LA REGIÓN IXIL: REBELION, MASACRES E INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICO FORENSES.

LA REGIÓN IXIL: REBELION, MASACRES E INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICO FORENSES

Melgar V. Erwin Rolando

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)

RESUMEN

En respuesta a continuos abusos,  la historia y la tradición oral documentan diversas manifestaciones de rebeldía Ixil, al punto de ser considerado por los estrategas militares como un pueblo sedicioso. Durante el Conflicto Armado Interno la incorporación al esfuerzo revolucionario de amplios sectores de esta comunidad, desencadenó una feroz campaña de exterminio en su contra, que se tradujo en miles  de masacrados, ejecuciones y graves violaciones a los Derechos Humanos. La antropología forense con pruebas materiales ha reforzado la información testimonial existente sobre estos sucesos. En este documento se presentan datos obtenidos en investigaciones antropológico forenses realizadas por CAFCA^[1] en el área Ixil, con énfasis en sitios donde fueron inhumados de manera clandestina, víctimas de  masacres.

PALABRAS  CLAVES

Conflicto armado, masacre, exhumación, antropología forense

El área Ixil formada por los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, con una extensión aproximada de 650 km2 se ubica en la región occidental del departamento de El Quiché.  

Fueron necesarias dos arremetidas militares del invasor hispano para poder doblegar la resistencia Ixil, en represalia a su osadía los sobrevivientes fueron marcados con hierro candente y esclavizados. Tierra e individuos se repartieron  en beneficio de una élite parasitaria, testigo de constantes rebeliones ahogadas  a fuego y sangre durante la colonia.

Con la Reforma Liberal los nuevos terratenientes incrementaron el despojo de tierras y el trabajo forzado en fincas cafetaleras.  Familias ladinas llegaron  al Ixil para tomar el control político y económico de la región.  Durante el gobierno del dictador Jorge Ubico una revuelta en contra del trabajo forzado fue sofocada con el fusilamiento de sus líderes.

En diciembre de 1,973 núcleos guerrilleros se trasladan desde Ixcán a la región Ixil, una región de terrenos quebrados generosamente cubiertos de vegetación, cuyas  particularidades geográficas, económicas y sociales viabilizaban la implantación de una fuerza insurgente.  Era además  un área habitada por población indígena, quienes de acuerdo a una nueva visión de la lucha revolucionaria, tendrían un papel decisivo en el crecimiento  y desarrollo de los destacamentos guerrilleros regulares.

La guerrilla se da a conocer públicamente  en junio de 1,975 con la ejecución del propietario de la finca La Perla ubicada en el municipio de Chajul. Durante el segundo quinquenio de los años 70, los rebeldes consolidan una amplia base de apoyo en la región con organizaciones locales en varias aldeas. El apoyo masivo en las comunidades,  los resultados de las primeras acciones y los contextos nacional e internacional del momento, provocaron una euforia triunfalista sin correspondencia con su  capacidad operativa. Carentes de suficientes mandos medios y armamento para conducir al personal recién incorporado, la respuesta para enfrentar las contraofensivas gubernamentales de los años 81 y 82 fue limitada.  Ello obligó a un repliegue de la guerrilla, aprovechado por el ejército para ensañarse en contra de la población civil.

El mismo año que la insurgencia apareció públicamente en la región Ixil, inician los secuestros y asesinatos de líderes católicos y cooperativistas acusados de apoyar a la subversión. En 1,976 el área se militariza con la instalación de destacamentos del Ejército en las tres cabeceras municipales y en las fincas La Perla y San Francisco.  A principios de los ochenta, analistas militares etiquetaban al pueblo ixil como antagónico a la autoridad, al poder económico y a los ladinos en general.  

En Ejército desplegó en 1,981 una brigada con el puesto de mando en Nebaj,  dislocada en unidades operativas en las cabeceras municipales y en las fincas La Perla,  La Panchita y San Francisco. Los terratenientes proporcionaban albergue al ejército, a cambio de la protección militar y apoyo en las disputas contra los  campesinos de la región

En el marco de las acciones contrainsurgentes, en abril de 1,981 el Ejército organizó patrullas civiles en Uspantán, que luego extendería a lo largo de las comunidades K´iche´s y ladinas situadas alrededor del Ixil, para aprovechar las contradicciones étnicas con propósitos contrainsurgentes. Entre diciembre de 1,981 y enero de 1,982 inició la conformación de estos grupos en la región Ixil.  Las primeras patrullas civiles en constituirse fueron las de la finca La Perla y la de Nebaj, esta última inicialmente conformadas por ladinos.

Una colección de telegramas, estrategias, órdenes, reportes de operaciones y diarios de las acciones efectuadas durante el desarrollo de una campaña militar contrainsurgente, realizada en el área Ixil entre los meses julio y agosto de 1,982, conocida como Operación Sofía,  evidencia algunas tácticas utilizadas por las fuerzas armadas. En el citado documento se informa sobre ejecuciones de civiles, destrucción de cultivos y alimentos, quema de viviendas, muerte de animales domésticos, capturas y traslados forzosos de población desplazada. Las acciones contra población civil se justificaron acusándolos de ser afines a la guerrilla.  

Las acciones contrainsurgentes degeneraron en un número considerable de masacres, palabra derivada del francés antiguo como sinónimo de carnicería.  El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como “Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida”. El término es utilizado en circunstancias en donde existe desigualdad de poder entre víctimas y victimarios, los asesinatos se presentan como crueles, alevosos e innecesarios.  

Burucúa  y Kwiatkowskide (2008) observan similitudes en muchas de las masacres de épocas anteriores en relación a sus equivalentes modernas “intervención directa del aparato del estado y de sus agentes en la matanza colectiva, enormidad del mal acontecido, engaño de las víctimas, ahogo u opresión del testimonio, ocultamiento del hecho, destrucción de pruebas, carácter inexplicable de la ruptura producida en las cadenas de causas y efectos, discontinuidad en la progresión del tiempo, pérdida abisal del significado de los hecho…..” Apuntan los autores referidos que un rasgo fundamental de la masacre moderna es el menosprecio de la víctima, su asimilación como “otro” radical, inferior, asimilable a lo no humano.

En Guatemala la CEH^[2] definió una masacre como “la ejecución arbitraria de más de cinco personas, realizada en un mismo lugar y como parte de un mismo operativo, cuando las víctimas se encontraban en un estado de indefensión absoluta o relativa”.  El informe REMHI^[3] agrega que “La mayor parte de las masacres se llevó a cabo mostrando una crueldad extrema, con un carácter de destrucción total y de terror ejemplificante contra la población civil”.

En el contexto de estas ejecuciones se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos como torturas, tratos crueles, desaparición forzada, violaciones sexuales y mutilación de cadáveres.  En muchos de los casos las masacres se acompañaban con acciones de pillaje, muerte de animales domésticos; destrucción de viviendas, cultivos, objetos de culto y  de todo lo necesario para la supervivencia material.  

El informe de la CEH identificó en el territorio nacional 626 casos de masacres atribuidas a fuerzas estatales, durante el Conflicto Armado Interno.  En estos hechos se cometieron el 69% de todas las ejecuciones arbitrarias documentadas por este informe, el 41% de las violaciones sexuales y el 45% de las torturas. En el 63% de estas masacres el Ejército actuó solo, en otro 27% se hizo acompañar por miembros de las PAC^[4] o comisionados militares. El 95% de estos hechos fueron perpetradas entre los años 1,978 y 1,984, de las cuales el 52% ocurrieron en el departamento de El Quiché.  

Las masacres del Ejército no fueron hechos aislados, correspondían a una práctica común dentro de una estrategia contrainsurgente que pretendía eliminar todo posible apoyo de la población hacia la guerrilla. Se planificaban y ejecutaban con tácticas propias de operaciones militares, como la utilización del elemento sorpresa, el engaño, el cerco militar, bombardeos, utilización de tropas aerotransportadas, participación de civiles para obtener su complicidad y el uso deliberado de terror ejemplificante y disuasivo.

Según datos de la CEH en la región Ixil, el Ejército Nacional arrasó  como mínimo  el 70% de las comunidades, provocó el desplazamiento del 60% de la población, que se vio obligada a sobrevivir en condiciones infrahumanas. En esta zona se cometieron el 11% de las masacres ejecutadas por fuerzas estatales, fueron asesinadas por lo menos 6,986 personas de ambos sexos y de todas las edades. Las operaciones ejecutadas entre 1,980 a 1,983 provocaron la destrucción total o parcial de unas 90 aldeas, en más del 95% de las comunidades en donde ocurrieron masacres, las viviendas fueron quemadas.

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