De las estructuras institucionales y el poder

Michel Foucault

“De las estructuras institucionales y el poder”

La Dirección Regional de Aduana Talcahuano (DRAT) es una Dirección Regional dependiente del Servicio Nacional de Aduanas. Se relaciona con el Ministerio de Hacienda en materias macro y microeconómicas de acuerdo a los tratados y acuerdos económicos de la República de Chile. La DRAT, tiene a cargo las funciones que, por imperio de la ley, le facultan la administración, gestión y control de las materias del comercio exterior en los territorios de la VII a la IX Región. En materias de fiscalización, opera en los Pasos Fronterizos Pehuenche, Vergara, Pichachen, Pino Hachado, Liucura, Icalma y Mamuil Malal; en el Aeropuerto Carriel Sur, en los Puertos San Vicente, Lirquen y Coronel; además de participar directa o indirectamente en los diferentes puertos marítimos, aéreos y terrestres auditando a las empresas y organismos operadores de actividades de importación y exportación^[1]. Para desarrollar las funciones descritas con anterioridad, por estructura orgánica, se organiza en Unidades Staff (Asesoría Operativa, Asesoría Jurídica, Unidad de Gestión, Oficina de Atención al Usuario) y Departamentos (Fiscalización Aduanera, Técnico y Administrativo). Cuenta con una dotación de 87 funcionarios de diferente calidad jurídica, estamentos y grados.

Las narrativas/discursos que organizan el trabajo y que, por defecto, estructuran las prácticas de poder, están asociadas a aspectos legales/normativos, los cuales, los podríamos separan en 3 niveles: fiscalización, técnico y administrativo.

• Para los aspectos de fiscalización, las normativas que elaboran los esquemas narrativos de las facultades legales, corresponden a: DFL N°329/16-04-1979 “Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas”. DFL N°30/04-06-2005 “Ordenanza de Aduanas”, Compendio de Normas Aduaneras y el Arancel Aduanero. Estas normativas son los ejes brújula respecto al funcionamiento institucional que embisten el accionar facultativo de las actividades de fiscalización en la institución, así como también a los actores particulares que forman parte de las cadenas de comercio exterior^[2].  
• Para los aspectos técnicos, las normativas que forman parte de los timones direccionales de las actividades técnicas en los procesos de fiscalización, se encuentran los reglamentados por acuerdos, tratados o complementos internacionales de libre comercio. Actualmente, Chile tiene un total de 26 acuerdos, tratados o complementos internacionales de libre comercio, los cuales, establecen los niveles arancelarios de las diversas mercancías que Chile representa en tanto a cuestiones de exportación e importación. A su vez, estos tratados en relación directa a las normativas de fiscalización que Chile presenta, indican los diversos criterios de logística, manutención, seguros, tratamiento y almacenaje de las mercancías que tanto los actores públicos, privados, nacionales o internacionales, deberán seguir^[3].
• Para los aspectos administrativos, que en definitiva, son los encargados de dar adecuada administración al servicio en cuestión, ya sea en materias de presupuesto, personal, infraestructura y servicios, existen diversas normativas que reglamentan las actividades que organizan el funcionamiento de un servicio público. Destacan el DFL N°1-19553/17-11-2001 “Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”^[4], y la Ley N°18.834/16-03-2005 “Estatuto Administrativo para Funcionarios Públicos”^[5]. Estas normativas, son las encargadas de indicar el cómo, cuándo y dónde de los diferentes procesos administrativos que tienen lugar en la administración pública; los que a su vez, son fiscalizados por la Contraloría General de la Republica para un legal funcionamiento, guiado por diversos precedentes administrativos (dictámenes).

        Al explorar estas estructuras preferentemente legales/normativas del funcionamiento de la DRAT, es posible evidenciar que, como toda institución pública, sus actividades o “facultades” son estrictamente jurídicas, ya sea para cuestiones de fiscalización, técnica o administrativa y como tal, todo proceso o actividad que los funcionarios/as realicen en el cumplimiento de las funciones, devienen de un marco jurídico que otorga tales facultades. En este sentido, el poder de la institucionalidad de la DRAT, decae de una burocracia pensada y planificada para reproducir un modelo de administración centralista, el que a su vez, reproduce el modelo económico que el Estado de Chile ha desarrollado e instaurado mediante diversas herramientas políticas, sociales y económicas.

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