Pueblos Originarios Jone sHuala

Por ejercer un derecho, terminan presos…

El presente trabajo pretende describir los hechos ocurridos el 27 de mayo de 2016 en la zona de Leleque, Provincia de Chubut, donde por orden de una fiscal se apresaron mapuches pertenecientes a una comunidad, llamada Lof en Resistencia Mapuche Cushamen. Esta situación permitió conocer toda una trama de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas^[1] que hoy como estado se les debe reconocer

La zona de Leleque se ubica en el Departamento Cushamen en la Provincia de Chubut, terminada la mal llamada “Conquista al Desierto”, a fines del siglo XIX,  en donde fueron perseguidos caciques del pueblo mapuche tehuelche, algunos fueron llevados presos a la Isla Martín García, y otros quedaron prisioneros de la ciencia en el Museo de la Plata, bajo la protección del Perito Moreno^[2]. Incorporados como población, fueron invisibilizados.

A pesar de ello, en los últimos tiempos en particular desde la reforma de nuestra Constitución Nacional en 1994, se incorporan derechos a los pueblos indígenas. En primer lugar se reconoce que ellos existen antes de la conformación del Estado.

A pesar de este derecho, se siguen asociando que los pueblos indígenas pertenecen a un país. Esta situación es constante al considerar al pueblo mapuche como proveniente de Chile.

El pueblo mapuche, tiene su territorio ancestral, en lo que se conoce como el Wallmapu que se extiende desde el océano pacífico al océano atlántico. Los libros de historia han escrito que los mapuches, no sólo vinieron de ese país, sino que exterminaron a los tehuelches. Lo cierto es que las comunidades debieron resistir todo tipo de atropellos, incluso ocultar su identidad.

El pueblo mapuche viene ejerciendo su derechos sobre los territorios de los que fueron despojados, muchas veces con el consentimiento del mismo estado, hoy los jóvenes no tienen tierras, estar destinados a vivir en los sectores más pobres de las ciudades. Entre estas causas pero fundamentalmente su identidad como mapuches hizo que en el mes de marzo de 2015, recuperaron tierras ocupadas tradicionalmente por familias o lof mapuche tehuelche.^[3]

Esas tierras fueron compradas por el magnate Luciano Benetton a una compañía inglesa, tierras que no pueden ser vendidas, no están en el comercio. Al producirse esta reivindicación de derechos sobre los territorios como pueblo mapuche, la empresa Benetton denunció penalmente a los integrantes del Lof, cuyo líder político que se reconoce como longko weichafe Francisco Facundo Jones Huala, el cual es visto como el gran instigador y que es un “activista” que incita a levantarse contra las autoridades del estado.

Como hemos señalado que el pueblo mapuche se encuentran en Chile y Argentina, en el primer de estos estados, desde hace muchos años vienen siendo perseguidos políticamente, incluso hay muchos presos políticos mapuches, y muertos jóvenes mapuches en enfrentamientos con los carabineros^[4]. Esto ha provocado la creación de organizaciones radicalizadas del movimiento políticos mapuches como el RAM (Resistencia Autónoma Mapuche) agudizándose al aplicarles la Ley de Antiterrorismo en Chile.

Uno de los problemas centrales de los pueblos originarios es el tema del derecho al territorio o a las tierras, fundamentalmente porque se trata de un  hecho histórico antes de la conformación del estado preexistían pueblos étnico y culturalmente, el estado ha despojado a los pueblos indígenas, esto ha ocurrido a fines del Siglo XIX, precisamente en 1879 con lo que se conoce con la campaña al desierto en donde se ha ido consolidando las fronteras interiores y exteriores de nuestro país, este despojo que sufrieron los pueblos indígenas en el caso de Pampa Patagonia, Pueblo Mapuche - Tehuelche hoy se puede ver como una situación en particular de reivindicación y de reparación histórica para con estos pueblos por eso en la actualidad hay distintas situaciones de conflictos que se han judicializado, en donde los miembros de estas comunidades y estos pueblos sufren constantemente, por reivindicar sus derechos sobre los territorios, ser acusados y formar partes de causas judiciales en los que están imputados, entre otros de diferentes delitos, como el de usurpación, nadie puede usurpar lo que le pertenece, y como un hecho histórico que así la Argentina lo ha reconocido.

EL PAIS › EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE MACRÌ REIVINDICA EL ESPIONAJE CONTRA PUEBLOS ORIGINARIOS

Celebrar la ilegalidad

El gobierno reivindica como política de seguridad oficial las prácticas ilegales contra comunidades indígenas. La administración anterior las atribuyó a actitudes individuales de un agente de la AFI, que está procesado por ello. La Corte Suprema había rechazado la aplicación de la ley antiterrorista a una agrupación mapuche, que mantiene un litigio con Benetton por la propiedad de sus tierras ancestrales. También la Corte Interamericana rechaza que se juzguen estos casos como terrorismo.

Durante el juicio, el jefe de gabinete Pablo Noceti (detrás de la mujer), analizando la criminalización de los derechos indígenas.

Para el gobierno nacional los reclamos de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales no constituyen un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal “ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”, según un informe de gestión del Ministerio de Seguridad fechado el 30 de agosto. El gobierno atribuye a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas en las provincias de Chubut y Río Negro” y dispuso que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) centralice “las tareas de investigación”, cosa que no guarda relación con su especialidad. El informe de Bullrich fue escrito ocho meses después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el carácter federal y la aplicación de la ley antiterrorista a la causa que se instruía contra Martiniano Jones Huala y otros representantes mapuches. Por el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, la Corte remitió el expediente a la justicia provincial, adhiriendo a los fundamentos del Procurador Fiscal Víctor Abramovich. Esa causa, por los delitos de usurpación y abigeato, está para ser elevada a juicio en los tribunales provinciales de Chubut y otra paralela, en la que Chile solicitó la extradición del dirigente mapuche Facundo Jones Huala (sobrino de Martiniano) fue declarada nula por el juez federal Guido Otranto. La apelación se discute ahora ante la Corte Suprema de Justicia. La sentencia de nulidad destacó las prácticas ilegales con las que se llegó a formular la solicitud de extradición (uno de los testigos en contra del líder mapuche había aportado datos bajo tortura). Dos fiscales y dos comisarios provinciales fueron indagados y está procesado un agente de la AFI que los abasteció de inteligencia sobre movilizaciones sociales y marchas contra la instalación de una mina. Jones Huala estaba procesado en Chile por los delitos de incendio en lugar habitado y portación de arma de fuego de fabricación artesanal en enero de 2013 pero no se presentó el día del juicio, por lo que se ordenó su detención.

Del disimulo a la jactancia

El Power Point del Ministerio de Seguridad ilustra la situación con una fotografía de tres hombres que reivindican la recuperación de territorio mapuche y un cartel en reclamo de la libertad de Facundo Jones Huala, a quien menciona como el Lonco Weichafe. El informe oficial del 30 de agosto se refiere al juicio por la extradición que se inició al día siguiente, el 31. El juez federal Guido Otranto rechazó la extradición. Para el ministerio a cargo de Patricia Bullrich la “problemática mapuche” consiste en que “se arman comunidades” (sic) y “se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos. Estos delitos de usurpación, turbación en la posesión y extorsión afectan un servicio estratégico de los recursos del estado: han estado detenidos 200 pozos (según informó YPF)”. La participación de fuerzas federales de seguridad e inteligencia en tareas de espionaje a la población ya había sido denunciada por la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) en una nota dirigida en agosto al presidente Maurizio Macrì y al gobernador de Chubut Mario Das Neves, que no tuvo respuesta. La nota objetó la respuesta penal a los reclamos territoriales del pueblo mapuche. Lo ejemplificó con “la recuperación de tierras” cuya propiedad se disputan la empresa trasnacional Benetton y la Comunidad de Resistencia Mapuche en el departamento Cushamen, donde se produjeron “formas de actuación estatal excesivas, o directamente ilegales”. En especial, mencionó a un miembro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que se encuentra procesado por la Justicia Federal “por espiar actividades lícitas de la población, recopilando datos prohibidos por la ley de inteligencia N° 25.520 referidos a reclamos indígenas y a vecinos que se oponen a la megaminería”, y por la pretensión de “aplicar a este caso por supuesta usurpación de tierras, la ley antiterrorista N° 26.734”, pese a la resolución en contrario de la Corte Suprema. El año pasado, cuando el funcionario de la AFI fue puesto en evidencia, aunque su nombre se mantiene en reserva, el entonces administrador de Inteligencia, Oscar Parrilli, declaró que ese agente había actuado a título personal y transmitió a las víctimas las disculpas de la ex presidente CFK. Por dudoso que fuera ese deslinde, contrasta con la situación actual ya que el nuevo gobierno lejos de ocultar esas actividades las reivindica como una exitosa política oficial.

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