La Responsabilidad

Una de las líneas estratégicas de la Constitución y de la Ley Orgánica, es la Educación como Derecho Humano, que tiene como objetivo promover que el derecho a la educación debe ser reconocido como un derecho fundamental para el ejercicio de los demás derechos humanos y exigir a los Estados proveer una educación de calidad, inclusiva, actual, accesible y sostenible para todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación alguna, a partir de la cual se desprenden múltiples acciones, incidencia y hasta la atención directa a diferentes poblaciones. El derecho de todas las personas a la educación se encuentra establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pactos Internacionales, la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados.

Ahora bien con respecto al Art.104 de la Constitución de la república como máxima expresión legal del sistema democrático venezolano ordena que para ingresar como docente del sistema educativo, para ser promovido a los diferentes cargos jerárquicos establecidos así como para permanecer en él, el educador será objeto de una evaluación de meritos que no es otra cosa que una evaluación de desempeño docente académico, El docente es un guía, un orientador del proceso de formación integral del niño y el adolescente que, según la L.0.P.N.A., es un ciudadano porque es sujeto de Deberes y Derechos. El docente no es el centro del proceso educativo, lo es el alumno, pero el maestro puede convertirse en un líder, en un paradigma de la ciudadanía universal en cuanto que su vida personal y profesional constituya un modelo de ciudadano, respetuoso de la dignidad humana y convencido defensor de los Derechos Humanos, lo que le da relevancia a la importancia que se le asigna a esta función evaluativa que va establecer los criterios técnicos que permitirán idoneidad, eficacia y eficiencia en el ejercicio de la profesión docente que tiene la elevada misión de formar el recurso humano que requiere la mano de obra de este país.

La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica”, “en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión”, y cuyo ingreso, promoción y permanencia responda “a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica”; condiciones que hoy día se han visto mermadas, principalmente por el descontento generalizado que priva en el sector educativo, y más específicamente en el sector universitario, debido al incumplimiento en los ajustes salariales, a la inexistencia de un presupuesto justo que permita mantener al profesorado en constante formación, y suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión, y la burocracia que lamentablemente se evidencia en las contrataciones e ingreso de personal, que en algunos casos, no cuenta con la capacitación necesaria para desempeñar sus funciones.

Un análisis con sentido crítico sobre los medios de comunicación social es lo que exige la ley; en el artículo 9 indica que se incorporarán unidades de formación en las escuelas para contribuir con el 'conocimiento, comprensión, uso y análisis crítico de contenidos'.

Andrés Cañizales, miembro del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, considera que el análisis crítico de los mensajes de los medios no es algo negativo en sí mismo: 'Debe haber una mirada crítica desde la sociedad y la escuela hacia los medios. Pero el estudio debe realizarse sobre la base de iniciativas sociales y no promovidas desde un gobierno en funciones de Estado porque

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