Privatizacion

La desincorporación del sector público de las empresas paraestatales consideradas no prioritarias, con el afán de ir creando las condiciones propicias para un mayor desarrollo de la iniciativa privada y como una clara manifestación de que el Estado se iría retirando de la economía. Cuando comenzó la administración de Carlos Salinas, existía ya la idea básica de que el Estado únicamente debía gobernar, mientras que para efectos de productividad y desarrollo económico deberían de concentrarse sólo los esfuerzos de la iniciativa privada Salinas, explicó que mientras más pertenencias tenía el Estado, más aumentaba la carga administrativa y financiera que debía soportar, lo que acababa por limitar y erosionar su capacidad de respuesta a sus obligaciones constitucionales.

Los lineamientos y criterios en los que se basó la desincorporación en este período son los siguientes:

Liquidación o extinción de entidades que ya cumplieron con sus objetivos.

• Fusión de entidades para mejorar el uso de los recursos con la integración o complementación de procesos productivos, de comercialización y de gestión administrativa.

• Venta de empresas que no son prioritarias ni estratégicas y que, por sus condiciones de viabilidad económica, son susceptibles de ser adquiridas por los sectores social y privado.

De 1155 empresas paraestatales que existían en 1982, al primero de diciembre de 1988 había 618, y al término de 1993, el gobierno ya sólo administraba 258, de las cuales 48 estaban en proceso de desincorporación. "Por la venta de empresas y activos del sector paraestatal, el gobierno obtuvo 69 360 millones de pesos."

De entrada, se aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, viéndose afectadas ahora todas las grandes empresas del Estado. Así fueron entregados al capital privado la telefonía (Telmex, una compañía plagada de denuncias por negligencia en el servicio que en diciembre de 1990 fue adjudicada en pública subasta a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim Helú), las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico (Altos Hornos de México), los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión (Univisión, que dio lugar a la TV Azteca).

La histórica reforma del sistema bancario, emprendida en mayo de 1990 y rematada en diciembre de 1993, supuso la reversión total de la nacionalización realizada en 1982 por López Portillo, que había reducido las 764 entidades entonces existentes a menos de una veintena, encabezando las sobrevivientes el Banco Nacional de México (Banamex) y el Banco del Comercio (Bancomer). Asimismo el Banco central de México, Banxico, fue dotado, reforma constitucional mediante, de un régimen jurídico que, con arreglo al modelo liberal, garantizaba su autonomía funcional y administrativa.

Salinas explicó que las privatizaciones convenían al país a efectos de ingresos en la caja del Estado, ganancias que luego el Gobierno destinaría a abonar la deuda interna y a costear las necesidades sociales, pero la gigantesca operación produjo unos réditos incluso mayores de los esperados: sólo en 1991 el Estado recaudó 10.700 millones de dólares por ese concepto. Al final del mandato de Salinas, más del 90% del parque empresarial del país tenía dueños privados, quedando como únicas excepciones relevantes Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el emblemático monopolio Pemex, el cual, no obstante, tampoco salió indemne de la avalancha de liberalizaciones, ya que, a través de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (julio de 1992), empezó a estructurarse como holding corporativo, asumiendo criterios de eficiencia y racionalidad, dotándose de una estructura divisional (las subsidiarias de Exploración y Producción, de Refinación, de Gas y Petroquímica Básica, y de Petroquímica) y abriéndose a la inversión privada extranjera según el esquema de franquicias.

Con los ingresos de las privatizaciones se obtuvo casi el equivalente a 23,000 millones de dólares, 7 los cuales fueron utilizados para amortizar la deuda pública interna. Con estos recursos se logró una disminución de la deuda interna, en 1988 era del 19% y para 1994 fue del 6%. Dando como resultado una disminución de los pagos de intereses y logrando un crecimiento en el gasto social.

 PRIVATIZACIÓN DE TELMEX

En 1989, Telmex era una empresa con varias décadas funcionando y con solo 16 años de pertenecer al sector público, el servicio prestado por la empresa era motivo de frecuentes disputas como se puede observar en la cantidad de demandas que la empresa enfrentaba en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, así como por los tiempos de espera, en ocasiones de más de 10 meses, para conseguir una línea. En los primeros años de la administración Salinas de cada 10 hogares 8 no tenían teléfono y había hasta un millón de solicitudes pendientes. La gestión pública de Teléfonos de México, además, estaba plagada de dudas y sospechas acerca de la transparencia en el manejo de los recursos

La venta fue hecha a través de una subasta pública. A pesar de que varios grupos extranjeros ofrecieron cantidades mayores para la compra de Telmex, uno de los requerimientos determinantes era que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas, es por eso que de los grupos con control accionario mexicano, la mayor fue la que encabezaba el Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, por lo que éste fue declarado ganador

Con motivo de esta privatización se inició la modernización de la telefonía en México. En los siguientes años el número de poblaciones rurales atendidas pasó de 6 mil 350 a 21 mil 263; los teléfonos públicos llegaron a más de 200,000 en todo y se inició la instalación de una red de fibra óptica que ahora cubre las ciudades más importantes del país.

El servicio que presta Telmex en cuanto a telefonía fija es bueno en comparación con el servicio que daba cuando la empresa era administrada por el gobierno, pero si hacemos un análisis de las tarifas, estas son muy altas, un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) del 2011, sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, llegó a las siguientes conclusiones: la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado un mercado ineficiente que provoca la imposición de costos significativos a la economía mexicana y que inciden de manera negativa en el bienestar de su población; son de las tarifas más altas del mundo.

El estudio de la OCDE indicó que el mercado mexicano de telecomunicaciones está dominado por una sola compañía, dirigida por el magnate mexicano Carlos

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