A diez años del salto político

A Diez Años del Salto Político

Desde la aparición de la Carta Política de 1991 los diferentes doctrinantes de Derecho Constitucional, dentro de los que se destaca con especial importancia a Jaime Buenahora Febres-Cordero (2001), han hecho manifiesta, cada vez con más fuerza, la necesidad del Estado por la construcción de una reforma política seria en virtud de las exigencia coyunturales colombianas.

El presente documento tiene por objeto la evaluación de los menesteres apuntados por Buenahora (2001) en su texto a la luz de los primeros diez años (prontos a cumplirse) de la expedición de la primera Reforma Política (Acto Legislativo 01 de 2003) en el panorama de Colombia.

A propósito de estructurar un documento pertinente respecto de las reformas políticas a las que se ha sometido nuestro país (2003 y 2009), resulta fundamental (i) dar cuenta del proceso histórico que surte la democracia en Colombia, para explicar el fundamento de las reformas y el estado de cosas actual que se vive; además, deben vislumbrarse los alcances del (ii) Estado Social de Derecho propuesto en virtud de la nueva ola del constitucionalismo en relación con esta misma democracia colombiana; más aún, se hará un desglose de la evolución de varios temas puntuales dentro de los que cabría destacar la organización de partidos políticos, su cohesión y disciplina, la cultura del voto en blanco, los requisitos para la obtención de la personería jurídica, el estatuto de oposición, la financiación de las campañas, la organización electoral; para finalmente (iii) esbozar una serie de conclusiones a fin de hacer un balance real que permita evidenciar los retrocesos y los avances en las diferentes materias.

Es preciso, entonces, abordar la primera materia que versa sobre el proceso histórico de la gestación y posterior institucionalización de la democracia en Colombia.

La precariedad democrática que bien expresa Buenahora (2001) a través de su texto es producto de una fuerte ruptura en la construcción histórica de nuestro país. Es irrefutable que el proceso democrático no tuvo una historia pacífica, ni mucho  menos lineal. Es, más bien, una colcha de retazos sobre la que se han hecho remiendos históricos que dejan profundas cicatrices en el sentir colombiano y que, por supuesto, dejan un gran sinsabor que al final determina el estado de cosas actual.

Una volatilidad constitucional alarmante^[1] que desencadena en la ilegitimidad de las actuaciones del Estado (Sartori, 1994) en el Siglo XIX, da muestra de que el interés de quienes detentaban el poder era probar su señorío y supremacía antes que la búsqueda de la construcción de “País”, antes que una aspiración formal por orientar el desarrollo del pueblo colombiano hacia postulados de unidad e identidad.

Después de la regeneración de Rafael Núñez en 1886, termina por darse la última Constitución de ese siglo. Desde ahí, se da inicio a la hegemonía conservadora que tendría lugar en un período de aparente paz política, disturbado únicamente por la Guerra de los Mil Días, hasta 1930, cuando los liberales impondrían su República Liberal (hasta 1945).

Se dice que hay una aparente paz porque los índices de violencia relacionados con política se mantienen estáticos a pesar de que los índices de mortalidad por cada 1000 habitantes disminuyen como se sigue en la gráfica:

[pic 1]

(Zambrano, 1998)

De la gráfica puede sustraerse que los asesinatos relacionados con política y la tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes es casi la misma para 1950, por lo que conviene destacar que en 1948 estalla la época de “La Violencia” en Colombia con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.

Coincidencialmente, Rojas Pinilla hace un golpe de Estado en 1953 y termina por amnistiar a gran parte de quienes fomentaron los crímenes. Lo anterior es importante porque producto de toda esta violencia que se evidenció, se surtieron trámites de justicia transicional que Uprimny (2006) califica como perdones “amnésicos” en los que las grandes amnistías soslayaron la consecución de justicia y terminaron por dejar latente la violencia. Como consecuencia de el fallido proceso de justicia transicional, se gestaron las guerrillas en los sesenta. (Uprimny 2006)

No obstante, Buenahora (2001) describe que la “democracia recortada, empujó sin proponérselo el surgimiento de movimientos guerrilleros tales como las FARC, el ELN y el EPL, en la década de los sesenta”.  Argumento que puede ser rebatido con la explicación previamente mencionada, pero que además pareciera desconocer que aunque la agrupación guerrillera como tal nace a la luz pública en los sesenta, desde los cuarenta venía armándose como los “Bandoleros” e hicieron parte activa de la época denominada “La Violencia” en Colombia.

Culminada esta etapa viene un punto en el que Buenahora (2001) hace hincapié, el Frente Nacional. Él lo aborda para explicar que “ofrecía los rasgos de un sistema unipartidista” (Buenahora, 2001, Pág. 2001) ya que restringía la participación efectiva de los ciudadanos, lo que le sirve para explicar que los partidos tradicionales dejaron de ser fuentes de ideología y pasaron a ser maquinarias electorales. (Buenahora, 2001)

Si en gracia de discusión se aceptara dicho argumento, podríamos argüir también que pese a no ser un capítulo deseable dentro de la historia colombiana, sí se constituía, en su momento, como la única salida necesaria para pacificar un conflicto que había cobrado más de quinientas mil víctimas por concepto de la radicalización política que se había vivido desde el siglo anterior (Plazas Vega, 2011). Más aún, el no hacerlo podría haber ahondado el conflicto en magnitudes y proporciones indeseables que pudieran haber dado continuidad a una “guerra civil del siglo anterior” (Green, 2003). Lo que sí podría concedérsele, sin embargo, es que el Frente Nacional gestó la guerrilla del M-19.

Posterior al Frente Nacional no se ubica nada de latitudes verdaderamente extraordinarias para el caso que nos ocupa, razón por la que hasta ahí se cierra el primer esbozo de lo que es la historia de la construcción de la democracia colombiana.

Así las cosas, puede sustraerse que la democracia colombiana ha tenido varios tropiezos a lo largo de la historia, pero ello además responde a que no se dio una línea secuencial clara, en parte por culpa del egocentrismo de los partidos tradicionales que contribuyeron a su ruptura, lo que impidió una consolidación de la misma.

Ahora, en un segundo término, corresponde analizar la construcción del Estado Social de Derecho con su incorporación a la Constitución Política de 1991. Visto desde la óptica de la democracia participativa tal orientación para el Estado colombiano es, por decir lo menos, maravillosa, pues se encarga de velar por una igualdad material de los individuos, no una formal.

Así, y partiendo de la premisa de que la democracia política posibilita la democracia económica y social (Buenahora, 2001), la Constitución sienta unas bases claras sobre la que puede descansar un primer acercamiento a la democracia real y no a la mera construcción de una democracia nominal y formal que careciera de sustancia.

Si bien estos postulados son teóricamente muy elogiables, en la práctica son más bien ineficaces. Infortunadamente, los procesos de corrupción, de elusión, de evasión y en general las arcas del Estado no son suficientemente grandes para subsumir bajo su manto una multiplicidad de obligaciones y deberes para con todos los ciudadanos colombianos.

La situación expuesta arriba es claramente verificable con la realidad fáctica de hoy, 20 años después de la expedición de la Constitución. Adicionalmente, el hecho de haber incorporado figuras sui generis sin una debida reglamentación en nuestro ordenamiento jurídico para facultar la democracia participativa, es un factor que cohíbe también a quienes quisieran participar de ésta mediante el uso de sus mecanismos.^[2]

Por supuesto la elección por voto programático de gobernadores y alcaldes, la desalineación entre las elecciones a concejo y a congreso son buenas iniciativas que adoptaron los delegatarios. Empero, respecto de la primera me surge una preocupación relacionada con su eficacia en los lugares recónditos del país y, por no ir tan lejos, en los rurales. ¿Es verdaderamente útil el voto programático o quienes residen en dichos territorios seguirán votando por el gamonal del pueblo?

La realidad es que falta demasiado para poder consolidar propiamente dicha la democracia participativa y aunque existen los mecanismos teóricos la práctica es mucho más complicada, sobretodo porque “estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca”^[3]. No existe, entre nosotros, ni las arcas para sostener dichas pretensiones, ni la cultura para respetar la prioridad que merecen.

En tercer término debe darse un análisis sobre varios temas neurálgicos que debían ser objeto de modificación o regulación mediante reforma política para algunos doctrinantes como Buenahora (2001).

Este documento empezará por hablar de la democracia en la organización interna de los partidos políticos. El inciso segundo del artículo 108 no reglaba la democratización de la organización interna de los partidos, razón por la que a voces se pedía su expedita modificación.

Respecto de esto cabe expresar que en el Acto Legislativo 01 de 2003 se modificó este artículo, pero nuevamente se hizo en la reforma política de 2009 (Acto Legislativo 01 de 2003)  en donde el texto final indica que cada dos años, como máximo, los partidos políticos están en la obligación de hacer convenciones para definir los demás más cruciales y de pase incluir a la ciudadanía en sus decisiones y doctrinas, todo ello a fin de generar una cultura más democrática.

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