AUDITORIA OPERATIVA

Auditoría es una actividad de inspección, revisión y control que tiene como objetivo fiscalizar el cumplimiento de ciertas normas. Cuando una persona o una empresa son sometidas a una auditoría, el auditor se encarga de recopilar datos y analizar procesos para presentar un informe que demuestre si el sujeto o la compañía están en regla y dentro de los parámetros de la ley.

El adjetivo fiscal, por su parte, refiere a aquello perteneciente o relativo al fisco (el tesoro público o el conjunto de organismos públicos cuya función es recaudar impuestos y tributos).

Estas dos definiciones nos permiten afirmar que una auditoría fiscal es una inspección de la situación tributaria de una persona o de una empresa para verificar si cumplen con sus obligaciones.

La auditoría fiscal, por lo tanto, es un proceso que consiste en la obtención y evaluación de evidencias acerca de los

hechos vinculados a los actos de carácter tributario. El auditor debe comparar las declaraciones y los pagos de impuestos con las finanzas del ente auditado para determinar si todo está en regla.

El Estado, a través de distintas oficinas y secretarías, suele desarrollar auditorías fiscales para asegurarse que los contribuyentes estén cumpliendo con sus obligaciones. En caso de detectarse alguna irregularidad, el deudor es intimado a regularizar la situación y, según el caso, puede ser castigado de diversas formas ya que la evasión fiscal es un delito.

Las grandes empresas también suelen ordenar auditorías fiscales internas, de forma tal que se aseguren que el pago de los tributos se está realizando con normalidad.

Lee todo en: Definición de auditoría fiscal - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/auditoria-fiscal/#ixzz2uNg2heNU

Auditoría impositiva: Un desafío para el Ministerio de Hacienda

Ilegalmente suspendido por Nicanor Duarte Frutos, el artículo 33º de la Ley de Reforma Tributaria, que establece la obligatoriedad de que las empresas con facturación superior a seis mil millones de guaraníes contraten una auditoría externa impositiva, parece próximo a implementarse. Esta disposición de la Ley 2.421 debió entrar en vigencia en julio del 2005, pero por medio de un Decreto, el Poder Ejecutivo lo viene postergando, con lo cual en este caso concreto el Presidente de la República viene violando la ley, al menos desde hace 27 meses, es decir, más de la mitad del tiempo total de su mandato.

¿Qué es la auditoría impositiva?

Empecemos por decir que el concepto generalizado de que una “auditoría contable” se limita a revisar registros de contabilidad es un concepto errado, o al menos totalmente sesgado de lo que significa llevar a cabo una auditoría. En efecto, puede incluso suceder que en una empresa, los números “cuadren o balanceen” correctamente, pero, aún así, el auditor deba emitir un dictamen adverso, lo que en pocas palabras significa que sus Estados Financieros o Contables, comúnmente conocidos como “el balance”, están mal, o que lo que se dice en ellos sobre la situación patrimonial y financiera de la empresa no es verdad.

Realizar una auditoría externa impositiva implica examinar a fondo el valor de los bienes, mercaderías, activos fijos, cuentas a cobrar y todos los demás rubros o partidas componentes de los estados financieros; verificar que esas partidas existan, sean propiedad u obligación de la empresa, que se hayan reconocido oportunamente los ingresos y gastos, y que no se haya omitido ninguno de ellos en la presentación de la información financiera. Es sabido que la amplia gama de transacciones derivadas de la modificación o transformación de los elementos patrimoniales citados, genera la renta o utilidad, con lo cual se configuran los actos gravados por los distintos impuestos. Es por eso que recién después de realizar todo el proceso de la auditoría o simultáneamente con él, el auditor deberá revisar el tema impositivo; las partidas deducibles o no; la oportunidad del pago y la cuantía de los impuestos retenidos e ingresados al fisco.

Para llevar a cabo esta labor, es imprescindible que el auditor revise los estados financieros completos. Para esto, claro está, debe ser un profesional altamente calificado, con suficiente formación técnica en esta especialidad, pero también con muchos años de experiencia en la práctica de la auditoría independiente, ya que es imposible que un contador se convierta en auditor de la noche a la mañana, de la misma manera que un pedíatra o un traumatólogo no se convertirá en cirujano cardiovascular, por el sólo hecho de haber ejercido por muchos años una de esas especialidades. Un contador recién recibido, o un funcionario público jubilado que trabajó toda su vida, por ejemplo, en la Subsecretaría de Tributación, pero sin experiencia en esta labor, no podrá nunca ser buen auditor independiente.

El desafío del Ministerio de Hacienda

Por todo lo anterior, si el objetivo de esta reforma es que la auditoría impositiva aporte transparencia a la información financiera que los contribuyentes presentan a Tributación como base para la liquidación y pago de sus impuestos, es necesario que el Ministerio de Hacienda, junto a los gremios profesionales, establezcan reglas precisas para prestar este servicio, con procesos de habilitación rigurosos e incluso regulares exámenes de habilitación; revisión periódica de los papeles de trabajo de los auditores y potestad disciplinaria para sancionar, tal como es práctica habitual en otros países. De otro modo, si con la reglamentación próxima a salir se procederá a habilitar legalmente a una gran masa de contadores que contarán con ello con la licencia necesaria para fungir como “auditores independientes”, sin contar con la formación y la experiencia necesarias, se estará propiciando sin duda la venta de dictámenes de auditoría, lo que es totalmente diferente a prestar un servicio profesional independiente. La reforma será entonces sólo de forma, pues sin lugar a dudas se continuará con la práctica –siempre denunciada pero escasamente constatada y menos aún sancionada–, de funcionarios de Hacienda que, coimas mediante, blanquean la situación impositiva de los contribuyentes. Si este es el camino que seguirá el Ministerio de Hacienda en este tema, no habrá ningún avance hacia la transparencia. Lo que se hará simplemente será privatizar la corrupción.

Por Dra. Marta González Ayala (*) (*) Presidenta de la Comisión Interamericana de Auditoria - AIC. Socia

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