Multiculturalidad

Con el adjetivo multicultural se suele aludir a la variedad que presentan las culturas en la sociedad humana para resolver las mismas necesidades individuales cuando todas ellas deberían poseer igualdad de posibilidades para desarrollarse social, económica y políticamente con armonía según sus tradiciones étnicas, religiosas e ideológicas. De acuerdo con el multiculturalismo, los Estados deberían articularse institucionalmente de manera que reflejen la pluralidad de culturas existentes.

Por otra parte, el multiculturalismo es también una teoría que busca comprender los fundamentos culturales de cada una de las naciones caracterizadas por su gran diversidad cultural.

Catedral Ortodoxa en São Paulo. La megalópolis brasileña es una ciudad multicultural.

Multiculturalidad

A diferencia del término "multiculturalismo", la noción de "multiculturalidad" tiende a ser interpretada de una manera descriptiva que evite la carga normativa de aquel. Así, una sociedad puede ser caracterizada como multicultural cuando en ella conviven grupos portadores de diferentes culturas (p. ej., que profesan religiones distintas o hablan diversas lenguas).

México es un país multicultural. La nación mexicana incluye una muy rica variedad de pueblos, cada uno de los cuales merece respeto y es digno de crecer y florecer. Pero hasta ahora hemos sido incapaces de establecer las estructuras y las instituciones políticas, económicas y jurídicas que garanticen el ejercicio del derecho de los diversos pueblos de nuestro país a sobrevivir y a desarrollarse en la forma en que autónomamente decidan sus miembros, a elegir cómo mantener o cómo cambiar sus formas de vida, a participar efectivamente en la decisión sobre el uso y destino de los recursos materiales de los territorios donde viven, y a participar activamente en la construcción de la nación mexicana. Éste es el problema de la multiculturalidad en México, y continúa siendo uno de los principales problemas nacionales.

El desafío es lograr una sociedad auténticamente plural y justa, en donde los diferentes pueblos y las diversas culturas convivan armoniosamente, los conflictos puedan resolverse por vías no violentas, y se respeten los derechos individuales, los colectivos y los de grupo. Esto requiere una profunda reforma que establezca nuevas relaciones entre el Estado y los pueblos de México, así como entre esos pueblos y el resto de la nación.

El Estado debe garantizar la participación en la vida pública nacional, en lo económico y en lo político, de los diversos pueblos, y no debería estar controlado por ningún grupo social, político o económico particular, sino que en él deberían participar representantes de los diferentes sectores sociales relevantes en el país, así como de los diferentes pueblos. El Estado debe servir a todos ellos, fomentando su desarrollo, y estableciendo y gestionando mecanismos para evitar, y en su caso para dirimir, conflictos entre los diferentes pueblos y entre diferentes sectores de la sociedad. Esto es lo que se conoce como un Estado plural.

Es necesario pues que la reforma del Estado mexicano incluya la rectificación de su política cultural y económica, orientada durante décadas hacia el ideal de una nación monocultural y hacia la exclusión de los pueblos indígenas del acceso y el control sobre los recursos naturales de los territorios donde viven, y en general de la toma de decisiones económicas y políticas sobre las cuestiones que afectan su vida.1 Se requiere ahora de un Estado plural que respete –y que garantice el respeto de toda la sociedad- a la identidad de los pueblos, y que establezca políticas que aseguren el florecimiento de todos ellos, empezando desde luego por su participación activa en las decisiones sobre el manejo apropiado de sus recursos naturales y de sus fuentes de riqueza.

En suma, para lograr una solución al problema de la multiculturalidad en México, que conduzca a mediano y a largo plazo una situación estable y legítima, se necesita que la sociedad política reconozca en pie de igualdad a todos los pueblos que forman parte del país, y que se lleve a cabo una reforma estructural de manera que se establezcan nuevas relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre pueblos, entre regiones y entre ellos y el Estado. Estas nuevas relaciones deben garantizar:

1. la satisfacción de las necesidades básicas de los miembros de los diferentes pueblos, de acuerdo con la formulación que ellos hagan de manera autónoma, respetando su derecho a desarrollarse en la forma en la que consideren adecuado;

2. el acceso y control de los recursos materiales de su territorio, asegurando su participación en la toma de decisiones acerca de cuándo y cómo explotarlos, cómo controlarlos, y cómo encauzar los beneficios de su explotación; y

3. la participación de todos los pueblos en la construcción de la nación mexicana, incluyendo su participación en las instancias políticas locales, regionales, nacionales e internacionales.

En este libro se desarrollan ideas y conceptos que permiten articular un modelo de sociedad multicultural adecuado para países como México y la mayoría de los países latinoamericanos. El modelo sugiere también el tipo de normas que deberían regir las relaciones interculturales en el mundo globalizado en el que vivimos hoy en día, que es un mundo plural en sus perspectivas políticas, en sus evaluaciones morales, en sus gustos estéticos, en sus creencias y prácticas religiosas, en sus preferencias sexuales, y en sus formas de vida; un mundo plural, en suma, en sus culturas.

Para ello analizaremos y explicaremos conceptos como los que ya hemos mencionado en los párrafos anteriores: “multiculturalidad”, “multiculturalismo”, “interculturalidad”, “interculturalismo”, “justicia social”, “necesidades básicas”, “cultura”, “autonomía”, “derechos individuales”, “derechos colectivos” y “derechos de grupo”.

Con la ayuda de estos conceptos, y con base en el modelo de sociedad multicultural que delinearemos, ofreceremos una fundamentación de la tesis de que en las sociedades multiculturales donde hay desigualdades entre pueblos o entre culturas, el establecimiento por parte del Estado –o de entidades supraestatales, o de organismos internacionales- de políticas de compensación o de un trato diferencial en la asignación de recursos a favor de los pueblos que tienen desventajas, se justifica sobre la base de un principio de justicia social.

Analizaremos pues algunos elementos

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