El papel de los acuerdos de paz de Chapultepec firmados en 1992 en la transición hacia una democracia.

 El papel de los acuerdos de paz de Chapultepec firmados en 1992 en la transición hacia una democracia

Jacqueline Carranza Quesada

“…Tras las negociaciones de paz, se ha planteado que en El Salvador se están desarrollando simultáneamente tres transiciones: de la guerra a la paz, del militarismo a la desmilitarización y del autoritarismo a la democracia. El hecho de que estas tres transiciones ocurran al mismo tiempo plantea un problema analítico, pues el abuso del término "transición" en la jerga académica y política ha llevado a que el mismo pierda precisión en términos del fenómeno político que se pretende explicar. Hay un problema conceptual, pues no se logra definir cuál es el fenómeno central de la transición política…” (Córdoba, 1994:63).

2.1. Los acuerdos de paz de Chapultepec, “una perspectiva general”.

Después de doce años de guerra civil en El Salvador, en 1992 se constituye un hito en la historia salvadoreña, ya que después de un proceso de negociación entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno; se logró llegar a lo que hoy se le denomina como los Acuerdos de Paz de El Salvador.  Cabe señalar que según  “…los acuerdos de paz: son el conjunto de acuerdos a los que llegó el FMLN y el Gobierno de El Salvador. Este conjunto de acuerdos son los que sirvieron de base para que el FMLN y el gobierno terminaran con la guerra y dieran inicio la paz, por esta razón a esos acuerdos se les llama “Acuerdos de Paz”, los cuales fueron firmados en un solemne acto el 16 de enero de 1992, en el Castillo de Chapultepec, México…” (Martínez Peñate, 1997: 16).

Se utiliza el año de 1983 como punto de partida para analizar la reforma del Estado salvadoreño, en este preciso año se formó la Asamblea constituyente, los planteamientos de la nueva Constitución aprobada ese año fueron muy importantes para sentar las bases de los acuerdos obtenidos posteriormente, y ésta misma Constitución Política se mantiene vigente como punto de referencia para el establecimiento del Estado de Derecho en El Salvador. “…La Constitución de 1983 estableció o elevó a preceptos constitucionales, al menos cuatro principios de suma importancia, que enmarcaron las características del proceso de liberalización política y democratización posterior, y sentaron bases para un sistema democrático que sin ser completamente inclusivo, resultó menos excluyente que lo previo…” (López & otros, 2015: 9). Con esta declaración, se promulgó que:

 “…el voto sería libre, directo, igualitario y secreto (Art. 78), es decir que el ciudadano estaría en facultad de votar o no (el sufragio no era obligatorio), pero en caso de hacerlo podría optar por el candidato de su preferencia. Por otro lado también se buscaba El establecimiento del sistema de representación proporcional en la Asamblea Legislativa (Art. 79), de acuerdo a las circunscripciones electorales establecidas según la división geográfica del territorio de la República. El establecimiento de una segunda ronda electoral en las elecciones presidenciales, cuando ninguno de los contendientes hubiera obtenido mayoría de votos (Art. 80), lo que estableció el principio de no sustitución de la soberanía popular…” (López & otros, 2015: 9).

En ésta declaración se emitió que el sistema político debería de ser pluralista y que todos los partidos políticos serían los instrumentos exclusivos para representar la voluntad popular en el Gobierno. Todo ello se sujeta a los principios de la democracia representativa donde la existencia de un solo partido oficial es incompatible con el sistema y con la forma de gobierno establecidos dentro de la Constitución Política de 1983. “…La negociación fue posible debido a equilibrio militar de carácter estratégico existente, en el que ninguno de los dos bandos tenía la capacidad de infringir una derrota militar a su contrario. Desde el punto de vista político, esto se expresó como una crisis de hegemonía en la que los principales actores tenían capacidad de veto o habían sido efectivos en neutralizar las iniciativas de otros, pero carecían del suficiente poder para imponerse o imponer su proyecto sobre el resto de los actores políticos. Debido principalmente a la imposibilidad de una victoria militar por ninguna de las dos partes, es que el eje fundamental del conflicto de poder se traslada al escenario político…” (López & otros, 2015: 25).  

Se destacan dos etapas en el proceso de negociación de los Acuerdos de Paz de El Salvador. La primera de ellas se denomina la de “Diálogo sin Negociación”, desde 1984 hasta la ofensiva de noviembre de 1989, en la cual se efectuaron sesiones de diálogo entre las cúpulas de las fuerzas contendientes, aquí se destaca el hecho de que no existía una agenda de negociación. La segunda etapa de ésta negociación, que va desde 1989, luego de la ofensiva de noviembre de ese año y hasta 1992, año en que se lograron firmar los Acuerdos de Paz. Este período de tres años está caracterizado por una agenda determinada con temas y plazos bien definidos,  incluido el establecimiento de mediadores y de consultas. Es este el proceso del cual se derivaron los Acuerdos de Paz de El Salvador en 1992.

Según recogen los diferentes autores, en esta primera etapa de negociación de los acuerdos; se realizaron al menos 6 sesiones dentro y fuera de El Salvador. En El Salvador, en 1984 las reuniones fueron en La Palma y Ayagualo (15 de octubre y 30 de noviembre, respectivamente); para 1987 en Sesori – sin representantes del FMLN – y en San Salvador, en la sede de la Nunciatura (19 de septiembre y 4-5 de octubre). En 1989 en México y San José, Costa Rica (13-15 de septiembre y 16-18 de octubre.

“…Estas reuniones tenían como rasgo común que eran eventos públicos y se celebraban manifestaciones populares en las afueras de los locales, de gente interesada en conocer de primera mano el proceso. Sin embargo, en ellos se plantearon básicamente temas generales, argumentos ideológicos y consideraciones jurídicas maximalistas por cada una de las partes. El FMLN demandaba la creación de un gobierno provisional de amplia participación en el cual el mismo Frente estaría integrado. El gobierno y los militares demandaban que la guerrilla depusiera las armas inmediatamente y acatara el ordenamiento jurídico vigente. Ambas posturas eran irreconciliables y, aunque el llamado a las reuniones implicaba un cambio cualitativo en la conducción de la guerra por ambas partes, no fue posible alcanzar acuerdo alguno. En realidad, en esta fase no hubo una negociación propiamente dicha. “Dicho de otra manera, el debate giraba en torno a si el sistema político era democrático o estaba en proceso de transición hacia una forma más democrática de gobierno; o si el régimen era esencialmente autoritario, cubierto con una fachada democrática debido a la realización de procesos electorales. El cambio radical se dio con la ofensiva militar emprendida por el FMLN en 1989, a partir de la cual se constató el delicado equilibrio de fuerzas que era en efecto difícil de superar por la vía militar, razón por la cual era imprescindible lograr una salida negociada…” (López & otros, 2015: 11).  

La agenda de las negociaciones en todas sus fases fue determinada por las distintas partes contendientes. Se notaba a grandes rasgos que dentro de los temas centrales que se trataron, estaba el que tenía el proceso en el cese del enfrentamiento armado y en la inclusión del FMLN a la vida política legal como un partido político legítimo, compitiendo con los demás partidos políticos en elecciones libres y con posibilidades reales de alcanzar cuotas de poder dentro del Estado en todos los niveles (alcaldías, Asamblea Legislativa, Presidencia de la República).

“…A medida que se fue avanzando en la negociación de los acuerdos, se pudo ver el conjunto de temas que constituirían la agenda de trabajo y que quedó plasmada en los “Acuerdos de Caracas”; dicha agenda terminaría convirtiéndose en la base para los acuerdos definitivos. Como bien lo dijo Álvaro De Soto, el mediador designado de las Naciones Unidas en el proceso (2012), esta agenda terminó reflejando “la problemática salvadoreña en toda su amplitud” agrupada de la siguiente manera: fuerza armada, derechos humanos, sistema judicial, sistema electoral, tema económico y social, y reformas constitucionales. La agenda fue establecida por las partes contendientes y afinada gracias a la mediación de Naciones Unidas quien marcó el orden del proceso…” (López & otros, 2015: 13).  

El plan consistió en que una vez creadas todas las condiciones, pudieran emprenderse reformas de orden constitucional, legislativas e institucionales, propiciando los verdaderos espacios para ver con claridad una mejor forma de restablecer y consolidar la democracia en El Salvador, garantizando las libertades y el respeto a los derechos humanos de toda la población en general.

“…En este sentido, el caso salvadoreño resulta interesante en contraste con otros conflictos latinoamericanos en la medida que, a pesar de que los grupos contendientes no lograron derrocar al gobierno (como habría sucedido previamente en Nicaragua y Cuba, por ejemplo), tampoco fueron derrotados militarmente, logrando en últimas insertarse exitosamente en el juego democrático con posibilidades reales de acceso al poder. De hecho este partido, luego de haber ganado alcaldías y diputaciones en la Asamblea Legislativa durante varios años, ha alcanzado hasta la fecha dos períodos presidenciales. Para que esto sucediera, tanto la negociación y la búsqueda de arreglos políticos debieron estar enfocados en establecer las garantías plenas para el cumplimiento de los acuerdos y el respeto a los derechos civiles y políticos de los antiguos contendientes. Los cambios no fueron menores y representaron una reestructuración completa del Estado y un proceso de aprendizaje para todos los implicados. (López & otros, 2015: 13).  

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