Introducción: Idea clave Dinámica de la Política Económica (PE):

La Política Económica Bolivariana (PEB).

Período 2003-2015.

Ec. MSc. Juan José Pérez S.

Introducción: Idea clave Dinámica de la Política Económica (PE):

El Estado venezolano exporta petróleo, recibe dólares, requiere, por lo tanto, una política cambiaria. Con el ingreso público (ingreso petrolero + recaudación del SENIAT + emisión de deuda + utilidades contables por devaluación+ dinero inorgánico), procura financiar el gasto público (educación, salud, defensa, seguridad, misiones, etc.) en pos de ciertos objetivos (política fiscal y política social). Con el fin de fomentar las inversiones y el empleo (crecimiento económico), el BCV regula la tasa de interés, las condiciones del crédito y la cantidad de dinero en circulación (política monetaria). El Ejecutivo, mediante decretos, regula salarios mínimos y administra precios de algunos bienes y servicios básicos (política de precios). Todo tras un objetivo mayor: estimular el desarrollo económico, corregir desequilibrios, abatir la inflación y erradicar la pobreza. En eso consiste la política económica TRADICIONAL. [pic 1]

Contrario a lo que se supone, precios altos del petróleo –suponiendo constante el volumen de producción- hacen marchar bien a la economía, por tanto, se deja la PE intacta. Sólo en caso de declinación de precios o del bombeo, proceden “ajustes en la PE”, medidas que modifican tipo de cambio, tasas de interés, nivel de gasto, salarios, etc.

El prolongado lapso 1983-2003 con tendencia descendente de precios, aunque con fluctuaciones, marcó el carácter pro-cíclico de la PE: Expansiva  al subir los precios y Contractiva al bajar. Déficits fiscales cubiertos con devaluación o endeudamiento. En 1996 se empieza a cobrar el IVA, en un intento de suplir el aporte petrolero. Esa dinámica se interrumpe en 2003. La PE adquiere otro carácter.

Con el barril en auge, coloca énfasis en: a) distribución de la Renta Petrolera (que supone ilimitada) en pos de la igualdad social; y b) eliminación del mercado como mecanismo de asignación de recursos, mientras expande la actuación económica del Estado. La PE no persigue ahora restaurar equilibrios macroeconómicos perdidos. Apunta hacia la instauración de una estructura socio productiva llamada Socialismo del Siglo XXI y la consolidación de una hegemonía política que permita su implantación.

La crisis, visible desde de 2013, justo cuando el barril bate récord histórico (103$), evidencia contradicciones internas del modelo económico. Mayor acento en la distribución que en la producción desemboca en desabastecimiento, recesión e inflación. El desplome brutal del precio del barril, al que se asiste desde el segundo semestre del año 2014, agrava los problemas, pero no es su causa.  Frente a esta calamidad, el país se debate entre retomar el tradicional papel de la PE en procura de restablecer los equilibrios o avanzar en el proyecto hegemónico trazado. Al comenzar 2016, no se avizoran medidas que sugieran cómo superar el cuadro crítico.

La Política Económica Bolivariana (PEB).

Período 2003-2014.

1. De las condiciones para el surgimiento de la PEB

Si se siguen textos de macroeconomía de uso corriente, la PEB es de una sencillez aplastante, al punto de suplantar el sentido común. La política fiscal y la política monetaria serán expansivas siempre, dejando anclado (sin modificaciones) el tipo de cambio para contener la inflación. Sin embargo, el estudio aislado de la economía venezolana -dejando al margen la diatriba política-, carece de sentido, al excluir las motivaciones ideológicas, intereses políticos de actores involucrados y la cuestión central de quién y cómo se toman las decisiones. Carece de sentido porque deja sin explicar medidas incomprensibles, por ejemplo, el control de cambio con abundancia de divisas. Luce razonable, entonces, hablar de la economía política del período bolivariano.

Desde esta perspectiva, la PEB se concibe como un proceso dual: distribución discrecional (no sujeta a reglas) de la renta petrolera y manejo gubernamental del aparato productivo para anular la influencia del mercado (sector privado) sobre la economía. El lenguaje político disfrazará las cosas con términos grandilocuentes: lucha contra el liberalismo salvaje y fomento de una economía basada en el trabajo, no en el capital.

La PEB define su perfil en 2003, cuando se tiene relativa certeza que los precios del petróleo subirán y el equipo en funciones de mando acumula fortaleza suficiente para imponer controles a la sociedad. Ya no se trata del programa de una circunstancial mayoría electoral en función de gobierno. Al controlar PDVSA y varias ramas del poder público, podrá el adoptar sus Tesis Programáticas, contenidas en un plan rector (Proyecto Simón Bolívar). Se asume la confrontación como principio rector de la vida pública, organizar a sus seguidores en torno a los conflictos y derrotar a los adversarios, para emprender un nuevo conflicto. Así va extendiendo el dominio sobre la economía, la educación, la cultura, la ideología, hasta llegar a la raíz última, cuestionamiento de la propiedad privada. Accionar que se resume en la consigna: “Unidad y lucha, batalla y victoria”.

La contienda nace a raíz de la siguiente circunstancia. El Estado venezolano recibe una renta internacional, como un derecho adquirido por permitir la explotación de yacimientos que son de su propiedad. Si bien el petróleo es propiedad social, “patrimonio natural de los venezolanos”, es el Estado quien ejerce la representación política de la nación. Se constituye entonces un Estado Patrimonial, con ingresos propios. Este rasgo, que comparten los petro-Estados con otros países periféricos mono exportadores de naturaleza, les proporciona un mayor grado de autonomía respecto a la sociedad en la medida en que sus ingresos dependen menos del trabajo y de la creación de valor en su territorio nacional (Coronil, 2013).  Es decir, no depende de los tributos de sus ciudadanos. En lenguaje bastante laxo, no hay contrapesos, cesa la interdependencia Estado-Sociedad civil. El Estado puede adoptar ciertas decisiones, disponer o implementar medidas de carácter público sin necesidad de negociar, acordar o consultar; incluso pudiera ir más lejos, confrontar los demás actores para alcanzar sus propios objetivos o imponer su dominio. “La amplia autonomía de la que goza el Estado venezolano en el siglo XXI gracias a los ingentes flujos financieros permite desarrollar una agenda de gobierno que ignora al resto de los actores, poniendo al servicio de su proyecto particular los recursos de la nación” (Arenas, 2010: 83).

Por tradición y constitucionalmente (sin importar el gobierno de turno), la renta petrolera internacional tiene dos destinos: una porción de divisas, que se transforma en bolívares, se canaliza hacia al presupuesto nacional, bajo conducción del Ministerio de Finanzas. Otra, en divisas o en oro, alimenta las reservas internacionales, administradas por el BCV, ente autónomo encargado de poner dólares a disposición del público, sin más restricción que pagar su precio. La revolución altera este esquema. La renta circulará conforme a decisiones del Ejecutivo, de acuerdo a una acepción muy particular del término soberanía. El gobierno fijará las condiciones, sin ataduras determinadas a priori, pocas de las cuales coinciden con algún procedimiento aprobado constitucionalmente, o consagrados en ley.

La primera medida importante, decisiva de la PEB  apunta hacia un desiderátum: el Presupuesto Nacional tradicional debe ampliar su base impositiva, “evasión cero”, de modo que, a mediano plazo, pueda financiarse sólo con tributos. El aporte petrolero quedará libre, a disposición del Ejecutivo, para alcanzar otros objetivos de la revolución.

La PEB despeja así una incógnita histórica, el destino de la renta. Este modo de “sembrar el petróleo”, estipula que la renta vaya hacia fondos especiales no incluidos en el Presupuesto; el remanente queda como reservas internacionales, en ese orden. Los fondos especiales manejados por el Ejecutivo, en ejercicio de su soberanía, habrán de convertirse en herramienta multipropósito: saldar la deuda social acumulada, organizar el poder popular, adquirir pertrechos militares, financiar cooperativas, fundos zamoranos, empresas de propiedad social, proyectos de inversión dentro y fuera del país, exportar la revolución, fomentar el deporte o la educación, impulsar pequeñas o grandes misiones, y/o  otros fines por asignar o inventar pero, por sobre todo, arma estratégica para retener y expandir el poder político. En un proceso gradual, no exento de reformas, enmiendas y agregados, se conformará una estructura de gasto paralela al Presupuesto, con fondos crecientes, en dólares. Esta estructura contradice la sección económica de la CRBV, expresamente los artículos 314 y 321. A pesar de tal contravención, de reclamos y protestas, se imponen los nuevos arreglos apelando a leyes habilitantes, con la obsecuencia del TSJ y la Asamblea Nacional entre 2003 y 2012.

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