Justificacion Del Sector Salud

JUSTIFICACION

La salud de la población es un elemento esencial para el desarrollo económico de cualquier país, por lo que se constituye en una prioridad de las políticas públicas para buscar y mantener el bienestar social. La generación de información estadística, a través de una cuenta satélite, permite dimensionar la importancia económica del sector, como una importante vertiente para analizar la situación del sistema de salud en México.

Con este propósito, el INEGI presenta la Cuenta Satélite del Sector Salud de México (CSSSM) que comprende el conjunto de bienes y servicios dedicados a la prevención, rehabilitación y mantenimiento de la salud. Incluye las funciones del gobierno orientadas a normar y regular las actividades para preservar y mejorar las condiciones generales de vida de la población.

La cuenta adiciona los costos y los beneficios de las actividades humanas realizadas en pro de la salud, tales como la valoración económica del trabajo no remunerado destinado al cuidado de enfermos, que se realiza por parte de los integrantes del hogar.

La salud en México entre 1960 y 2009 la población de México pasó de 34.9 a 107.6 millones de habitantes, con un crecimiento promedio anual superior al 3% entre 1960 y 1980, en torno al 2% entre 1980 y 2000 y del 1% entre 2000 y 2009. Este crecimiento de la población se explica, fundamentalmente por la diferencia entre las tasas de natalidad y de mortalidad, ambas tasas disminuyeron y su diferencia pasó de 33.5 en 1960 a 12.8 en 2009, esto se debió a que a partir de los años setenta se implementaron políticas públicas para disminuir la tasa de natalidad mediante servicios de planificación familiar, al mismo tiempo se presentaron avances en materia de urbanización y salubridad que disminuyeron la mortalidad infantil y hubo un cambio de un patrón de mortalidad dominado por enfermedades infecto-contagiosas a otro con predominio de las enfermedades crónico-degenerativas.

Entre 2000 y 2009 la tasa de natalidad pasó de 21.1 a 18.0 nacimientos por 1,000 habitantes con una tendencia a disminuir ligeramente menor a la observada en las décadas anteriores. La cantidad de nacimientos está relacionada al número promedio de hijos que tiene las mujeres a lo largo de su vida reproductiva.

México.- El diputado federal Abel Salgado Peña impulsa una iniciativa para garantizar que las embarazadas reciban una adecuada atención médica en el sistema nacional de salud.

El secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados comentó que durante el último año se denunciaron 25 casos de partos en condiciones inseguras e insalubres en nueve estados del país, porque las pacientes fueron rechazadas por los servicios de salud.

Con base en datos del Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), subrayó que de mediados de 2013 a la fecha se han denunciado esos casos que evidencian irregularidades en el sistema de salud sobre la atención de embarazadas durante el parto.

Agregó que el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) registró en 2012 la muerte de 960 mujeres por causas vinculadas a esa condición.

De ellas cerca de 20 fallecieron en la vía pública y al menos 265 no recibieron atención de un médico durante el parto.

“A esos datos deben sumarse los casos de oaxaqueñas que entre 2013 y lo que va de 2014 han parido en inmediaciones de centros de salud, así como otros 16 casos similares que el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha documentado en Chiapas y Tabasco”.

El legislador enfatizó que los casos de quienes no han recibido atención médica durante el parto representan ejemplos claros de la necesidad de incluir el concepto “violencia obstétrica” en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Aseveró que la sola inclusión de ese término en la ley ayudará a visibilizar el problema que existe en el ordenamiento mexicano en relación con la prestación de servicios de salud en ocasión del parto.

En la propuesta que impulsa Salgado Peña se agrega una fracción VI al Artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recorriéndose la subsecuente, para establecer la violencia obstétrica entre los tipos de violencia contra las mujeres.

La violencia obstétrica se definiría como toda acción u omisión intencional del personal de salud, tanto médico como administrativo, que dañe física o psicológicamente, denigre o discrimine a la mujer, durante el embarazo, el parto, el post-parto y el puerperio.

Se presumirá que se incurre en ella cuando ese proceder tenga como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de la mujer para decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad.

De igual forma se considera en ese caso a la imposición de métodos anticonceptivos sin mediar consentimiento de la mujer y a la práctica del parto por vía cesárea existiendo la posibilidad para efectuar el parto natural y sin haber obtenido la renuncia voluntaria, expresa e informada de la paciente a esa posibilidad.

Aparte de la inclusión del concepto el diputado priista llamó a dotar de medios legales a las instituciones de salud para que a las gestantes les sea garantizada la atención en etapas inmediatas y previas al evento del nacimiento.

Remarcó que su proyecto propone incluir en las leyes General de Salud, del Seguro Social y del ISSSTE, diversos aspectos para la atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera.

Esa atención deberá estar ordenada por los principios de calidad, humanismo médico y trato humanitario, mínima medicación, consentimiento informado, multidisciplinariedad, privacidad, dignidad y confidencialidad.

Además ordenar la inmediata prestación de servicios de salud en materia obstétrica en los casos calificados de “urgencia médica”, con la particularidad de no condicionar la prestación del servicio a la comprobación de la titularidad del derecho, de acuerdo con la afiliación a determinado régimen de seguridad social.

También determina la obligación de capacitar y evaluar al personal médico y administrativo en los protocolos de atención para las etapas del proceso gestacional: embarazo, parto, posparto y puerperio.

El proyecto de ley instaura la obligación de que la Cámara de Diputados destine una partida especial de recursos en el ejercicio 2015 y subsecuentes para mejorar y ampliar

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