Asesinato en Chengue

Por omisión en el asesinato de 27 personas en el corregimiento de Chengue, San Onofre, Sucre, el Consejo de Estado ratificó la destitución que a manos de la Procuraduría sufrió el contralmirante de la Armada Rodrigo Alfonso Quiñónez, quien comandaba la Primera Brigada de Infantería de Marina.

La Sección Segunda del alto tribunal no solo rechazó sus pretensiones de restituirlo en el cargo y revocar la inhabilidad de cinco años en el ejercicio de funciones públicas que había sido decretada en su contra, sino que le negó sus exigencias restaurativas, que superaban los 1.600 millones de pesos.

El oficial había sido hallado disciplinariamente responsable de estos hechos, porque a juicio del Ministerio Público, había sido omisivo para atacar a los integrantes de las Autodefensas que protagonizaron la masacre, ocurrida el 17 de enero de 2001.

Según la decisión, el contralmirante no tuvo en cuenta la advertencia que entonces hizo la Policía, señalando que tres camiones con integrantes de grupos paramilitares se desplazaban por el sur de San Onofre, por la carretera que conduce a la población de Toluviejo.

Nadie en el pueblo entendió lo que quiso decir el Fiscal de Derechos Humanos, cuando se refirió a “delito de lesa humanidad” en el caso de la masacre de Chengue, por eso, después de la noticia que vieron por televisión, empezaron a preguntarse entre sí, sin encontrar una respuesta.

Danilo Meriño Villegas cree que lesa humanidad es algo así como coger un burro a palos sin compasión, tal como sucedió el día en que los paramilitares golpearon brutalmente con un mazo a su hermano Jesús Meriño y a 27 personas más hasta quitarles la vida.

Esa creencia también la tiene Luis Barreto Wilches, quien perdió a un hermano, su cuñado y un primo en la misma masacre, por eso cree que lesa humanidad es algo atroz y sin sentimiento humano.

Barreto Wilches, quien ayer madrugó a su parcela a recoger los aguacates, se detuvo un instante, como lo hace siempre que pasa por ahí, sobre la piedra donde le extirparon a golpes la cabeza a sus familiares y media comunidad, con la duda sobre el anunció de la Fiscalía, pero está convencido que se trata de algo grave.

Y aunque los principales medios de comunicación destacaron la noticia, la mayoría de las 17 familias que retornaron a Chengue, no están enterados de un hecho judicial histórico que puede ser el referente para todos los pueblos de Colombia escenarios de cruentas masacres.

Solo tienen claro que el pueblo quedó arrasado hace 10 años: perdieron sus familiares, sus viviendas y hasta los gallos de pelea con los que se divertían los domingos cuando eran visitados por las comunidades vecinas.

El silencio del pueblo apenas se interrumpe para escuchar las noticias de la radio, mientras los hombres se dirigen hacia sus parcelas a recoger las cosechas y las mujeres preparan los platos con animales que fueron cazados en días anteriores. “¡Oye!, María Morales, volvieron a mentar a Chengue y fue desde el mismo Bogotá”, dice Danilo, mientras acomoda su burro que lo llevará al campo.

Poco a poco los hombres con sus machetes al cinto desaparecieron de la escena de la plazoleta y se internaron en el monte, entonces no se volvió hablar más de lesa humanidad y los que quedaron en sus casas por alguna razón solo hablan de reparación.

Saben que después de 10 años, solo una familia ha recibido la reparación por la muerte de varios miembros. Chengue sigue igual, esperando la acción social del Gobierno para una reparación colectiva que mejore sus condiciones de vida.

Castigo a los culpables

Para los familiares de las víctimas, el castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre es tan prioritario como la reparación, y expresaron su satisfacción al conocer que la Fiscalía ordenó revisar

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