NUEVAS POLITICAS

En este trabajo se analiza la dinámica de la economía venezolana durante el lapso 1999- 2002. Se hace una comparación entre los objetivos de la política económica y los resultados en términos de los postulados fundamentales de los programas económicos de alcanzar una economía humanista, competitiva y autogestionaria. La política de crecimiento económico se sustentaba en expansiones de demanda pública complementados por gasto privado mientras que la estrategia anti-inflacionaria se fundamentó hasta febrero de 2002 en el anclaje del tipo de cambio. El indicador sucedáneo del componente humanista (el ingreso per cápita) muestra una caída acumulada de aproximadamente 16% en el período bajo consideración. La referencia competitiva de la economía relacionada con la cobertura de la demanda interna con producción nacional y la diversificación, refleja una mayor proporción del consumo interno satisfecho con bienes importados y una disminución de las exportaciones no petroleras. Desde el punto de vista institucional se valora positivamente el rango constitucional de la autonomía del BCV, mientras que se estima que los cambios recurrentes en la legislación sobre el FIEM han modificado su razón de ser como fondo de estabilización

NUEVAS POLITICAS

La referencia más importante de la política económica aplicada entre 1999-2002 la representa el proyecto titulado “La Propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela: Una revolución democrática” (MPD 1999) cuya vertiente económica se denominó “El proyecto de transición: Cinco polos para una nueva república”. Su capítulo II: “Equilibrio económico”, contiene un conjunto de definiciones generales sobre la orientación que el nuevo gobierno le imprimiría a la economía. El programa comienza con un diagnóstico del carácter mono exportador de la economía venezolana y su reforzamiento a partir de la apertura petrolera que “es un capitulo contemporáneo de una política concentradora de riqueza, concentradora de poder y concentradora de población”, argumentando que el cambio de ese modelo requería “una profunda transformación estructural de la economía venezolana, la cual se desarrollará en el marco de la V República emanada del proceso constituyente”. En correspondencia con ese criterio, se trazaron las líneas maestras de la política petrolera en la cual se conceptualizaba a la actividad petrolera como una “industria industrializadora”.(sic) Entre los aspectos esenciales de esa política sobresale el fortalecimiento de la OPEP con el objeto de afianzar el control sobre la oferta petrolera “en aras de la defensa de los precios”, el “redimensionamiento de los planes y proyectos de PDVSA y sus filiales con la finalidad de adecuar el monto de sus inversiones a la evolución del mercado energético mundial” y la evaluación de las inversiones de PDVSA en el exterior con “el objeto de precisar su rentabilidad, el costo de oportunidad y seguridad de mercado”. Igualmente, se le daría prioridad a la inversión privada nacional mediante un proceso de formación de nuevos capitales nacionales orientados hacia esa actividad.

El enunciado fundamental del programa económico tenía como base lo que se denominó “Una economía humanista, autogestionaria y competitiva”, para lo cual se identificaron cinco sectores fundamentales, llamado el “modelo pentasectorial”, donde se asentaría la nueva estructura económica. Esos sectores eran los siguientes: Sector I: empresas básicas y estratégicas: energía, empresas básicas, minería hidroelectricidad y alta tecnología militar. Sector II: bienes de consumo esenciales que comprende6 industria de la construcción, producción agrícola primaria y agroindustrial y pequeña y mediana industria. Sector III: servicios esenciales y gobierno. Sector IV: banca y finanzas y sector V: la gran industria.

La política macroeconómica del Programa de Gobierno consistió en un conjunto de lineamientos generales sin que se tuviera claro la consecución de un objetivo estratégico, aunque ciertamente se apuntaba a la disminución del déficit fiscal y a una mejor asignación del gasto, a pesar de que ellos no son objetivos en sí mismos sino más bien instrumentos para un determinado propósito, como por ejemplo el alcanzar cierta tasa de crecimiento del PIB o de la inflación. De esta forma, en materia fiscal las acciones se encaminarían al diseño de una reforma tributaria integral de carácter progresivo, la revisión de los impuestos al consumo para que estuvieran acoplados con las metas de redistribución del ingreso que el Estado incentivaría, la modernización de las aduanas y la instrumentación de técnicas de presupuesto programa plurianual con el objetivo de propiciar la disciplina fiscal. La lectura de estos enunciados sugiere que se privilegiaría un sistema impositivo donde el impuesto sobre la renta, en lugar del consumo, sería la fuente más importante de financiamiento del gasto, después de los tributos generados por la actividad petrolera.

La política monetaria y cambiaria prácticamente no están desarrolladas en el programa aunque encerraban un principio básico que guiaría la acción de la política económica hasta enero de 2002: la estabilidad cambiaria y el fortalecimiento del valor de la moneda nacional toda vez que se estimaba “que las fluctuaciones de nuestra moneda afectan negativamente a la población, lo que significa una confiscación de recursos a los sectores más vulnerables”. Tal vez lo que se quiso expresar es que las devaluaciones de la moneda han significado un empobrecimiento de las familias debido al deterioro del poder adquisitivo. En realidad, en Venezuela las oscilaciones del tipo de cambio exacerban la inestabilidad macroeconómica y distorsionan la asignación de los recursos, limitando las posibilidades de un crecimiento con estabilidad, mientras que las devaluaciones han implicado un trasvase de recursos del sector privado que es un importador neto al sector público que es un exportador neto.

La política financiera debía procurar una reducción de las tasas de interés a través de la creación de un clima de confianza y seguridad institucional, en tanto que el Banco Central de Venezuela debía propiciar la reducción del margen entre tasas activas y pasivas, todo lo cual permitiría abaratar el financiamiento. El Programa suponía que las tasas de interés per se o su diferencial constreñían las posibilidades de ampliación del financiamiento a la producción sin considerar que el proceso de inversión en Venezuela pareciera obedecer a determinantes que van más allá del costo del financiamiento (Mendoza 2003).

En el Programa Económico se valoraba que el nivel de endeudamiento de Venezuela no lucía excesivo a juzgar por los patrones internacionales. No obstante, en materia de deuda externa se proponía la recompra y la conversión de deuda en inversión en tanto que en lo relativo a las obligaciones internas no se proporcionaron mayores explicaciones salvo decir que se honrarían los compromisos y se daría cumplimiento a los pasivos con los trabajadores. En lo concerniente a la política comercial no se contemplaron lineamientos y en cuanto a la integración económica, se propendería a fortalecer los vínculos con el Pacto Andino, Mercosur y el Caricom.

La política fiscal procuraba una mejora de los ingresos ordinarios, especialmente los no petroleros y una reorientación del gasto con el objeto de aumentar su productividad mediante la reducción de organismos públicos, simplificación de los trámites y aumento del gasto de capital en el presupuesto. Es difícil aceptar que en un contexto de debilidad de las cuentas fiscales se proponga una disminución de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 15,5% a 14,5% con el argumento de que ello contribuye a expandir la recaudación, tal como aseveraba el Programa de transición (MPD 2000).

Conviene señalar que las políticas sectoriales, en particular la política industrial, fueron concebidas como herramientas para impulsar la diversificación de la economía y alcanzar un crecimiento auto sostenido. Se afirmaba que “estas políticas tienen por finalidad generar una estructura industrial de mayor diversificación, especialización, valor agregado nacional y con mayor capacidad de empleo”. Para estos propósitos resultaba fundamental incentivar la inversión privada mediante un proceso de concertación de los agentes involucrados en las ramas industriales y la consolidación de las cadenas productivas.

Política petrolera

Dos orientaciones fundamentales caracterizan la política petrolera: restringir la producción de petróleo para apuntalar los precios e internalizar el petróleo. La primera de ellas guarda relación con la reivindicación de lograr un “precio justo” para un recurso agotable e implica imponer restricciones al crecimiento de la industria al tiempo que aumenta la participación fiscal. La segunda significa promover los hidrocarburos como palanca para el desarrollo de los sectores industriales e incentivar la formación y participación del capital nacional en el negocio petrolero. En el entendido de que se intenta maximizar el ingreso por exportación, la política petrolera se enfrenta con un dilema: el mismo nivel de ingreso puede obtenerse con diferentes combinaciones de precios y volúmenes exportados. Para que una política que limita las cantidades exportadas con el objeto de propiciar un alza de precios sea efectiva, tiene necesariamente que ser fruto de un acuerdo entre los miembros de la OPEP, de manera de evitar que otros productores tomen la cuota de mercado a la cual está renunciando quien individualmente reduce la producción; de otra manera los precios podrían eventualmente disminuir. Esa

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