MINERIA EN BCS DURANTE EL PROFIRIATO

El Impacto del desarrollo minero en el Territorio Sur de la Baja California durante el porfiriato: el caso de las Cías. El Progreso y El Boleo Mining Company .

• Antecedentes:

Es por bien sabido que la minería siempre constituyó la principal actividad económica de las regiones del noroeste mexicano y que siempre se desarrolló con grandes dificultades debido a las complejas condiciones económicas que imperaban, pero aún así, era de la explotación minera como subsistían la mayor parte de las poblaciones de dichas regiones.

Para el caso de la península de Baja California la actividad minera fue un factor importante para la colonización del sur peninsular ya que la mayoría llegaron como inmigrantes en la última década del siglo XVIII para trabajar como operarios de las minas de Santa Ana, El Triunfo y San Antonio, fundadas por el ex soldado misional Manuel de Ocio a partir de 1748. La explotación de las minas en la región sur de la península se hizo con soldados jubilados, vaqueros e indígenas mayos y yaquis, quienes bajo la dirección de Ocio se dedicaron a la extracción y beneficio de la plata.

Tal como lo afirma la maestra Dení Trejo , fue muy probable que durante las últimas décadas del siglo XVIII las autoridades coloniales le dieran poca relevancia a la actividad minera debido a su inestabilidad productiva que respondía en gran medida a la escasez de mano de obra y los altos costos de los insumos necesarios para su producción, además de que el producto extraído se intercambiaba por otras mercancías, aún así, la actividad logró sobrevivir por pequeños empresarios mineros y gamusinos quienes podían realizar otras actividades en los momentos en que se decaía la actividad minera, como la ganadería específicamente. Esta mermada actividad minera duraría así hasta 1786, año en el que cayó en un estancamiento que duró casi cien años.

Sería hasta 1857 que se da una nueva oleada en la actividad minera, pues en ese mismo año se establece en San Antonio la Compañía Minera Mexicana, registrando un número de 17 minas; a inicio de la década de los sesenta surgieron nuevas empresas mineras con capital extranjero como la Compañía Francoamericana, la Dannés, la Peninsular y la Compañía El Triunfo, que se establecieron en El Triunfo y San Antonio; por desgracia, no todas se mantuvieron y sólo la compañía El Triunfo logró permanecer hasta 1780, ya que en esa fecha traspasó sus propiedades a la compañía La Hormiguera, que a su vez vendió sus bienes a la Compañía El Progreso en 1778 .

Para el caso del espacio mulegino, fue hasta 1768 cuando se descubrieron las primeras vetas de cobre en el rancho de Santa Águeda - cabe aclarar que para ese entonces- el cobre aún no tenía la misma importancia económica que tenían el oro y la plata. Aún así, a partir de 1871 se dejaron venir un sinnúmero de solicitudes de registros de minas llegando a conformarse en 1873 el Distrito Minero de Santa Águeda. Sin embargo, para fines de 1874 la mayoría de las minas habían sido abandonadas, unas porque el mineral que afloraba en la superficie se había agotado y otras por incosteabilidad, debido a la falta de capitales propios y a la persistencia de una reglamentación fiscal onerosa .

Sería durante la época del porfiriato que el auge minero se modificó en lo sustancial, pues a partir de las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX se creó una pauta geográficamente distinta a la anteriormente conformada. A diferencia de la minería colonial que pobló principalmente los reales de minas del centro de México, el desarrollo minero durante el porfiriato se asentó prioritariamente en los estados norteños , lo que provocaría la configuración de una nueva geografía económica.

Es así como en estos territorios se empezó a dar un gran impulso a la inversión de capitales extranjeros, con lo cual se daría un proceso de modernización y de innovaciones tecnológicas y de estructura productiva.

Entre los factores que permitieron este desarrollo de la minería sudpeninsular se encuentra la política de fomento del gobierno central impulsado por Porfirio Díaz y que se tradujo en la promoción de estudios sobre recursos naturales de la región y la emisión de medidas de orden legislativo con el fin de facilitar la participación de capitales extranjeros; la creciente demanda de metales preciosos e industriales por parte de los mercados norteamericano y europeo; y la existencia de yacimientos de minerales no suficientemente explotados tanto en la zona sur como en la región norte del territorio sur de la Baja California. Además, el establecimiento de compañías extranjeras favoreció que se fueran transformando las técnicas de explotación.

Entre los factores que hicieron posible se encuentran la política económica del gobierno porfirista, que tuvo como base impulsar la explotación de los recursos naturales y el desarrollo de la industria mediante capitales y tecnología extranjeros. Para llevar a cabo este propósito, la administración de Díaz promovió una serie de reformas en la legislación minera, con su nueva ley de 1892 en cuyos artículos 5º y 6º se establecía que la propiedad legalmente adquirida sería irrevocable mediante el pago de un impuesto federal. La misma ley permitía a los dueños de las minas gozar de completa libertad de acción industrial, sin la intervención estatal en la determinación de las formas de llevar a cabo los trabajos mineros.

La compañía El Progreso Mining Company.

Así, bajo las condiciones arriba señaladas, en 1878 se establece la compañía de capital norteamericano El Progreso Mining en los distritos mineros de El Triunfo y San Antonio, con sus directivos con sede en la ciudad de San Francisco, California, pero con dos representantes en México: Santiago Viosca en La Paz y Adolfo Bartning en Mazatlán y en la zona minera estaba un superintendente .

La compañía El Progreso fue configurando sus fundos mineros a través de diversos denuncios y convenios hasta 1890 que fue cuando formalizó todos sus predios mediante la firma de un contrato con el gobierno federal, logrando prorrogarlo en 1897 por diez años más y logrando también, mediante éste, que tuviera la propiedad de todas las minas que en adelante se descubrieran y se encontraran abandonadas, logrando conformar varios grupos mineros; además de la exención de derechos por la importación de los instrumentos de trabajo, herramientas, enseres, víveres y materiales para construcción, entre otros. Pero a cambio de estas prerrogativas la compañía se obligaba a no suspender el trabajo de sus monas o haciendas de beneficio y a ocupar constantemente cuando menos a quinientas personas.

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