Dictadura Miliar por Novaro y Palermo

LA DICTADURA MILITAR (1976 – 1983)

DE GOLPE DE ESTADO A LA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA

MARCOS NOVARO / VICENTE PALERMO

VI. La guerra de las Malvinas

1. Un conflicto perfecto

La cuestión Malvinas estaba profundamente enraizada como causa nacional en la sociedad argentina. En suma, la idea de recuperar las Malvinas no era en absoluto artificial ni circunstancial, era un proyecto de larga data, sustentado en motivaciones sinceras del régimen militar, que se descontaba que contaría con un amplio respaldo civil. Hacia fines de 1981, el régimen militar necesitaba imperiosamente logros que permitieran revertir una situación que, si bien no era desesperada, le hacía ya inviable la prosecución de sus objetivos fundacionales, a los que no había renunciado. La ocupación de las islas apareció como una alternativa tentadora pues satisfacía objetivos “nacionales” de largo plazo y era, a la vez, muy prometedora en el corto, ya que proporcionaría un gran capital político: concretaría la unidad nacional y la del propio régimen, permitiendo restablecer su perdida posición dominante con poco esfuerzo. Se utilizaría la fuerza, lo que indiscutiblemente legitimaría a las Fuerzas Armadas al demostrar lo imprescindibles que eran para la nación, pero no habría que combatir, ya que las islas serían tomadas por la fuerza pero para negociar. Galtieri y Anaya se encontraban, ante el conflicto perfecto.

La decisión de otorgar al conflicto una extrema prioridad y disponerse al uso de la fuerza para resolverlo se forja en el seno de la Junta Militar, en el marco de los acuerdos entre Galtieri y Anaya (y secundariamente Lami Dozo) para desplazar a Viola. Pero necesitaban una figura emblemática que encarnara la ideología del territorialismo con un convincente sustento intelectual, y la encontraron en Nicanor Costa Méndez. Abogado, un gran conocer de la propia cuestión Malvinas. Sostenía que las negociaciones con Gran Bretaña no estaban conduciendo a nada, y que los ingleses jamás se avendrían de buena voluntad a negociar seriamente. Es decir, los medios diplomáticos deberían están respaldados por la amenaza, y eventualmente, el uso de la fuerza.

La evolución del conflicto había sido compleja desde 1965, cuando se votó la resolución 2065 en la ONU, reconociendo los derechos argentinos e invitando a las partes a negociar. Pero parecía posible una negociación activa. Gran Bretaña mantenía en verdad una actitud errática.

Pero no es menos cierto que los gobiernos ingleses encontraban crecientes dificultades para acompañar la retórica con el desarrollo económico o la defensa de las islas. El Tesoro no había mostrado el menor interés en el desarrollo de las islas. El Acuerdo de Comunicaciones con la Argentina no había sido cumplido por los británicos. El Informe Shackleton estaba ya polvoriento; los isleños no habían conseguido la nacionalidad británica plena; hasta el British Antarctic Survey estaba por cerrar su estación en las Georgias del Sur por falta de fondos. Si alguna vez una nación estuvo cansada de sus responsabilidades coloniales, fue ésta.

Era mejor dejar las cosas como estaban y hacer lo posible por enfriar el asunto, a la espera de que los argentinos siguieran siendo razonables. Es lo que, en efecto, pretendió hacer Londres. La Argentina, por lo tanto, también podía dejar pasar el tiempo. Gran Bretaña no disponía de una estrategia clara, pero no hacer nada no significa nada, sino una serie de cambios graduales que podría generar con el tiempo un cuadro diferente. Sin embargo, lo inmediato, Gran Bretaña aparecía indiferente ante las pretensiones argentinas y ello resultó fatal porque equivalió a dejar la cuestión, en 1982, en manos del Proceso.

En lo que hace a los Estados Unidos, el hecho de que Galtieri no tuviese la menor idea sobre el funcionamiento de los asuntos internacionales no es el único factor que alimentó sus descomunales ilusiones sobre la relación especial y la alianza anticomunista con aquél país. Si el general se sintió “cortejado y mimado” por los estadounidenses fue porque no faltaron militares y civiles de Washington que lo miraran y cortejaran.

Así las cosas, los argentinos edificaron, sobre la base de la existencia, en parte real y en parte supuesta, de claros intereses mutuos, la expectativa de una neutralidad estadounidense en el caso de que la Argentina ocupara las islas Malvinas. Costa Méndez no hizo el menor esfuerzo por desalentar estas esperanzas; al contrario, las fertilizó con el abono intelectual de su análisis sobre la crisis de Suez. Se llegaba así todavía más lejos: más que una neutralidad, se esperaba que los Estados Unidos frenasen una eventual intención punitiva británica.

Galtieri y Anaya estimaban que la declinación de las capacidades militares británicas, la decadencia del viejo Imperio y la erosión irreversible de una voluntad nacional harían extremadamente improbable el combate. Comoquiera, un intento británico de responder enérgicamente a la acción argentina tropezaría no sólo en Washington sino también en Nueva York; en las Naciones Unidas, dado el encuadre anticolonialista fijado por la Asamblea General en la Resolución 2065, se descontaba que el Tercer Mundo se alinearía con la Argentina. Por tanto, el respaldo a cualquier posición propuesta por los ingleses en el Consejo de Seguridad sería insuficiente. Aun en caso contrario, la Unión Soviética y China, no queriendo ensuciar sus imágenes anticolonialistas, la vetarían. En suma, Gran Bretaña no podría ir más allá de represalias limitadas al campo diplomático y comercial, poco duraderas.

Con estos pronósticos adquirió sentido la decisión de la Junta Militar de recuperar las islas a lo largo de 1982, fuera mediante una intensa presión diplomática, fuera, porque casi seguramente la labor diplomática no daría resultados inmediatos, mediante la fuerza. Desde luego, el empleo de este recurso no supondría un enfrentamiento bélico, sino que la Argentina lo usaría para alterar a su favor el tablero de negociaciones, y su adversario tendría que resignarse a negociar en el nuevo tablero.

En enero de 1982, la Junta aprobó la Directiva de Estrategia Nacional “estrictamente secreta”, que resuelve “analizar la posibilidad de utilizar el poder militar para obtener el objetivo político”. A todos los efectos prácticos, el objetivo de ejercer la soberanía sobre el archipiélago por un medio u otro antes de fin de 1982 equivalía a decidir la toma. Anaya admite expresamente “la decisión adoptada de negociar durante todo 1982 y mientras tanto, formular las previsiones militares y políticas necesarias para poder enfrentar la eventualidad de una acción militar. Ello si hacia fines del año, resultara evidente que el curso diplomático era inconducente”. Costa Méndez conocía perfectamente la compleja situación inglesa, y que el Foreign Office estaba “inmensamente interesado en un arreglo”.

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