CASO DOE RUN

CASO DOE RUN

Hasta qué punto la sociedad tolera los daños a los bienes que les pertenece, que tanto poder tienen las Corporaciones sobre las decisiones de los Gobiernos, o acaso son más poderosas y son las que finalmente dictan las políticas y “sugieren” legislaciones favorecedoras para su actividad.

Que tanto se han degradado las prácticas empresariales, que lejos de aportar progreso y beneficios, llevan al daño irreversible de la sociedad presente y futura, cuan responsable es el Estado por preservar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Este es el caso de Doe Run Perú, multinacional explotadora de metales, en la población de la Oroya, y que a pesar de las claras evidencias de sus más crueles prácticas de contaminación, el poder que ejerce sobre el Gobierno es más fuerte que la salud de sus habitantes.

En el afán de las empresas de crear riqueza y de satisfacer las necesidades de consumo, se han visto abocadas a cruzar las líneas éticas y convertirse en Corporaciones con comportamientos sicópatas:

1. Cruel indiferencia por los sentimientos de los demás

2. Incapacidad por mantener relaciones duraderas

3. Temerario desprecio por la seguridad de los demás

4. Falsedad: mentir y engañar a los demás para conseguir un beneficio

5. Incapacidad de sentirse culpable

6. Incapacidad para ajustarse a las normas sociales relacionadas con las leyes.

Se evidencia el desatino “corporativo” convirtiendo un negocio económicamente muy lucrativo en un problema social de magnitudes fuera de control. Doe Run con su planta extractora de metales ubicado en la región de la Oroya en el Peru; presenta altas emisiones de plomo, arsénico y acido sulfúrico, entre otros, generando altos niveles de envenenamiento en los pobladores de la región, especialmente en los niños. Lo que le ha valido protestas, marchas y movimientos a nivel mundial auditando sus operaciones.

Pero la corporación Doe Run si ha modificado sus niveles de emisión y contaminación, pero no precisamente en el Peru, en sus plantas ubicadas en Estados Unidos, han cancelado altas multas a los pobladores vecinos y modificado sus plantas extractoras, pero en la Oraya, los cambios no se han evidenciado, gracias a las políticas laxas y benevolentes que desconocen su autoridad para proteger a sus habitantes.

Aprovechar las necesidades e ignorancia de los más vulnerables, es una práctica perversa que ha apalancado la operación de Doe Run en el Perú. Resguardándose en políticas acomodadas de un gobierno completamente ausente en la protección a sus ciudadanos, vulnerando la población más importante, la niñez. Su plan de choque para restituir la tranquilidad y salud en la población, parecen ser simples brochazos de responsabilidad,

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