Dialogos De Paz

Qué pasaría, en términos económicos, si los diálogos terminan en acuerdo o no, según académicos?

Las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno colombiano con las Farc en Cuba han generado múltiples análisis y reacciones. No sin razón, la gran mayoría de las discusiones ha girado en torno a los costos jurídicos y políticos que tendrá que pagar el país en el corto plazo. (Siga este enlace: Directores de medios analizan manejo de información en proceso de paz).

Otra parte muy importante de las discusiones se ha enfocado en la necesidad de que las Farc reconozcan que han sido unos de los principales victimarios en la historia reciente del país, que han estado directamente vinculadas en actividades de narcotráfico y que, en este proceso, han despojado a muchas familias de sus tierras. (Vea acá: Diálogos de paz en la historia de Colombia).

Con este reconocimiento debería venir un proceso de reparación a las víctimas, que incluya la restitución de las tierras despojadas a muchos campesinos y un compromiso firme de abandonar las armas y el narcotráfico. (Vea el especial sobre diálogos de paz).

Pero los costos y los compromisos no serán solo para las Farc. El Gobierno y el resto de los colombianos también tendremos que asumir unos costos y unos compromisos que deberán cumplirse si queremos una paz sostenible en el tiempo. Una forma (no la única) que resulta útil para analizar y socializar el proceso de paz es como un proyecto de inversión a largo plazo, que tiene unos costos de corto plazo, unas inversiones necesarias de mediano plazo y unos retornos de largo plazo.

Vamos por partes. Si en La Habana no se está negociando el modelo económico, los retornos de largo plazo de alcanzar la paz son más o menos ciertos y evidentes: una mayor tasa de crecimiento económico, un modelo de desarrollo económico que sea más equitativo e incluyente, menores niveles de violencia (especialmente en las zonas rurales, pero no necesariamente en las ciudades ni en zonas con presencia de cultivos ilícitos y rutas de narcotráfico) y, especialmente, un país más democrático y en donde se respeten más los derechos humanos.

Por ejemplo, la evidencia académica para el caso colombiano indica que el conflicto le resta entre 1 y 2 puntos porcentuales de crecimiento económico al país. Si somos aún más conservadores en los cálculos y suponemos que la firma de la paz con las Farc aumentaría el crecimiento económico en 0,8 puntos porcentuales por año, el PIB per cápita de la siguiente generación (dentro de aproximadamente 35 años) sería un 32% superior al que tendríamos si el conflicto con las Farc continuara (ver gráfico 'Evolución').

En otras palabras, bajo el escenario conservador, en el año 2048 el PIB per cápita estaría por los lados de los 35.000 dólares por habitante, en vez de 26.500 si el conflicto persistiera y el PIB per cápita continuara creciendo a la misma tasa de los últimos 10 años (ver gráfico 'PIB per cápita'). Estos cálculos solo tienen en cuenta los retornos económicos del fin del conflicto con las Farc, con lo cual, si algo, deberían verse como una cota inferior de los beneficios de largo plazo que tendría el país.

Las inversiones que se necesitarán en el mediano plazo también son claras y cuantificables. Si se quiere una paz sostenible, el país va a tener que adquirir unos compromisos que no deberían verse como unos costos de la paz sino como unas inversiones para la paz (y para muchas cosas más). Creo que casi nadie se opondría a que haya más inversión en zonas rurales y una mayor presencia del Estado que vaya más allá de batallones del ejército y estaciones de policía.

Estas inversiones sociales y económicas en zonas aisladas deberían traducirse rápidamente en más y mejores servicios de salud y educación, en mejoras significativas en la calidad y eficiencia del sistema de procuración de justicia, y en más y mejores carreteras que conecten zonas del país que históricamente han estado aisladas de los principales mercados.

La financiación de las inversiones que se requerirían para lograr una paz sostenible no es el problema; el senador Juan Mario Laserna ha planteado varias alternativas: mayor endeudamiento interno o externo y mayores impuestos a sectores que resultarían ampliamente beneficiados de un proceso de paz exitoso, como el minero-energético. El gran desafío para el Gobierno no estará entonces en conseguir los recursos para financiar las inversiones para la paz, sino en su capacidad de ejecutar los proyectos de inversión para que empiecen rápidamente a rendir sus retornos económicos y sociales. Las élites políticas y económicas del país tienen que entender de una vez por todas que objetivos como reducir la desigualdad y aumentar la inclusión social no solo son rentables para la izquierda o para las clases menos favorecidas.

La evidencia académica es contundente en señalar que países con altos niveles de desigualdad tienen menores tasas de crecimiento económico y de inversión en el largo plazo.

Los costos (muchos de corto plazo) que implica una negociación de paz con las Farc son mucho más inciertos y difíciles de cuantificar. Una de las razones principales es que muchos de estos costos no son económicos, sino jurídicos e institucionales.

Lo que sí es cierto es que la posibilidad de otorgar beneficios jurídicos a miembros de las Farc que han cometido delitos muy graves, o permitir su participación en política, son costos que tarde o temprano el país va a tener que decidir si está dispuesto a pagar o no para firmar la paz con las Farc.

Pero más allá de la dificultad de cuantificar estos costos, lo que a mi juicio le ha restado apoyo ciudadano al proceso de paz en los últimos meses es la creciente incertidumbre acerca de hasta dónde está dispuesto a ceder el Gobierno en esta dimensión jurídica para firmar un acuerdo de paz. Por obvias razones, y con ayuda de algunas declaraciones radicales de algunos de los negociadores de las Farc, los opositores del Gobierno tienden a magnificar estos costos de corto plazo y a minimizar los beneficios de mediano y largo plazo. Si bien es cierto que las dos partes en la mesa han repetido una y otra vez que "nada está pactado hasta que todo esté pactado", eso no quiere decir que el Gobierno no debería hacer una labor pedagógica mucho más activa para explicarle a la ciudadanía que la paz, si bien tiene unos costos jurídicos altos de corto plazo, también tiene unos retornos sociales y económicos muy grandes en el mediano y largo plazo.

Creo que muchos sectores se tranquilizarían si el Gobierno tuviera un rol

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