JURISDICCIÓN AGRARIA EN COLOMBIA

JURISDICCIÓN AGRARIA EN COLOMBIA

Una norma de 1989 “considera la jurisdicción agraria como condición fundamental para la implantación de la justicia en el campo”, con criterios de tutela a la parte más débil del litigio. Esa norma recoge una evolución pendular desde 1936 cuando formalmente se escribió un estatuto de tierras protector y garantista que aplacó conflictos agrarios por el tiempo en que duró la sensación de su cumplimiento efectivo, para ir luego hasta el otro extremo del péndulo en 1944 y regresar sucesivamente, de manera inercial de un extremo a otro (pacto cd chicoral), a través de leyes y decretos que fueron capaces de crear el imaginario de que algún día existieron los jueces agrarios, como expresión de la justicia en el campo, bajo el principio de la protección de la parte más débil y la condición de la explotación económica como sustrato del ánimo de señor y dueño.

La ley 200 generó muchas expectativas incumplidas, pues no representó un proceso de distribución de la tierra ni mejoró las precarias condiciones de vida de los campesinos. Nunca se aplicó la extinción de dominio a los propietarios ausentistas, en cambio se fortaleció el concepto de posesión inscrita y no el hecho económico de explotar la tierra. La norma no impidió la concentración de la propiedad de la tierra, antes mantuvo la hegemonía de los terratenientes en el poder político que legislaba en su favor.

La tarea de la justicia agraria es extender la protección del derecho al campesinado, para consolidar el control estatal del territorio. La propiedad de la tierra ha sido registrada ventajosamente a favor de grandes acumuladores de rentas y negada históricamente a quienes han ocupado la frontera con su trabajo. Por eso se prolongó por medio siglo la última guerra de colonos del continente, a la que se pone fin con el compromiso de reconocer el derecho del campesinado al territorio y al desarrollo. En el anverso de este apartheid institucional, como lo llama Mauricio García Villegas, poderes de facto han impuesto su ley de apropiación de tierras con plomo o plata y han legalizado a un nombre el monopolio de la tierra.

La tarea de la jurisdicción agraria será clarificar el dominio legítimo y recuperar el ilegítimo para que el Gobierno pueda distribuir a familias campesinas sin tierra o con muy poca. Será formalizar los derechos de propiedad de los poseedores campesinos y resolver los conflictos con los titulares que pretenden tener mejor derecho. No les faltará trabajo a los jueces agrarios. La Superintendencia de Notariado y Registro ha documentado 65 formas de hacerle trampa a la ley para apropiarse de la tierra, hasta llegar a sentencias de pertenencia falsificadas, que ingresan al registro de propietarios bajo la protección de la misma ley.

Para que la justicia pueda hacer esto, el Gobierno debe hacer el trabajo

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