El Juicio A Las Juntas O El "Nüremberg Argentino"

Raúl Alfonsín - Juicio a las Juntas

A cinco días de asumir sancionó dos decretos, uno para enjuiciar a los dirigentes de ERP y Montoneros, y otro para hacer lo mismo con los integrantes de los gobiernos militares que se sucedieron desde el 24 de marzo de 1976. Una frase pasó a ser parte del pensamiento político argentino: “Nunca más”.

Con el impulso del entonces presidente Raúl Alfonsín, se desarrolló el Juicio a las Juntas, proceso que sentó las bases para el castigo a los delitos de lesa humanidad en el país durante la dictadura.

El camino hacia el juicio comenzó el 15 de diciembre de 1983, cuando Alfonsín sancionó dos decretos, uno para enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones ERP y Montoneros, y otro para hacer lo mismo con los integrantes de las tres juntas militares que se sucedieron desde el golpe del 24 de marzo de 1976, previa anulación de la "autoadmistía" de las Fuerzas Armadas.

Ese mismo día, a menos de una semana de asumir el poder, el entonces presidente argentino creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), con el objetivo de juntar pruebas y testimonios que avalaran esos juicios.

En septiembre de 1984, la CONADEP culminó el informe denominado "Nunca Más", documento que presentó ante Alfonsín en la Casa Rosada en medio de una manifestación de apoyo que convocó a más de 70 mil personas.

Al mes siguiente, la Cámara Federal desplazó al tribunal militar que enjuiciaría a los militares y se hizo cargo del proceso, donde los fiscales fueron Julio César Strassera y

Luis Moreno Ocampo.

Finalmente, el proceso, único en Latinoamérica, ya que las dictaduras de los países vecinos no fueron juzgadas, se inició en 1985, cuando se sentó en el banquillo de los acusados a los tenientes generales Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri; al brigadier general, Orlando Ramón Agosti; y a los almirantes Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini.

Con el respaldo de Alfonsín, entre el 22 de abril y el 14 de agosto, se analizaron 281 casos y el 9 de diciembre de ese año fueron condenados Videla y Massera a prisión perpetua; Viola a 17 años de prisión; Lambruschini a 8 años; y a Agosti a 4 años de cárcel.

En esa época, y con mayor intensidad con el correr de los años, algunos sectores afirmaron que las condenas habían sido muy leves, teniendo en cuenta también que muchos de los acusados de menor rango había sido absueltos.

Veinte años después del proceso, Alfonsín defendió en una entrevista el juicio a las juntas y, aunque reconoció que las penas no fueron elevadas, resaltó que a partir de allí se abrió "el camino para un castigo ejemplar y se trató de una señal hacia el futuro".

"Motivado por un imperativo ético impostergable, nuestro gobierno abrió por primera vez los cauces jurídicos para que las aberrantes violaciones a los derechos humanos cometidas tanto por el terrorismo subversivo como por el terrorismo de Estado fueran investigadas y juzgadas por una Justicia independiente", evaluó Alfonsín.

Relató: "Nuestro principal objetivo era alcanzar un castigo ejemplificador de forma tal de prevenir la reiteración de hechos similares en el futuro mediante la internalización en la conciencia colectiva de la idea según la cual no había ningún grupo, por poderoso que fuera, que estuviera por encima de la ley y que pudiera sacrificar al ser humano en función de logros supuestamente valiosos".

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