Analisis T- 375 de 1997

¿Existe la posibilidad de que las normas establecidas en la Constitución Política regulen de manera directa las relaciones económicas de carácter privado? ¿Se puede proceder a una acción de tutela bajo los derechos de la libre competencia y libertad de empresa?

Para iniciar con el análisis de la sentencia T-375/97, empezaremos con una breve explicación de los principios allí citados. Partimos de que toda empresa privada (en este caso TERPEL), se encuentra regida bajo normas de Derecho Privado; estas normas conllevan una autonomía por parte de cada entidad, esta autonomía va regida a la aceptación de ciertos principios constitucionales.

En primer lugar, se abordará el aporte la Corte Constitucional hacia la libertad de empresa, libertades económicas y libre competencia en la sentencia C-197/12, donde se definen como: las libertades económicas para una empresa no son absolutas, debido a que la empresa está regida bajo una función social, la que lleva consigo una serie de obligaciones, las cuales van ligadas a la labor que esta tenga como entidad privada; estas obligaciones tendrán lugar, cuando el interés social, el ambiente o el patrimonio cultural no exijan. Finalmente se dará un concepto de la acción de tutela.

De acuerdo con el artículo 333 de la carta indica:

 La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. (Constitución 1991).

Para simplificar lo enunciado, la libre competencia económica es un Derecho de todos los ciudadanos, sin embargo, esta libertad posee unas responsabilidades y unos límites los cuales van regidos por el bien común. El Estado será el encargado de velar por que esta libertad económica no se vea restringida o se obstruya, también mantendrá el control sobre las empresas para que no se genere entre ellas una posición dominante en el mercado nacional. La Corte enuncia que ninguna empresa privada, en ejercicio de su libertad contractual no puede adscribírsele a su cargo un deber general de contratar.

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