Explicación del articulo 1 de la CPEUM

EXPLICACION DEL ARTICULO 1 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El primer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos y garantías fundamentales que todas las personas tienen en el país. Comienza afirmando que en México, todas las personas tienen el derecho de gozar de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Esto significa que todas las personas, sin importar su nacionalidad, origen étnico, género, religión u orientación sexual, tienen derecho a ser tratadas de manera justa y equitativa. Estos derechos incluyen, entre otros, el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la dignidad, la intimidad y la libertad de expresión.

Además de los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana, el párrafo también establece que las personas tienen garantías para proteger y ejercer estos derechos. Estas garantías son mecanismos legales y procesales que aseguran la defensa de los derechos y la prevención de abusos por parte de las autoridades.

Es importante destacar que el ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución no puede ser restringido ni suspendido, excepto en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. Esto significa que existen situaciones excepcionales en las que, por razones de seguridad nacional, orden público o bienestar general, se pueden limitar temporalmente ciertos derechos, pero siempre de acuerdo con las disposiciones constitucionales.

En resumen, este párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el compromiso del Estado mexicano de garantizar y respetar los derechos humanos de todas las personas, así como las garantías necesarias para proteger y ejercer estos derechos. Al mismo tiempo, reconoce que existen circunstancias excepcionales en las que los derechos pueden ser restringidos, pero siempre dentro de los límites establecidos por la propia Constitución.

El segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de interpretación de las normas relacionadas con los derechos humanos en el país.

En primer lugar, se establece que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de acuerdo con la Constitución mexicana. Esto significa que cualquier ley, reglamento o disposición relacionada con los derechos humanos debe ser interpretada y aplicada de manera coherente con los principios y valores establecidos en la propia Constitución.

Además, el párrafo también establece que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales de la materia. México es parte de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. Estos tratados establecen estándares internacionales para la protección de los derechos humanos.

La interpretación de las normas de derechos humanos debe favorecer en todo momento la protección más amplia de las personas. Esto significa que, en caso de existir diversas interpretaciones posibles de una norma, se debe optar por aquella que brinde una mayor protección a los derechos de las personas. El principio de protección más amplia busca garantizar que los derechos de las personas sean respetados y promovidos de la manera más amplia y efectiva posible.

En resumen, este párrafo del artículo 1 de la Constitución establece que las normas relacionadas con los derechos humanos deben interpretarse de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, priorizando en todo momento la protección más amplia de las personas. Este principio de interpretación garantiza que los derechos humanos sean respetados y promovidos de manera efectiva en el sistema jurídico mexicano.

El tercer párrafo establece las obligaciones de todas las autoridades en relación con los derechos humanos.

En primer lugar, se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esto significa que todas las ramas y niveles de gobierno, así como cualquier entidad o institución con funciones de autoridad, tienen la responsabilidad de tomar medidas activas para promover y proteger los derechos humanos. Esto incluye tanto la adopción de políticas y programas que fomenten el respeto a los derechos humanos, como la implementación de medidas concretas para garantizar su cumplimiento.

Además, estas obligaciones deben ser cumplidas de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El principio de universalidad significa que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin discriminación alguna, y deben ser respetados en todo momento y lugar. El principio de interdependencia señala que los derechos humanos están interrelacionados y su ejercicio y protección mutuamente se refuerzan. El principio de indivisibilidad establece que todos los derechos humanos tienen la misma importancia y no pueden ser separados o jerarquizados. El principio de progresividad implica que los derechos humanos deben avanzar y mejorarse de manera continua, no retroceder.

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