Legislación petrolera

1. Legislación petrolera

Los sistemas jurídicos que han regido para determinar la propiedad de las minas e hidrocarburos en Venezuela son:

* El Derecho de Accesión, de la Ley Civil que considera el propietario del suelo como propietario de todo lo que estuviera encima o debajo de este.

* El Llamado Regalista o Dominal, las mismas pertenecen al Estado en cuyo territorio se encuentran.

Algunos autores, entre ellos Rufino González Miranda; consideran que el Sistema Regalista es “aquel en el cual, perteneciendo las minas al Estado, éste está obligado a concederlas perpetuas o temporalmente a las personas que reúnan las condiciones especialmente establecidas por la Ley”.

* El Sistema Dominal, es “aquel en el cual, perteneciendo las minas al Estado, éste procede, con respecto a ellas, como un verdadero propietario, ya explotándolas por sí mismo, o por medio de terceros de su libre elección, a quienes confiere el derecho de explotación en un contrato libremente convenido entre el Estado y dicho tercero”

En el caso Venezolano, el sistema que rige la propiedad de los hidrocarburos está representado por el Estado, quien es el propietario del subsuelo. Se fundamenta en el criterio que le atribuye la propiedad al Estado y considera a los hidrocarburos, como cosas distintas del subsuelo y sobre los cuales, por consiguiente, puede constituirse una propiedad distinta de la del suelo.

Históricamente, el sistema rentista considera al Estado como propietario de los hidrocarburos; este es el caso de las antiguas leyes españolas quien atribuía la propiedad de las minas a la real corona. En tal sentido, encontramos varios momentos los cuales comportan normativas reguladoras de la tenencia de las minas.

Así, por ejemplo, inicialmente (1128-1784) podría decirse que existía un sistema mixto. E él, solamente las minas metálicas pertenecían a la corona y las no metálicas, dentro de la cuales se cuentan los hidrocarburos, no habían sido reservadas a la corona, por tanto, pertenecían al propietario del suelo.

Posteriormente encontramos leyes regulatorias como las siguientes:

1) El Viejo de Castilla del año 1128 establecía que todas las minas metálicas eran propiedad de la corona, siempre que estuviesen en terrenos de su propiedad.

2) El ordenamiento de Alcalá de 1384, establecía la propiedad de la corona sobre las minas metálicas, las fuertes, pila y pozos, además incorporó la figura de licencia especial para su explotación por un tercero.

3) La Recopilación de Indias, de 1660, contiene una serie de órdenes y cédulas que se fundamentan en los aspectos de implantación del régimen de la Metrópoli hacia las colonias en los aspectos procedimentales y su aplicación por parte de los funcionarios de la corona.

2. Reforma petrolera de 1943

Esta reforma fue un instrumento para unificar legal y jurídicamente a todas las concesiones de explotación petrolera que, a partir de ese momento, duraron bajo esta modalidad 40 años. Así, quedaron comprometidas a pagar al Estado impuestos por las concesiones otorgadas, incluyendo el Impuesto sobre la Renta. Asimismo se estableció el pago a la Nación del 16% por concepto de regalía.

3. Inversiones petroleras

Las inversiones petroleras han sido uno de los grandes problemas del actual gobierno, por ello empleó con las empresas petroleras, tácticas que oscilaron desde la persuasión hasta la amenaza, sin lograr resultados positivos. Sin embargo, parece posible un punto de equilibrio en el que las empresas podrían invertir para tener un discreto desarrollo de sus campos a cambio de la seguridad de contar con mercados, (se anuncia un contrato renegociado con la Argentina para el mes de enero), por su parte el gobierno ha disminuido los montos de las millonarias inversiones privadas que anunciaba para cada nueva gestión, aunque todavía lo sigue haciendo cuando se refiere a YPFB.

Si se recuerda, el año 2008 las petroleras debían invertir 876,5 millones de dólares (MM$us) e invirtieron menos de 300 MM$us. El año 2009, se debía invertir 625,5 MM$us y según YPFB, se invirtieron 576 MM$us, suma que se podría considerar un éxito. Curiosamente la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), en una publicación titulada “Los indicadores del sector”, descuida mencionar un indicador tan elocuente como es el alto nivel ejecutado de la inversión.

Para el año 2010, según anuncio de YPFB, las petroleras habrían programado una inversión de 763 MM$us. Pero casi inmediatamente después del anuncio, el presidente de la CBH dijo que “La proyección es que en 2010 se ejecutarán inversiones por encima de los 270 millones de dólares para….”. Desde ya, las citadas diferencias y omisiones, no reflejan las coincidencias a las que estarían llegando ambas partes. Tal vez para evitar estos hechos y para cotejar la inversión programada, se habría decidido crear Unidades de Seguimiento y Control para cada campo petrolero, las que estarían coordinadas por un Comité de Administración conformado por ejecutivos de YPFB y de las petroleras.

Los éxitos políticos del gobierno alcanzados en los departamentos productores, reflejados en los resultados electorales del pasado 6 de diciembre, estarían siendo determinantes en la posición futura de las petroleras.

La percepción del gobierno es que si éstas empresas, no se fueron antes, ya no lo harán, y, la de las petroleras es que después de la toma militar de los campos y de las “compras hostiles de acciones”, las relaciones tienden a estabilizarse y que la nueva ley de hidrocarburos no les significará mayores sobresaltos a los ya sufridos en el pasado, principalmente cada 1º de Mayo. Es posible que tengan razón, los grandes riegos del suelo y del subsuelo han sido superados y las inversiones podrán razonablemente ser recuperadas en una relación llevadera.

Sin embargo el gobierno e YPFB, debieran preguntarse: si eso es suficiente para lo que quieren hacer a futuro.

4. Evolución de la producción y de las petroleras

El Gobierno de Juan Vicente Gómez favoreció ampliamente a las inversiones extranjero en el país, concentrándose la mayoría de ellas en el sector petrolero que comenzaban a desarrollarse. En ese sentido, durante el régimen gomecista se definió un marco legal por medio del cual se entrega gran parte del territorio nacional en concesiones, de acuerdo a los intereses de los consorcios petroleros internacionales. Las inversiones extranjeras en el país que se habían iniciado en la época de

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