CIEN AÑOS DE DERECHO ECONÓMICO EN MÉXICO

CIEN AÑOS DE DERECHO ECONÓMICO EN MÉXICO

Antes de iniciar con el análisis de la lectura quiero compartir una reflexión acerca del derecho económico, desglosando las dos palabras tan importantes que serán punta de lanza en este inicio de mi carrera profesional, y es que para poder comprender el tema debemos siempre saber el poder de las palabras, su origen y la profundidad de lo que intentan descifrarnos, es entonces de donde nace la inquietud de poder investigar que es el derecho y que es la economía, para poder expresar mejor mis ideas y poder interpretar de manera exacta lo que quiero manifestar.

Pues bien iniciemos con Derecho, El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. O mejor dicho también, el derecho es el privilegio el cual se goza en una sociedad.

Vamos ahora con economía, La economía es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. En sentido figurado, economía significa regla y moderación de los gastos; ahorro.

La cual define, cómo las personas, organizaciones y países asignan los recursos

Aterricemos entonces ahora a la lectura del texto “Cien Años De Derecho Económico En México”

El derecho económico surgió en la etapa de entreguerras, como una nueva forma de concebir el derecho, trascendiendo la tradicional concepción individualista, con el manifiesto propósito de regular e imprimir mayor eficacia a la economía para operar un cambio en el nivel de vida de la sociedad

1.- La economía en el porfirismo

La economía nacional durante el régimen porfirista estuvo estrechamente ligada a los intereses norteamericanos y europeos. La falta de grandes capitales nacionales para modernizar la agricultura y la industria del país, indujo al Gobierno del General Porfirio Díaz a buscarlos en el exterior.

Esto es el inicio de todo, y del cual el propio presidente Porfirio Díaz condenó su memoria para las posteriores generaciones de mexicanos que nos gusta escavar en la memoria de nuestra nación, pero lo que hizo Díaz fue un riesgo necesario, a costa de un gran sector para buscar el progreso de nuestro país, pero después perdió el control de todo, al sentir el poder se fueron enriqueciendo a conveniencia propia.

Los inversionistas extranjeros invirtieron en las principales actividades económicas, aprovechando las facilidades que el Gobierno otorgaba y la paz social que éste les procuraba, para explotar los recursos naturales y la mano de obra del país.

1.1.- La cuestión agraria

La ley no es justa, en contadas ocasiones, la ley es para los que la imponen, ellos son en muchas ocasiones para no decir que en todas, los más beneficiados, pues claro, nadie va a decretar una ley que no le favorezca en su persona.

Pero México se estaba organizando, después de haber logrado la independencia, y de eso ya habían pasado más de 40 años, y en el proceso de acoplamiento de leyes y organización económica es como se surgen los diferentes puntos legales en los que se rige nuestra constitución actual.

En la segunda mitad del siglo XIX se expidieron importantes leyes y decretos que a la postre afectarían la pequeña propiedad, los ejidos y las tierras comunales.

Es donde cae la inquietud, Porfirio Díaz obtuvo un progreso acelerado, pero a cambio de la crisis de un gran sector de población del país, a partir de aquí se puede mencionar que los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres, obligados a jornadas de trabajo esclavizados, beneficiando al patrón a tener un flujo económico interno, pero que en nada le beneficiaba para crecer en su comercio.

La Ley sobre Colonización del año de 1875 legitimó a las compañías deslindadoras, toda vez que otorgaba a quien midiera y deslindara un terreno baldío la tercera parte del mismo como retribución por el servicio.

Como la economía del país no tenía recursos el presidente Díaz decide arriesgar y pagar con tierras, terrenos, propiedades etc.

La Ley sobre Colonización y Compañías Deslindadoras del año de 1883 establecía que los terrenos deslindados, medidos, fraccionados y valuados, serían cedidos a los inmigrantes extranjeros y a los habitantes de la República, en una extensión que no excediera en ningún caso a dos mil quinientas hectáreas.

1894, la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos otorgó a las compañías deslindadoras el derecho de adquirir tierras, sin límite de extensión. Además de terminar la obligación de los propietarios y poseedores de terrenos baldíos de tenerlos poblados, acotados y cultivados.

Ahora los dueños de tierras podían hacerse de más terrenos y tenerlos en el abandono, que en virtud de progreso nacional poco se puede lograr limitando a los campos a su fertilidad.

Así, estos ordenamientos propiciarían el despojo y el acaparamiento de tierras por parte de latifundistas y hacendados, nacionales y extranjeros, y, al mismo tiempo, la pauperización de los trabajadores del campo, que se incorporaron a la servidumbre semiesclavizada de las haciendas o emigraron a las ciudades

Los latifundistas son los dueños de las haciendas agrícolas de gran extensión, mismos que lograron empobrecer a los campesinos obligándolos a trabajos duros de jornadas largas, o de criados en haciendas.

Pero la economía de los privilegiados hacendados crecía enormemente, con las facilidades legales, tenían el derecho económico a su favor, ya que se crearon grandes latifundios en varios estados de la república tales como: San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

1.2 La industria

El Gobierno de Porfirio Díaz, para fomentar la industrialización del país, otorgó numerosas prerrogativas a los inversionistas nacionales y extranjeros tales como concesiones, subsidios y tierras, y controló férreamente a los obreros, quienes carecían del derecho de huelga, asistencia médica y ordenamientos que reglamentaran la jornada de trabajo que comprendía de 12 a 14 horas

Por si fuera poco, el presidente Díaz seguía otorgando el derecho a los inversionistas, como tenía que ser, un gran negociador, tenía todo a sus pies para poder manejar a su favor

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