminación invisible

En la refinería de la Oroya se funden además de metales preciosos, conflictos sociales, laborales y medio ambientales.

El caso de Doe Run, en La Oroya, es mundialmente conocido. Es la quinta más contaminada del mundo, según el Ministerio de Salud, el 99,1% de los niños oroínos tienen promedios altos de plomo en sangre, 33,6 ug/dl (microgramos por decilitro), lo que sobrepasa los límites máximos permisibles de la Organización Mundial de la Salud: 10 ug/dl.

Entonces, ¿cómo es posible que se afirme que existe una contaminación invisible, cuando esto está probado con evidencia científica. Pareciera ser algo ilógico, pero explorando el trasfondo nos daremos cuenta de que no es así.

La acción de Doe Run en La Oroya

La primera impresión que se tiene al llegar a la ciudad de La Oroya es que se trata de un pueblo fantasma. Uno no puede dejar de observar que la fundición está ahora inactiva y que la ciudad parece extinguirse lentamente. Y es que hace ya dos años que se inició el conflicto entre la empresa Doe Run y el gobierno del presidente Alan García.

La empresa pedía al gobierno una nueva ampliación del plazo del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y un salvataje económico de más de 150 millones de dólares para continuar con sus operaciones; de lo contrario cesaría sus actividades y dejaría sin trabajo a 3.500 obreros de su planilla y a otros 6.000 cuyo trabajo dependía indirectamente del complejo metalúrgico.

El gobierno de García decidió no renovarle la licencia y someter el complejo metalúrgico a un proceso concursal ante INDECOPI. La interesada en adquirir la fundición fue la empresa Cormin, parte de la corporación Trafigura, que mantiene hasta hoy una disputa legal con Doe Run.

Todo esto trajo consigo una serie de medidas de fuerza —movilizaciones, bloqueos de pistas, marchas de sacrifico, paros regionales— realizadas por los trabajadores de la empresa y las organizaciones sociales locales para exigirle al gobierno pronta solución al problema. El pico más alto de estas acciones fue el 2009.

Los antecedentes del conflicto se remontan al año 1997, cuando el gobierno de Alberto Fujimori privatizó el complejo metalúrgico, antes propiedad de la empresa nacional CentrominPerú. El multimillonario estadounidense Ira Rennert, dueño del grupo transnacional Renco, adquirió el complejo y estableció la empresa Doe Run Perú, que opera en Cobriza y La Oroya.

Desde que se instaló en La Oroya, Doe Run ha tratado de evadir, mediante postergación, sus compromisos ambientales: ha solicitado varias veces la extensión del plazo del cumplimiento del PAMA. Su única oposición ha sido un grupo de ONG agrupadas en el Consorcio Unión para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Yauli, La Oroya (UNES), que fundaría el Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO) con algunos pobladores.

Los gobiernos que sucedieron al de Fujimori le permitieron a Doe Run seguir funcionando a pesar de que la contaminación que producía sobrepasaba los límites máximos permisibles (LMP). Pese a la oposición de las ONG y el MOSAO, en el 2006 la empresa logró que el gobierno de Alejandro Toledo le concediera la ampliación del PAMA hasta el 2009. Este último año, el gobierno de García cuestionó la renovación de la licencia a Doe Run. Pero todo indica que no fue precisamente por su gran vocación ambientalista —recordemos las tesis del “perro del hortelano” —, sino porque habría de por medio el interés de favorecer a la empresa Cormin, si nos atenemos a las versiones de los voceros de Doe Run, los trabajadores y representantes de la sociedad civil de La Oroya.

Ojos que no ven

Lo más sorprendente en este caso no es precisamente el aspecto objetivo, determinado por la existencia de una contaminación que supera los LMP y que está envenenando a la población, sino la dimensión simbólica, constituida por las representaciones de los pobladores afectados por la contaminación sobre la empresa y el conflicto. (Se usan nombres ficticios para proteger su integridad.)

Cuando se pregunta a los pobladores acerca del problema ambiental que los aqueja, suelen responder que la contaminación en la ciudad es mínima y que, por el contario, la empresa ha ayudado a reducirla, en relación con los niveles anteriormente existentes: “Aquí nadie se ha muerto o se ha vuelto mongolito o ha tenido cáncer. La empresa Doe Run se ha portado bien. Ha limpiado la ciudad”, sostiene Otilia, una comerciante de abarrotes de la ciudad.

Juana, una vendedora ambulante, afirma que “la contaminación es puro cuento. Yo he nacido y crecido en La Oroya y no me ha pasado nada ni a mí ni a mi familia. Centromín contaminaba más, el gas de las chimeneas llegaba a todo el pueblo. Doe Run nos ayudaba con la limpieza del pueblo”.

A su vez, los dirigentes de los sindicatos de la empresa manejan un discurso similar al de los pobladores: “La contaminación no mata. Tantos años que vivo en La Oroya y no pasa nada. Que me traigan un niño o un anciano que tenga plomo (en la sangre)”, dice Mauro, un dirigente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos. Pedro, otro dirigente, asegura que “Doe Run está haciendo obras. Ha limpiado el río Mantaro”.

Es claro que, a pesar de los exámenes clínicos que prueban la existencia de plomo en la sangre de las personas, para los pobladores y trabajad ores de La Oroya que fueron entrevistados la contaminación no es un problema visible que deba ser tratado con inmediatez.

Lo sustancial para ellos es mantener la fuente de trabajo y el flujo comercial. Para Rebeca, una de las dirigentas del Comité Provincial de Lucha, la empresa “está dando muestras de que sí quiere continuar operando con toda su planilla de trabajadores para bien de La Oroya”. Juana, la vendedora ambulante antes consultada, está preocupada porque siente que la situación la perjudica: “Las familias de los trabajadores se van a Lima o a otras partes porque no ven solución. Solo los trabajadores se quedan para marcar tarjeta. Eso nos perjudica a nosotros. ¡Ya no vendemos como antes! La empresa tiene que abrir de nuevo”.

Para decirlo de otra forma: un grueso sector de los trabajadores y pobladores de La Oroya ha “naturalizado” la contaminación, la ven como algo “normal” e incluso inexistente. En todo caso, sería el precio que hay que pagar para contar con un trabajo y un ingreso y mantener activa la ciudad. La percepción de sus derechos es fragmentada. Su derecho al trabajo y a contar con ingresos dignos no es visto en conexión con otros derechos, como el de la salud, del que incluso parecen dispuestos a prescindir.

“Las

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