LEY FORESTAL EN COLOMBIA

Ley General Forestal

de Colombia:de ésta, una medida que enfrentó a diferentes estamentos sociales, civiles y estatales del país.

Mientras que quienes estuvieron a favor de la aprobación del proyecto de ley, manifestaron para su defensa factores como la crisis de institucionalidad, la inestabilidad jurídica, la falta de garantías e incentivos para la inversión forestal, los altos índices de deforestación por la explotación ilegal de los bosques y por el cambio incontrolado en el aprovechamiento de los suelos –para uso agrícola, ganadero o para cultivos ilícitos-; las objeciones más substanciales señaladas por parte de los contradictores de la Ley, se relacionaron con la defensa de los recursos forestales, sus ecosistemas y servicios ambientales; así como de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas habitantes y propietarias de una considerable parte de los bosques naturales por señalamiento constitucional.

El resultado de este debate, fue la aprobación de la que ahora es Ley

Foto: Actualidad Forestal Tropical 1999

Uno de los retos de la Ley 1021: Hacer un mundo ambientalmente mejor para esta y las próximas generaciones.

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FORESTAL

de La República, una disposición que busca promover el desarrollo sostenible de los recursos forestales colombianos, bajo el marco del Plan Nacional de Desarrollo Forestal – PNDF (expedido en el año 2005) como eje central de la política forestal de Estado con una visión a 25 años, en la que se instituyen las actividades de administración, ordenación, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, el desarrollo de las Cadenas Forestales Productivas y la comercialización de los bienes y servicios derivados de esta actividad.

Aunque, cabe aclarar que este proceso jurídico aún se encuentra en desarrollo, por cuanto la Rama Ejecutiva del Estado debe realizar en el término de un año (en abril de 2007), la reglamentación que permitirá viabilizar, esclarecer y dar ejecución a la Ley 1021; en este artículo se mencionarán las principales normas que el documento de Ley presenta y cuáles son sus implicaciones en la actividad sectorial.

Fortalecimiento de la

Institucionalidad Forestal

Hasta ahora, el sector forestal se veía enfrentado a una débil institucionalidad jurídica y administrativa, traducida en la falta de claridad en cuanto a las funciones y competencias de las diferentes entidades a cargo del sector y a la ausencia de garantías reales para el establecimiento de proyectos forestales a largo plazo o para la inversión de capital nacional o extranjero; hechos que impedían su progreso y desarrollo.

Para empezar, la Ley hace la aclaración y definición puntual de los conceptos (ver glosario) de bosque natural, áreas de protección y áreas forestales de producción, de los usos, aprovechamientos o aplicaciones que a estas zonas se les puede dar y las medidas jurídicas para regir estas actividades; siendo éste uno de los puntos que ayudan a definir las responsabilidades precisas de cada una de las entidades estatales a cargo del tema forestal.

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Por un lado, el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Minambiente), es el único ente regulador y “rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables”, así como es el encargado de formular las políticas sobre el manejo sostenible (glosario) de los bosques naturales protectores, su aprovechamiento y las medidas de control que permitan su resguardo.

A su vez, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las Corporaciones de Desarrollo Sostenible mantendrán su autonomía jurisdiccional, aunque bajo la regulación del Minambiente, para todo lo relacionado con el control de las áreas forestales de protección

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