Durante el transcurso del siglo xx se produjeron seis golpes de Estado que derrocaron a sendos gobiernos constitucionales.
Enviado por Juuly Riquelme • 13 de Febrero de 2018 • Monografías • 5.203 Palabras (21 Páginas) • 343 Visitas
Introducción [pic 1]
Durante el transcurso del siglo xx se produjeron seis golpes de Estado que derrocaron a sendos gobiernos constitucionales.
El 24 de marzo de 1976 destituyeron al gobierno de Isabel Martínez de Perón. Implicó sectores de la población que esperaban que los militares restablecieran ciertos parámetros de “normalidad” en la vida social.
El golpe de 1976 y la implementación de su programa político autotitulado Proceso de Reorganización Nacional dio lugar a una transformación sustancial de la sociedad, el Estado y la política en la Argentina.
Las fuerzas armadas llevaron adelante un proyecto de refundación de la sociedad argentina. Se valieron de la aplicación de un plan sistemático de represión ilegal y de un programa económico de inspiración neoliberal que atacó la industria local y colocó en el corazón de la economía argentina al sector financiero.
La que tuvo lugar entre 1976 y 1983 fue una dictadura institucional de las fuerzas armadas, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea asumieron la responsabilidad de gobernar de manera conjunta el país. El órgano supremo del Estado quedó entonces constituido en una Junta Militar, compuesta por un representante de cada una de las tres armadas y cuyos actos y normativas reemplazaron las normas de la Constitución Nacional. Entre las amplias atribuciones de la Junta se contaba la elección del presidente de la Nación quien debía ejecutar las políticas diseñadas por ese cuerpo colegiado.
El Parlamento fue clausurado y reemplazado por una Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) compuesto por tres oficiales de cada fuerza.
El Poder Judicial, continuó funcionando, pero vio recortadas sus áreas de injerencia. Muchos de sus miembros avalaron las acciones ilegales del poder dictatorial.
La prohibición de toda actividad política y gremial, la intervención de la CGT, la violación a la autonomía universitaria y la censura de los medios de comunicación y de expresiones artísticas y culturales complementaron la propuesta autoritaria de la última dictadura militar argentina.
El 24 de marzo de 1976, el general Jorge R. Videla, el almirante Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti conformaron la primera Junta militar que, luego de desalojar al gobierno de Isabel Perón, asumió el control del Estado. A los cuatro días de producido el golpe, uno de sus miembros, el general Videla, asumió el cargo de presidente de la República, responsabilidad que ejerció hasta diciembre de 1981.
En el modelo de sociedad que las fuerzas armadas pretendían, no había lugar para el cuestionamiento y el disenso. Este primer cuerpo tripartito puso en marcha una de las acciones más decisivas que las fuerzas castrenses diseñaron para la concreción de un nuevo orden social en la Argentina: la desaparición masiva de personas a través de la represión ilegal, que provocó la desaparición y la muerte de miles de personas en todo el país.
El terrorismo de Estado practicado de forma sistemática (utilización de la violencia ilegal desde el Estado hacia la sociedad) resulto el rasgo más característico y dramático de la última dictadura.
Los “enemigos” del proyecto refundacional del proceso, cubrieron un amplio espectro. Militantes de las organizaciones político-militares, aquellos que lo hacían en otras entidades sociales y políticas no armadas, dirigentes gremiales de las comisiones internas de las fábricas, sacerdotes y monjas, intelectuales, estudiantes, artistas, periodistas, abogados vinculados a la defensa de presos políticos e integrantes de organizaciones de derechos humanos conformada en ese colectivo “subversivo”, de límites amplios y difusos. Cualquier persona que pusiera en acto alguna expresión de protestas social, de pensamiento crítico y/o cuestionara el proceder del poder militar era considerada peligrosa y por lo tanto candidata a ser penalizada por el accionar del terrorismo de Estado,
El operativo Independencia, la política de exterminio fue practicada durante todo el periodo en cuestión, aunque la mayor cantidad de desapariciones se produjeron entre 1976 y 1978, según lo documentado por la CONADEP.
La operación represiva comenzaba con un trabajo de inteligencia que permitía obtener la información necesaria para concretar el secuestro de personas indicadas como “subversivas”. Las detenciones ilegales eran llevadas a cabo por los denominados grupos de tareas o “patotas”, conjunto de 5 o 6 individuos- miembros de las FF.AA y o de las fuerzas de seguridad- que solían movilizarse en autos son patente fuertemente armados, y con la seguridad de contar con el beneficioso de las “zonas liberadas”. Esto significaba que sabían que la policía del lugar donde se produciría el secuestro no intervendría ante el posible llamado de un vecino o de los familiares del detenido. Los apresamientos se realizaban a altas horas de la noche y en los domicilios de las víctimas, aunque también hubo casos de personas detenidas a plena luz del día, en la vía pública o en sus ligares de trabajo.
Las víctimas eran trasladabas a los Centros de detención y tortura. Puntos neurálgicos del sistema represivo, los CCD y T o “chupaderos” no poseían una existencia pública y formal, aunque la mayoría de ellos funcionaban en edificios públicos, sobretodo en dependencias militares y policiales. Existieron alrededor de 340 de estas unidades ilegales distribuidas por todo el país. Entre los más conocidos “La escuela de mecánica de la armada” (ESMA), El club atlético, El Olimpo, El Vesubio, El Campito y el Pozo de Banfield y La Perla.
Apenas producido su ingreso a los CCD y T los detenidos eran llevados a la sala de tortura. Las sesiones de tortura duraban varios días y con ellas los represores no solo buscaban arrancar información a los prisioneros, sino también quebrar su resistencia, destruir su personalidad y aniquilar su dignidad.
Quienes no morían en la tortura, quedaban detenidos en dichos centros, cuya estadía podía durar día, semanas, meses o años. El destino final para la inmensa mayoría de los secuestradores fue su ejecución. La mayoría de los cadáveres de las víctimas fueron enterrados en fosas comunes de los cementerios como personas desconocidas, incineradas o dinamitados. Otro modo de borrar todo registro de los detenidos fue arrojarlos adormecidos al mar (Plan Cóndor). La FF.AA se aseguraron de que no hubiera muertos sino desaparecidos.
La apropiación de los hijos e hijas de los desaparecidos y de los bebés nacidos en cautiverio resultó ser una acción debidamente planificada por las FF.AA.
La mayoría de los niños que nacieron en cautiverio y aquellos que fueron secuestrados junto a sus progenitores y los sobrevivientes fueron entregados a parejas de militares, de policías y o vinculadas con las fuerzas represivas a través de adopciones ilegales. Fueron vendidos o abandonados como seres sin nombres en institutos, violando, incluso, su derecho a la identidad.
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