POLITICAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR

Las políticas públicas se expresan en las decisiones de las autoridades gubernamentales de cualquier nivel, sea parroquial, municipal, provincial, regional o nacional, en el ámbito ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y en el caso del Ecuador, en el marco de la función de Transparencia y Control Social. Las Políticas Públicas en el Ecuador hacen efectivos el buen vivir y los derechos de las personas: salud, educación, vivienda etc., es decir, fortalecer los proyectos, programas y planes que existen para de una aplicación más eficientes y eficaz y sobretodo solidaria, sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Las políticas públicas son producto de las relaciones de poder que existen dentro del Estado y en la sociedad, es aquí donde el Estado ecuatoriano debe enfocarse en el bienestar de las personas y pueblos, es decir, el Estado se comporta de una manera favorable a su pueblo. Un claro ejemplo de este tema tenemos al Plan Nacional del Buen Vivir, dicho plan vela por los derechos de las personas en todos los ámbitos, garantiza su acceso a un nivel de bienestar que responda a sus necesidades mínimas básicas, a su interés de desarrollo en ciudadanos y ciudadanas.

La gestión de las políticas públicas debe cumplir con un ciclo para su elaboración, primero constituye la formulación de la política y que significa la creación, la reformulación o la anulación de la misma; segundo constituye la decisión de la política, que significa la resolución del órgano competente; tercero constituye la presupuestación, para establecer las fuentes de financiamiento y la asignación de recursos financieros necesarios para su ejecución; un cuarto, la ejecución misma de la política, que no solo es facultad de las instituciones públicas, sino de una participación corresponsable de actores tanto públicos y privados; y finalmente, el control de la política, lo que demanda el seguimiento y evaluación de los resultados, dirigido a valorar la pertinencia o no de ésta.

En conclusión, para el diseño de las políticas públicas es necesario contar con un marco jurídico legítimo, que garantice la vigencia, promoción y protección de los derechos humanos, y mucho más si es de carácter constitucional.

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