Gobierno De Juan Velasco Alvarado

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

El 3 de octubre de 1968, un golpe militar, al mando del general Juan Velasco, puso fin al gobierno de Fernando Belaunde. Se instauró una junta Militar que luego se denominó Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. La Junta dejó de lado la Constitución y gobernó dictatorialmente bajo el Estatuto de las Fuerzas Armadas. No hubo Congreso y el Consejo Nacional de justicia reemplazó a la Corte Suprema.

El Gobierno Revolucionario aplicó una serie de reformas que generaron un importante cambio del perfil social y económico del país. La Reforma Agraria transformó radicalmente la propiedad agraria con el propósito de redistribuir la propiedad y los ingresos, y estimular la integración de los sectores económicos destinados a la consolidación del autodesarrollo del mercado interno. En la práctica, las reformas no lograron satisfacer los requerimientos de la inmensa mayoría popular. La situación económica empeoró, generándose una crisis social y política.

En estas circunstancias el 29 de agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez, derrocó al general Velasco. En 1980, ante la grave crisis económica y en medio de grandes movilizaciones, el gobierno convocó a elecciones para entregar el poder a la civilidad.

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

CAUSAS DEL GOLPE MILITAR:

Los factores que llevaron al golpe de Estado de 1968 son complejos. Por un lado, el cambio de mentalidad de los militares, los cuales asumie¬ron como necesario alentar la modernización de la economía a través de una política nacio¬nalista que impulsara la industria y el mercado interno, priorizando la atención de las necesi¬dades sociales para asegurar el desarrollo y la seguridad nacional. Convencidos de que los ci¬viles no habían sido capaces de llevar adelan¬te tal proceso, determinaron que las propias Fuerzas Armadas debían hacerlo.

Por otro lado, se menciona el deterioro de la si¬tuación política del último tramo del gobierno de Belaunde, asediado por una aguda crisis eco¬nómica y por el fracaso de la mayoría de sus propuestas de gobierno. Tal situación había lle¬vado a continuas movilizaciones populares con¬tra el gobierno en medio de una coyuntura pre-electoral. A todo ello se sumó la toma de tierras por campesinos en la sierra. Finalmente, la fir¬ma del Acta de Talara y un nuevo contrato con la empresa norteamericana International Petro¬leum Company (IPC), dieron pie para el cuestionamiento y el escándalo de la página 11.

El 4 de octubre de 1968, el gobierno militar de¬claró la nulidad del contrato celebrado con la IPC, el Acta de Talara y todos los actos adminis¬trativos vinculados a estos. El 9 de octubre, bautizado luego como Día de la Dignidad Nacional, se anunció la expropiación de los bienes de la IPC y la ocupación militar de sus yacimientos y de la refinería de Talara.

EL MANIFIESTO REVOLUCIONARIO:

Al asumir el gobierno, la Fuerza Armada publicó un manifiesto revolucionario en el que dio a conocer la necesidad de transformar la estruc tura del Estado, a fin de conseguir la emancipación definitiva de nuestra patria. Esto permitiría una eficiente acción de gobierno; transformar las estructuras sociales, económicas y culturales; mantener una definida actitud nacionalista, una clara posición independiente y la defensa firme de la soberanía y dignidad nacional; restablecer plenamente el principio de autoridad, el respeto y la observación de la ley el predominio de la justicia y de la moralidad en todos los campos de la actividad nacional.

Sin embargo, detrás de la insurgencia militar se hallaba un grupo de oficiales del Ejército con un vago proyecto denominado PLAN INCA, que iría tomando forma conforme las circunstancias se fueran desarrollando.

Este proyecto, al igual que la nueva mentalidad militar, se había ido gestando en las aulas del CAEM (Centro de Altos Estudios Militares), en la interrelación entre los jefes militares que allí se formaban y un grupo de intelectuales civiles, sus maestros, salidos de las canteras de la centro izquierda política.

UNA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA

El gobierno revolucionario abordó el problema de la tierra y llevó a cabo una de las reformas con mayores repercusiones sociales y económi¬cas en el Perú, la Reforma Agraria. Esta se ini¬ció el 24 de junio de 1969, fecha en que se con¬memoraba el Día del Indio, y que se rebautizó como Día del Campesino.

Con la promulgación de la ley de Reforma Agra¬ria se determinó la expropiación de todas las haciendas o latifundios de costa y sierra. Los límites de aquellas propiedades que no esta¬ban afectas de expropiación se fijaron en 50 hectáreas para tierras de riego y 150 de seca¬no, afectándose la mediana y gran propiedad. Incluyó la maquinaria, el ganado y las instala-ciones industriales. Se estableció que los pro¬pietarios serían indemnizados mediante el pa¬go de una pequeña suma en efectivo y el resto en bonos, los cuales el gobierno esperaba que se invirtieran en el sector industrial. Paralela¬mente se procedió con la toma de los comple¬jos azucareros de la costa norte, lo que signifi¬có un ataque directo contra los intereses agra¬rios más poderosos y productivos del país. A partir de allí, la reforma se extendió rápidamen¬te a otras zonas. En 1975, prácticamente todos los grandes fundos particulares habían sido afec¬tados. Hasta 1979 fueron expropiadas 9,1 mi¬llones de hectáreas de los treinta millones de tierra cultivada del país. El número de fundos afectados fue de dieciséis mil.

LA TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA:

Para prevenir un grave desequilibrio en la pro¬ducción por la parcelación y división de las gran¬des haciendas, el gobierno optó por mantener¬las unidas bajo un régimen de propiedad y ges¬tión de tipo asociativo. De ese modo, las ha¬ciendas productivas y altamente tecnificadas de la costa fueron entregadas a los antiguos tra¬bajadores, quienes se organizaron en las Coo¬perativas Agrarias de Propiedad Social (CAPS). Las antiguas haciendas serranas fueron conver¬tidas en Sociedades Agrarias de Interés Social (SAIS) y entregadas a sus trabajadores o a las comunidades campesinas.

LA MOVILIZACIÓN CAMPESINA:

Para lograr el respaldo campesino a su política agraria, se creó la Confederación Nacional Agra-ria (CNA), que entró en oposición con la tradi¬cional Confederación Campesina del Perú, li-derada por movimientos de la izquierda radi¬cal. La CNA organizó grandes levantamientos con el objetivo de adelantar el traspaso de las propiedades en proceso de expropiación y de tomar las tierras no afectadas por la reforma. Muy pronto se politizó y salió del control del gobierno, por lo que fue anulada durante la Se¬gunda fase. Por otro lado, la Sociedad Nacio¬nal Agraria (SNA), que reunía a los propietarios de tierras, fue intervenida en mayo de 1972 y sus locales pasaron a ser sedes de las ligas agra¬rias adictas al gobierno.

EL ESTADO REVOLUCIONARIO INTERVENCIONISTA

Hacia 1968, la economía peruana estaba orga¬nizada en torno a la producción para exporta¬ción de algunas materias primas (petróleo, co¬bre, azúcar, harina de pescado). La base indus¬trial era débil, se dependía de las importaciones para satisfacer en parte las necesidades de la población y de la industria. Una meta expuesta por el Gobierno Revolucionario era po¬ner fin al subdesarrollo a través de la supera¬ción de este modelo capitalista dependiente que, afirmaba, había sido el causante de la cri¬sis permanente y del desequilibrio socioeconómico nacional. El Estado debía jugar un papel central en el proceso de transformación de las estructuras de la dependencia, liderando y par¬ticipando activamente en la planificación y promoción del desarrollo.

UN ESTADO PRODUCTOR Y GERENTE:

El gobierno procedió al masivo traspaso de la Propiedad de los recursos productivos considerados estratégicos hacia el Estado a través de las llamadas estatizaciones o nacionalizaciones.

El primer sector comprendido fue el energéti¬co, con la expropiación de los bienes de la IPC. Luego siguió el sector minero. El Estado nacionalizó los yacimientos de Cerro Verde, Michiquillay y Quellaveco y las minas explotadas por la Cerro de Pasco Copper Co. y la Marcona Mining Corp. Para la administración y desarrollo de estos recursos se crearon empresas estatales como CENTROMIN PERÚ y HIERROPERÚ.

En 1971, la Ley de Pesquería estableció el control estatal sobre la comercialización de las exportaciones pesqueras, y dispuso la eliminación progresiva del capital extranjero del sector. Tras el colapso de la industria por exceso en la explotación del recurso, todo el sector pasó a ser administrado por la empresa PESCAPERÚ.

Las empresas de servicios también fueron estatizadas: la Compañía de Teléfonos, los servicios de agua y luz, parte de la Banca (Banco Conti¬nental, Banco Popular) y las aerolíneas.

LA POLÍTICA INDUSTRIAL: ARMONIZAR CAPITAL Y TRABAJO

En julio de 1970, el gobierno promulgó la Ley de Industrias, declarando de interés nacional el desarrollo industrial permanente y auto-sostenido. Para proteger a la industria nacio¬nal aumentó los impuestos a los productos importados e impulsó el mecanismo del CERTEX (Certificado de Exportaciones), que favorecía la

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