Poder ejecutivo, militarización y organización del estado provincial. Tucumán en los inicios de la confederación rosista

Poder ejecutivo, militarización y organización del estado provincial. Tucumán en los inicios de la confederación rosista.

Introducción

En 1920, la provincia se erigió en la unidad política de referencia que, asumió la función de otorgar una nueva estructura institucional al fragmentado ex virreinato. El proceso de organización estuvo mediatizado por la puja entre proyectos unitarios y federales, así como rivalidades y divisiones en la élite ahora en el ámbito provincial, luchando por el control de los espacios del poder local.

Se sumaron nuevos actores qué buscaron insertarse en la vida política local potenciando la inestabilidad y las rivalidades: el ejército residual, las milicias y sus comandantes. El fracaso de los intentos constitucionales de 1819 y 1826, así como el desmantelamiento de la liga militar del interior unitaria en 1832, inclinaron el juego en favor a la autonomía provincial. En estas condiciones se configuraron los estados provinciales sobre la base de principios republicanos y la división de poderes. Las unidades políticas se articularon mediante una unidad federal, donde las relaciones exteriores se delegaron a Buenos Aires (Juan Manuel de Rosas).3

El trabajo se pregunta por la configuración de dos actores  que gravitaron en la organización de los estados provinciales: la milicia y el gobernador.

El estudio se centra en los inicios de la confederación rosista, cuando se consolidó El poder del primer mandatario cuya base militar se expresan la organización, centralización y funcionamiento del ejército provincial. En Tucumán, este proceso fue encabezado por Alejandro Heredia gobernador entre 1832 y 1838.

Centralización militar y consolidación del poder ejecutivo

los contrastes entre la política de 1820 y la desarrollada en el período de Alejandro Heredia se han tomado en cuenta por la historiografía provincial. Trabajos recientes se concentran en los años en el que el Gobernador mostró respeto por la sala de representantes y el desarrollo de procesos electorales. En el esfuerzo por distancia a Heredia del círculo de gobernadores adictos al rosismo, se puso atención en prácticas e instituciones que resaltan la íntima relación entre organización provincial, vuelve ya y consolidación del ejecutivo provincial en Tucumán.

Heredia asumió como gobernador en 1832,tras la victoria de Quiroga frente a la liga unitaria, Heredia participó en las facciones apoyando a Güemes. ,Desarrollo en salta una importante carrera política, siendo nombrado representante de la misma en 1824. En la reunión planteó su postura de desconfianza respecto de la Organización de un poder central, considerando que aún no existía una opinión afianzada y libre de los avatares políticos y de los caudillos. Así, grabó relaciones con las facciones adversas a Rivadavia y a Dorrego. Como comisionado de Buenos Aires se le asigna una función de proyectar esta posición en las provincias de Catamarca, Tucumán y salta.

Desarticulados las fuerzas unitarias en el norte, salta quedó muy mal posicionada en el nuevo mapa político. El gobernador unitario Alvarado, fue sustituido por el coronel Pedro de la Torre. El endeudamiento de la provincia (por la lucha contra los federales) sumado a las amenazas de los emigrados refugiados en Bolivia exaltó el clima de sospecha y la política se vio subsumida por la lucha facciosa. Tras el conflicto Quiroga convocó un cabildo abierto en Tucumán, para nombrar los nuevos jueces y al gobernador. Heredia obtuvo una elección unánime.

Esta práctica de la asamblea se remonta a la década de 1810 y es analizada como un espacio de deliberación conforte participación de los sectores populares. Las asambleas convivieron en la Buenos Aires revolucionaria con los cabildos abiertos y luego con la junta de representantes, constituyendo ámbito de ejercicio directo y inaugurando la tensión entre asambleísmo y régimen representativo. En estás instancias, llamó la atención la participación de La plebe urbana porteña en la petición de modificar las decisiones de la junta.

La dirigencia porteña las considero como fuentes de disturbio e ingobernabilidad. Se buscó reducirlas a impulsar la participación política a través del voto y de la delegación de la soberanía.

En Tucumán, estás prácticas actúan como instancias informales y preliminares reunidas para legitimar la investidura gubernamental. En un principio estas reuniones incluyan a los habitantes de la campaña que no estaban representados en los ayuntamientos. Estos espacios, no era el lugar del de liberación sino de proclamación de la voluntad popular. Conviviendo, con la sala de representación provincial, cuya función era elegir al gobernador y estaba embestida de facultades legislativas y Constituyentes. la institución se configuró sobre la división de poderes republicana y se incorporó como depositario de la soberanía provincial en tanto el pueblo estaba allí representado por sus diputados.

La sala de representantes legítimo e institucionalizó las proclamaciones efectuadas por asambleas, vinculadas con la elección del gobernador. Las asambleas, asumir la función de programar la voluntad del pueblo mediante el acta firmada por los vecinos asistentes donde se especifica el nombre del futuro gobernador, qué debía normalizar la provincia luego de finalizar los normales conflictos en las provincias.

Alejandro Heredia fue elegido gobernador de Tucumán en 1832, asumió el liderazgo de la organización provincial hasta tanto se reinstalar a la sala (ocurrió en 1833). Heredia utilizó los decretos para ordenar la provincia. El fuerte control de los comportamientos de los habitantes, la Rey definición de competencias judiciales, la consolidación del papel político administrativo de los comandantes y la reorganización del ejército provincial fueron sus principales actos.

Los emigrados políticos, y los unitarios en Tucumán fueron un poco de desconfianza. En consecuencia, el control de la milicia y la colocación de individuos fieles a su persona fueron fundamentales. Utilizó como herramientas simbólica y discursiva, los valores de la república y la evocación del caos asociado a la lucha facciosa para lograr la adhesión de los tucumanos. En consonancia con estos principios, se prohibió la confección y utilización de armas bajo pena de 50 azotes. Se controlo la emisión de pasaportes y todo signo de agravio contra la paz de la provincia, pagaría con 200 azotes y sería expulsado de ésta. Todos los controles que daban en manos de los comandantes. Esta medidas se reforzó en 1833, con la pena de muerte para los perturbadores del orden. Estas medidas, Cómo llevaron a la huida de muchos opositores y voces discordantes qué llevó la constitución de una” única opinión” en torno al gobierno. Estas variables contribuyeron al regimiento del poder ejecutivo, que asumió el liderazgo del orden público asociado con una noción unánime de la vida política, asociada con el aniquilamiento de la oposición.

todos los controles y acciones antes señaladas quedaron en manos de los comandantes departamentales. Estos, tenían la capacidad de acción y de resolución frente a diferentes situaciones que hicieron peligrar el orden, podían capturar desertores, ejecutar confiscaciones de bienes ejecutar penas impuestas por los jueces o por ellos mismos. Una vez instalada la sala se sumó la atribución de conformar mesas electorales no estaban previstas por un reglamento sino que provenían del decretos de gobernador. Por ejemplo, ante el avance de unitarios desde salta, se prohibió trasladarse a la mencionada provincia con el castigo de exilio o de azotes.

Las funciones de los comandantes se superpusieron con la de los jueces de campaña y policías en la configuración del orden provincial. El objetivo de Heredia de subordinar un actor fuertemente faccioso, la milicia local, así como su necesidad de extender su poder e influencia hasta la frontera, posición a los comandantes departamentales en un lugar central en el proceso de organización provincial y la configuración del poder ejecutivo. Las acciones de los comandantes subordinados del poder ejecutivo, desarrolladas en un marco institucional militar centralizado por Alejandro Heredia: el control social político y la proyección del poder del gobernador a la campaña.

Desde 1820, la milicia provincial se componía de los cuerpos cívicos y los regimientos departamentales. Estos últimos conformados por los “habitantes del interior” y al mando de un comandante departamental, con unos 300 integrantes.

Fueron las fuerzas rurales las que reorganizó Heredia en 1832. Serían alistados jóvenes de 16 años hasta la edad de 50, quedaban exceptuados los hijos únicos, los capataces de hacienda y los que por enfermedades no puedan acudir. El aumento del número de departamentos de campaña y la organización de un regimiento por cada uno de ellos muestran la importancia de esta organización administrativa militar para controlar la provincia en su totalidad. La reorganización militar llegó al espacio urbano recién en 1836. A diferencia de los regimientos departamentales, la milicia cívica urbana se configuró como ámbito exclusivo de los “ciudadanos”, o sea habitantes que posean una propiedad superior a $1000. 35.

La fuente de reticencia de muchos vecinos tucumanos a ejercer sus tareas militares implicó la constante de actualización de sistemas de excepciones en la milicia cívica que tenían como consecuencia el alejamiento de muchos de ellos del ejército (los ricos y enfermos). Más allá del régimen de excepciones que circunscribía al pequeño y mediano comerciante, la pertenencia a la milicia cívica era considerada como distinción que otorgaba honor y como acto patrio de los ciudadanos.

Durante el período de Alejandro Heredia, los cuerpos” decentes “urbanos siguieron mostrándose como ejemplo y estímulo del perfil cívico y patriótico que debían asumir los soldados de la provincia. Esta milicia cívica constituida por los cuerpos de infantería (comerciantes joven decente) y otro de caballería (hacendados). El acontecimiento que articulo de forma directa a la ciudadanía política con el servicio de armas fue el debate desarrollado en torno a la Constitución de 1835, que implicó la supresión por un largo periodo de las actividades de la sala.

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