La Corrupcion En Mexico

La corrupción en México

Cuando se habla de corrupción se habla de ilegalidad. Y es precisamente que se denomina informal al sector de la economía que se caracteriza por el desarrollo de actividades ilegales. Esto no se traduce a un problema de carácter fiscal -donde tiene implicación significativa- sino de institucionalidad.

Al hablar de economía subterránea hacemos referencia a actividades tales como el ambulantaje, la piratería, el contrabando, el narcotráfico, la evasión de impuestos, prostitución, aborto, y otras tantas actividades que por su carga punitiva se hacen de forma clandestina y aprecian de forma gravosa.

Lo más preocupante de este problema es que el desarrollo económico del país, como en casi todo el continente de habla hispana, el sector informal cada día va generando oportunidades económicas que salen del marco del derecho y que figuran como ilegales.

En 1990 el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) afirmo que la llamada economía subterránea en México generó el 44% del ingreso nacional. Ahora en el 2000 el mismo organismo estima que su participación ha crecido a aproximadamente el 50%. A tabla raza implica que para los mexicanos la mitad de nuestros ingresos provienen de una actividad ilegal.

Para el caso de América Latina la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea que el empleo en el sector informal aumentó de 1990 a 1995 de 51.6% a 56%. Por lo que es posible que en el 2000 se esté hablando de un empleo aproximado a un 60%.

Más preocupante aún es el hecho de que este sector es más prominente, rentable y eficiente que el formal. Por decir, como un ejemplo de caso, el comercio establecido tiene una estrategia de distribución que es significativamente más onerosa que la de un ambulante. Mientras el establecido comercio formal gasta en renta del local, sueldos de empleados, seguro social y otras prestaciones, gastos de administración, paga impuestos, por citar los gastos más relevantes y comunes, el comercio ambulante informal no incurre en elllos por lo que sus precios son significativamente más bajos y competitivos que los que presenta el comercio establecido. En pocas palabras es más eficiente. A su vez el comercio ambulante es más prominente porque se accede de forma más fácil a él por la movilidad que presenta, aparte de tender a ser itinerante a través de tianguis y otras plazas. La mayoría de actividades de la economía subterránea por ser ilegales y por tener una carga punitiva se vuelven más rentables, digamos como ejemplo: el narcotráfico.

Si observamos, es precisamente su carácter de ilegalidad lo que las hace en su mayoría más rentables. Obviamente la solución viable para controlar estas actividades que escapan del control de las autoridades es legalizarlas. Pero no es tan simple. La cuestión está en que en México las instituciones se rigen bajo un marco de derecho normativo; esto es, que procura legalizar solo aquello donde se garantice la justicia. Así la legalidad y la justicia son un binomio que se expresa como una auténtica identidad. Sin embargo, el desarrollo capitalista explora nuevas actividades que en muchos casos por su carácter se enfrentan a las instituciones prevalecientes, y con tiempo llegan a ser tan prominentes que logran una beligerancia política que incluso llega a cuestionar la legitimidad de las propias instituciones, o como caso extremo las aniquilan. Por caso a citar se tiene la desaparición del ejido como tal, el cual se venía enajenando y fraccionando de forma ilegal ante el inminente desarrollo urbano y periurbano, al grado que trastocó en lo sustantivo al ordenamiento territorial. Es por ello que el ejido como figura jurisprudencial desapareció pasando a ser pequeña propiedad, nueva institución que es clave para la "modernización" del campo.

Dado lo anterior, lo primero que inferimos es que la proliferación de actividades ilegales y el crecimiento desmesurado del sector informal (esto es, la corrupción) se explica por efecto inminente del cambio de estructura económica y grado de desarrollo capitalista que cuestiona precisamente la legitimidad de las instituciones del país. La obsolescencia que estas presentan se explica por partir de juicios de valor ante los parámetros de la justicia con fuerte atavismo a la moral (justicia) feudal o incluso de un orden más antiguo (por caso el derecho romano que se funda en una sociedad esclavista) que cuestiona la validez de nuestras leyes ante el asenso del capitalismo.

El desarrollo capitalista engendra nuevas mentalidades y con ello cambia la moral que establece los juicios y criterios de valor (parámetros) de la justicia. A manera de ejemplificar lo anterior, así pasó durante el siglo XVII con el surgimiento del capitalismo comercial que se sostenía y reproducía a través de la usura. Las instituciones morales de aquel entonces representadas por la Iglesia Católica no admitía como justo el lucro y lo calificaban como pecado. (No obstante esta Iglesia lucraba prestando recursos financieros a reyes y otros señores feudales para supuestas obras pías, donde iba desde luego implicado su respectivo interés). Mientras el capitalismo paulatinamente se volvía prominente ante el anterior orden feudal, al parejo la moral católica presentaba cada vez más su obsolescencia ante el nuevo orden estructural; hubo que cambiar las instituciones: nace con ello el luteranismo y el calvinismo que más que inconformarse por la supuesta virginidad de María, la verdad es que ofrecían una nueva moral iconoclasta que legitimaba la usura, base detonante de la acumulación capitalista. Así la moral cambió de tal forma que incluso hoy día existen diferentes científicos sociales que afirman que la discrepancia en el grado de desarrollo que existe entre las naciones cristianas en mucho se explica por ser las protestantes las más avanzadas y las católicas las atrasadas. Rescatando la propuesta neoinstitucionalista de Douglas Cecil North, la base del éxito o la razón del fracaso de un esquema económico nacional se explica en relación a su orden institucional, de que tan eficaces o inoperante son sus leyes en relación al tipo de relaciones sociales de producción que caracteriza la formación social que define la estructura económica que en su momento se implementa.

La dinámica actual de desarrollo económico cuestiona la operacionalidad del derecho normativo puesto que comienzan a tomar prominencia actividades que por ahora son ilegales por su carga moral (justicia) que llevan implicadas. Resulta entonces que mientras las instituciones se mantengan atávicas a la justicia el capitalismo se limita a las esferas que el Derecho le permite como legales (por considerárseles apegadas a la justicia). Sin embargo el prohibir no erradica una práctica, a veces hasta la fomenta pues por su riesgo punitivo la hace más rentable y atractiva. Ante la creciente inoperancia de las instituciones actuales en una realidad capitalista pragmática, se cuestionan los contenidos de las leyes del país, la corrupción se presenta ante la cada día mayor obsolescencia de las instituciones.

Así, la crisis económica de México no es una causa sino un efecto, la realidad es que en el país se vive una crisis de conducción, donde las instituciones ya no controlan la mitad de la economía reaa mexicana y que cada día siguen perdiendo las riendas de la economía nacional. La obsolescencia de las instituciones se traslada a una crisis de administración pública.

La crisis de México no es económica sino de conducción. De administración pública y esto se explica por la obsolescencia de las instituciones ante el nuevo contexto económico lo que da pié a la corrupción.

En el orden económico lo que esta en crisis es el sector formal de la economía ante la prominencia del informal.

Ante este problema no se trata de prohibir -porque va contra el propio desarrollo capitalista-, sino de legalizar. Implica un nuevo orden institucional que conlleve a su vez un nuevo orden institucional; es decir, un nuevo orden moral ante los parámetros de la justicia y la legalidad.

Para combatir la corrupción se requiere un cambio de instituciones, de transitar de un derecho normativo a uno positivo (hay quien le llama derecho económico). Pero la implicancia es sustantiva pues implica separar el binomio de legalidad y justicia y que cada día la legalidad se distancie más de la justicia. Implica legalizar el narcotráfico, el contrabando, la piratería, la prostitución, el ambulantaje, el aborto, y otras tantas cuestiones que llevan una fuerte carga moral (no se olvide que la moral es otra institución y que su origen es feudal o incluso esclavista).

El primer atavismo que se afronta ante la paulatina pérdida de legitimidad de las instituciones es la moral, que otorga la razón y legitimidad social a la justicia. Es por ello que cada día oímos hablar más de la ética pragmática que de la moral (dogmática), lo que significa que a cada quien sus reglas según sus conveniencias, y no tanto el interés que prevé el bienestar de todos (moral). Donde se traslada la responsabilidad de la conciencia de un contexto social a uno individual; la ética que es una categoría individual por la moral de fuerte carga comunitaria.

Pero la corrupción tiene un doble sentido, digamos hablemos de piratería. Por decir, se prohibe (o la menos de forma aparente). Pero la otra cara es que mientras se combate la piratería (instancia popular) no se combate (interviene) el monopolio de dos o tres disqueras que inundan el mercado y que vende a precios realmente inflacionarios. Si Ud.

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