Proyecto De Nacion

El domingo al medio día Andrés Manuel López Obrador presentó en el Auditorio Nacional su nuevo Proyecto de Nación, el cual, incluye 50 puntos.

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Ciudad de México • Discurso de Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, en la presentación del nuevo Proyecto de Nación, en el Auditorio Nacional.

Amigas y amigos:

Es un hecho trascendente presentar el día de hoy el Nuevo Proyecto de Nación para lograr el renacimiento de México.

Casi todos los mexicanos sabemos que nuestro país padece de una grave crisis en todos los órdenes de la vida pública. Hay desempleo, migración, carestía, corrupción, impunidad, inseguridad, violencia, pérdida de valores, temor, tristeza y desencanto.

Ante esta amarga realidad, afortunadamente muchos mexicanos sostenemos que podemos frenar la decadencia, garantizar el bienestar y la felicidad del pueblo y darle una nueva viabilidad a la Nación.

Nuestro optimismo parte del conocimiento que tenemos de las causas que originaron la actual tragedia nacional. Para nosotros la crisis de México se debe al predominio de un grupo oligárquico, que se conformó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, mediante la entrega a particulares, nacionales y extranjeros, de los bienes de la Nación y del pueblo.

Desde entonces, al amparo de la llamada política neoliberal de privatizaciones y saqueos, esta minoría no sólo ha venido acumulando riquezas de manera obscena, sino que se ha situado por encima de las instituciones y son los que realmente mandan y gobiernan el país.

Como es obvio, esta concentración desmedida de poder económico y político ha provocado el empobrecimiento del pueblo, la ruptura del pacto social y de la tranquilidad pública.

De modo que sabemos dónde se localiza el problema y qué debe hacerse para remediar los males que impiden a México transitar por la senda del progreso, la justicia y la paz.

De eso trata, precisamente, el documento que hoy se ha presentado. De este proyecto extraigo 50 acciones indispensables para la regeneración nacional. En primer lugar, es ineludible derrotar a la oligarquía en el terreno político y por la vía pacífica para establecer en México una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo.

Debe crearse una nueva legalidad con apego absoluto a la Constitución. Los ordenamientos y derechos consagrados en la Constitución, se acatan pero no se cumplen. La Constitución se respeta en la forma, pero se viola sistemáticamente en el fondo. Por eso es necesario que el Poder Judicial garantice el cumplimento de las leyes y la impartición de la justicia, porque en la actualidad sólo sirve para legalizar abusos y despojos que cometen los poderosos. Nunca habrá democracia si no hay justicia para todos.

En los hechos, la mayoría de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sido nombrados por Salinas, Fox, Calderón, Diego Fernández de Ceballos y Manlio Fabio Beltrones y a ellos obedecen. Por esa razón, promoveremos una reforma constitucional para elegir democráticamente a los ministros de la Corte, para lograr que este tribunal recupere su independencia, se ponga realmente al servicio del pueblo y de la Nación y se cumpla el criterio de que nada debe ser al margen de la ley y nadie debe estar por encima de la ley.

Se llevarán a cabo las reformas legales necesarias para que el Presidente de la República se someta al principio de la revocación del mandato. Al cumplirse tres años, se hará una consulta para que la gente decida si continúa o no en su cargo. El pueblo es soberano: así como otorga un mandato, puede retirarlo. El pueblo pone y el pueblo quita.

Respetaremos la libertad de expresión y de credo religioso. El gobierno se conducirá bajo criterios de diálogo, cumplimiento de los compromisos, tolerancia, pluralidad, diversidad y transparencia.

Cuidaremos el prestigio de las fuerzas armadas, garantes de la integridad del territorio y la defensa de la soberanía. Gradualmente se retirará el Ejército y la Marina del combate al narcotráfico y no se les utilizará para resolver conflictos de orden social o para suplir la incapacidad del gobierno civil, mucho menos para reprimir al pueblo.

Mantendremos una relación de respeto con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Haremos valer los principios de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos. Recuperaremos el prestigio que históricamente habíamos mantenido en América Latina y en el concierto de las naciones.

La relación con los Estados Unidos se fincará en el respeto a la soberanía y en la cooperación para el desarrollo. Nuestra frontera común de 3 mil kilómetros representa un desafío y una oportunidad para ambos países, pero sin militarización, intervencionismo, ni muros que nos dividan y confronten. Debe revisarse el Tratado de Libre Comercio. En la agenda bilateral más que la cooperación de carácter militar, deben estar los temas del crecimiento económico y la generación de empleos en México para enfrentar las causas que originan el fenómeno migratorio. Así como la protección de los derechos humanos y laborales de nuestros compatriotas que por necesidad cruzan la frontera para trabajar en Estados Unidos. Se protegerá también a los migrantes de Centroamérica que atraviesan nuestro país hacia la frontera norte.

Impulsaremos un nuevo federalismo para definir con claridad las reglas de convivencia y cooperación entre los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal. La capital de la República contará con plenos derechos.

Se democratizarán los medios de comunicación. Habrá competencia y se hará efectivo el derecho a la información. Es inaceptable que la televisión y la radio se concentren en unas cuantas manos y que, en vez de informar con amplitud, veracidad y profesionalismo, se utilicen como instrumentos para manipular y controlar al pueblo, proteger privilegios y hacer negocios al amparo del poder público. Si Carlos Slim, como cualquier otro ciudadano, quiere tener un canal de televisión, no tendrá problemas, porque queremos que no sólo haya dos televisoras que acaparen toda la audiencia sino 10, 20, las que sean técnicamente posibles. De la misma forma, si Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego o cualquier otro empresario desea participar en la telefonía, podrá hacerlo, porque no debe haber, bajo ninguna consideración, monopolios.

Asimismo, se promoverán las radiodifusoras y televisoras locales y regionales que permitan el acceso y el manejo de estos medios a pueblos indígenas, comunidades campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de formación educativa y cultural. Vamos a garantizar el acceso universal al internet como parte del derecho constitucional a la información.

Habrá plena libertad sindical. El gobierno no intervendrá en la vida interna de los sindicatos y tampoco se respaldará desde el gobierno a dirigentes vitalicios, antidemocráticos y corruptos. Para que se entienda bien, no habrán cacicazgos como el de Elba Esther Gordillo que domina a los trabajadores del magisterio sin vivir siquiera en el país, sino en una zona residencial de gran lujo en el extranjero.

Velaremos por el cumplimiento de los derechos y prestaciones de los trabajadores. El salario mínimo se fijará con apego a la Constitución que establece que debe ser remunerador y nunca jamás, como ha sucedido en este periodo neoliberal, el aumento al salario quedará por debajo de la inflación. Los integrantes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje procederán con rectitud para evitar el agravamiento de conflictos entre patrones y trabajadores y se respetará el derecho de huelga establecido en la Constitución.

Habrá justicia para trabajadores mineros, electricistas, sobrecargos, pilotos y empleados de Mexicana de Aviación que han sido injustamente despedidos por la política privatizadora y por el contubernio entre funcionarios y empresarios corruptos.

Limpiaremos al gobierno de corrupción. Lo haremos de arriba hacia abajo como se limpian las escaleras. No habrá influyentismo, amiguismo, nepotismo ni ninguna de esas lacras de la política. La corrupción será considerada como delito grave y se castigará sin derecho a fianza. Por ejemplo, en estos días se ha denunciado públicamente que el ISSSTE contrató servicios telefónicos pagando 43 por ciento más de su precio en el mercado, es decir, 419 millones de pesos por arriba de su costo. Por sólo mencionar una de las transas que a diario se llevan a cabo en todas las dependencias, poderes y niveles de gobierno, sin que pase nada, porque reina el cinismo, la corrupción y la impunidad.

Para fortalecer la hacienda pública se cumplirá el mandato constitucional que establece que los impuestos deben cobrarse de manera progresiva, es decir, que debe pagar más quien tiene más. Esto exige llevar a la práctica las siguientes medidas: abolir los privilegios de las 400 grandes corporaciones del país que tienen ingresos al año por 6 billones de pesos y no pagan impuestos; se cobrarán impuestos por las operaciones que se realizan en la Bolsa Mexicana de Valores; y tendrán que pagar impuestos por extracción las empresas mineras, nacionales y extranjeras, que obtienen enormes ganancias y no dejan beneficios en el país.

Se simplificarán los trámites para el pago de impuestos. Todos los ciudadanos deberán manifestar cada año sus ingresos y utilidades, y depositarán lo que les corresponda de contribuciones, partiendo de fórmulas sencillas y de la confianza al contribuyente. La fiscalización se llevará a cabo

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