Historia Pdvsa

La causa fundamental del conflicto entre gerentes y ejecutivos de PDVSA con el gobierno de Chávez, expresado por una parte al golpe de Estado de abril de 2002 y por otra en el sabotaje petrolero de diciembre de ese año y enero de 2003, fue la reforma petrolera puesta en marcha por el gobierno. Esta nueva política busca corregir la PDVSA que había logrado convertirse prácticamente en un Estado dentro del Estado, y que había escamoteado al pueblo venezolano, utilizando su enorme capacidad y potencial económico, el rendimiento de su riqueza nacional; la vieja PDVSA, corporación estatal, funcionaba en la práctica como una empresa privada, dirigida por una "meritocracia", término con el cual se conoce a la élite económicamente privilegiada y desconectada de los intereses verdaderamente nacionales que dirigía la Corporación. La vieja PDVSA tenía niveles tan altos de autonomía respecto al Estado venezolano, que era capaz de definir el rumbo de la política petrolera venezolana y emprendía iniciativas propias en las que se priorizaban los intereses de la empresa y se relegaba a segundos niveles los intereses del resto de la sociedad.

También desde los inicios mismos de la industria nacionalizada en 1975 comenzaron las presiones para disminuir la contribución fiscal de la empresa, y este renglón se convirtió en una verdadera "caja negra".

Bajo el argumento de la necesidad cierta de recuperar niveles satisfactorios de reservas probadas, muy menguadas al momento de la nacionalización, se permitió que PDVSA no pagara dividendos a su único accionista (el Estado) por años. Solo la aguda crisis económica de 1994, causada por la más severa crisis financiera del país en toda su historia, forzó al gobierno de ese momento a reclamar por primera vez el pago de esos dividendos.

Diversos mecanismos diseñados y perfeccionados durante el período concesionario para garantizar una adecuada participación del fisco en los ingresos del negocio petrolero fueron desmantelándose. La regalía, por ejemplo, establecida en un sexto como mínimo en la Ley de 1943, pasó a ser un máximo y en algunas asociaciones de la Apertura llegó a fijarse en 1%. Los Valores Fiscales de Exportación, que servían como instrumento de tributación indirecta en momentos de ganancias excesivas por los elevados precios del petróleo en el mercado internacional, fueron, por presión de la corporación, eliminados. Cuantiosas inversiones en el exterior, con muy escaso control por parte del Ejecutivo y con dividendos inexistentes, elevaron los costos en demasía, reduciendo de esta manera el aporte tributario. Todo ello redundó en una significativa merma de la participación fiscal en el negocio petrolero venezolano.

Durante la Apertura, y contrariando toda la experiencia previa, en Venezuela se avanzó hacia un régimen fiscal más liberal donde el concepto de propiedad nacional y soberana del recurso tendió a debilitarse y con ello el derecho del Estado a reclamar parte importante de la renta como justa compensación y derecho natural al ser el accionista principal. Los regímenes fiscales liberales, como el aplicado en este caso, tienden a disminuir la importancia del Estado como propietario y a considerar el recurso natural como libre, sobre el que no hay, o se procura minimizarlos, derechos de compensación por su explotación.

Aunque no siempre de manera abierta, la reforma petrolera en marcha ha ocupado un lugar central de la aguda confrontación política reciente. El golpe de Estado de abril de 2002, con el derrocamiento del gobierno por 48 horas, y el paro petrolero de diciembre 2002 y enero 2003, lo mostró con palmaria nitidez. El gobierno de facto de abril de 2002 no llegó a nombrar su gabinete completo, pero sí fue designado un nuevo presidente de PDVSA, el general Guaicaipuro Lameda, quien había sido removido del mismo cargo en febrero, por oponerse a la Ley de Hidrocarburos

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