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PODER JUDICIAL ¿CAMINO AL CAMBIO?

El poder judicial es el intermediario para administrar justicia emanado por el art. 138 de la Constitución vigente que señala que “la potestad de administra justicia emana del pueblo” , es el encargado de administrar la justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos. Poseen un poder porque es dado a través de la constitución política al ser reconocido por escrito y en nuestra sociedad, puesto que es el pueblo que lo usa como intermediario para alcanzar justicia cuando siente vulnerados sus derechos, por consiguiente tiene que ver con todos los ciudadanos de nuestro país.

Pero ¿Qué opinión tienen el común ciudadano de la eficiencia del Poder Judicial? , entonces sin temor a equivocarnos se encuentra opiniones sobre la desconfianza que sienten los peruanos en relación a la administración de justicia que realiza el poder Judicial, la consideran inoperante lenta, costosa, con exiguos recursos, con infraestructura, material logístico insuficiente, impredecible con la vehemencia de precisar los actos de corrupción ejecutados por quienes tienen que administrar la justicia. A esto hay que sumarle, además, jueces corruptos o incapaces, con las consecuencias macros que se halla en este grave problema de inseguridad jurídica se revierten en el desarrollo del país, puesto que aleja la inversión productiva.

“Entre el 5 y 10% de los ingresos del producto bruto interno de un país se ven afectados si no hay seguridad jurídica. ¿Esto qué significa en el Perú?. Que si no hay credibilidad en el Poder Judicial, el Perú está perdiendo entre mil y tres mil millones de dólares anuales de su PBI” .(1). Realmente el problema de este poder del estado se ve reflejado en la desconfianza de los inversionistas al considerar en su gran mayoría la elevada corrupción que hay en el poder Judicial.

Analizando minuciosamente de donde procede esta mala imagen -la gran mayoria de los peruanos coinciden-, primeramente en señalar como mayor queja la administración de justicia, su lentitud en sus trámites y procedimientos, por lo que hasta el común ciudadano participa en la corrupción al sobornar a un integrante para que agilice sus trámites, evidenciándose la mala gestión admInistrativa que existe, otro punto a señalar al respecto es muchas veces al que se soborna es al guardian, al policía, o tramitador; quienes en la mentalidad colectiva, están considerados como parte del sistema judicial y hasta cierto punto no se sabe a ciencia cierta si este soborno llega a los magistrados, jueces. En los últimos años en el país, la prensa ha evidenciado casos de malos jueces y somos testigos de abogados que bajo la astucia del manejo de normas judiciales “sacan la vuelta a la justicia para favorecer casos de corrupción o criminalidad”. Por lo tanto si bien es cierto es

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