REFORMA AGRARIA PARAGUAY

reforma agraria en paraguay.

Hambre, pobreza, enfermedades, desalojos forzosos y una situación de marginalidad y opresión caracterizan la vida cotidiana de las familias sin tierra del Paraguay, tanto campesinas, como indígenas.

Según la Constitución y el derecho humano a la alimentación, el Gobierno paraguayo tiene la obligación

de realizar una amplia reforma agraria que garantice el acceso y control de la tierra a las comunidades

campesinas pobres. La realidad es otra: la reforma agraria no avanza y las políticas del gobierno se

dirigen principalmente a la agricultura de exportación. Por otra parte, las comunidades rurales sufren

una fuerte represión por parte de los latifundistas y sus grupos parapoliciales que se valen de la cruda

violencia y hasta del asesinato para intimidarlas, amenazarlas, desplazarlas y perseguir a sus líderes.

Es así como 54 familias de la comunidad Tekojojá del distrito de Vaquería, departamento de Caaguazú,

fueron desalojadas forzosamente tres veces desde el año 2003 de sus tierras. Hasta el día de hoy las

familias sufren los ataques armados de los productores de soja que cuentan con el respaldo de sus

milicias privadas y de la propia policía. Los sojeros, que en su mayoría son inmigrantes brasileños, disputan las tierras de la comunidad con el fin de plantar soja genéticamente manipulada y destinada a la

exportación. Pero la comunidad campesina resiste. A pesar de los desalojos, regresan una y otra vez a

sus tierras y con el apoyo solidario de colonias vecinas intentan reiniciar su vida en Tekojojá.

TENENCIA DE TIERRA, POBREZA Y HAMBRE

En Paraguay, el 42% de la población viven en zonas

rurales, lo que representa el más alto porcentaje

en toda America Latina. Pero también es el país,

donde la tenencia de tierra es la más desigual del

continente. La cantidad de minifundios, que con

cinco hectáreas o menos no tienen capacidad ni para

garantizar el sustento de una familia campesina, ha

aumentado entre 1981 y 1991 de 36% a 40%. Datos

más recientes no existen. Sobre todo a las mujeres

se les niega el acceso a la tierra: de los propietarios

de tierra, sólo el 9,4% son mujeres. Para presionar la

implementación de la reforma agraria, las familias

campesinas tienen que ocupar tierras en campamentos provisorios en condiciones extremadamente

precarias.

Igual que en la mayoria de los países latinoamericanos, la desigualdad de la tenencia de la tierra tiene

sus raíces en la época colonial. El proceso se intensificó desde el fin de la guerra entre el Paraguay y la Triple Alianza compuesta por Brasil, Argentina y

Uruguay, cuando se vendieron tierras públicas a inversionistas extranjeros. Además, el dictador Alfredo

Stroessner (1954 - 1989) distribuyó 11 millones de

hectáreas en su gran mayoría de manera fraudulenta

a personas que según la ley no podían ser beneficiarias de reforma agraria. Esta relatifundización

sentó las bases para la agricultura de exportación a

gran escala tal como es practicada hoy en Paraguay.

Se calcula que hasta la fecha unos 9 millones de

hectáreas de estas llamadas „tierras mal habidas“

se encuentran en manos de políticos y militares influyentes

Tradicionalmente la pobreza es sobre todo un fenó-

meno rural. Pero desde 1997, el porcentaje de

pobres en las zonas urbanas es por primera vez más

alto que en el campo. Eso se debe al hecho de que

muchos/as campesinos/as han perdido la esperanza

de sobrevivir en las zonas rurales y se ven forzados a

emigrar a la ciudad. Allá, sin embargo, en la mayoría

de los casos, la situación no es mejor. En total, el

nivel de pobreza continúa aumentando. El porcentaje de personas desnutridas había bajado al final de

los años 1990, pero desde 2001 viene aumentando

(FAO). Las causas de la pobreza y desnutrición son

múltiples: la crisis de los principales rubros de ingresos campesinos (algodón), la restricción de los

recursos estatales para el área de salud, educación o

infraestructura, la degradación ambiental y la exclusión social, económica y cultural de las comunidades

campesinas e indígenas. En este proceso, es fundamental el papel que desempeñan la concentración

de la tierra en las manos de unos pocos y el modelo

productivo que favorece a la agricultura altamente

mecanizada y de exportación en perjuicio de los pequeños agricultores. La ganadería latifundista ocupa

más de 16,5 millones de hectáreas en Paraguay, lo

que representa la mayor parte de la superficie agrí-

cola del país. A pesar de eso, la producción de la soja

está avanzando cada vez más. Entretanto Paraguay

se considera el cuarto exportador mundial de soja,

de modo que este monocultivo, del cual cerca del

80% usa semillas genéticamente modificadas, ya ocupa unos 2 millones de hectáreas. Los sojeros hacen

un uso intensivo e inadecuado de agrotóxicos en sus

cultivos, envenenando los alimentos y las fuentes

de agua de las chacras vecinas. Esta intoxicación ha

provocado enfermedades y hasta la muerte entre las

familias campesina

LA REFORMA AGRARIA NO ES PRIORITARIA

En 1992, Paraguay ratificó el Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),

comprometiéndose a tomar las medidas necesarias

para garantizar a su población su derecho humano

a la alimentación. La realización de una reforma

agraria es clave para cumplir con esta obligación

de modo que se asegure a las comunidades rurales

un acceso directo a la tierra, recurso imprescindible

para su subsistencia. En el capítulo 9 (artículo 109,

y artículos 114 a 116) de la Constitución Paraguaya

se establece que la reforma agraria debe incorporar

efectivamente a la población campesina al desarrollo económico de la Nación. Esto debe llevarse a

cabo a través de medidas que garanticen el acceso

a tierras que no cumplen su función social a los pequeños y medianos agricultores, el ortogamiento de

créditos y la provisión de servicios públicos. Pero en

vez de cumplir con sus obligaciones respecto a la

reforma agraria, el gobierno ha previsto en su Plan

Nacional de Desarrollo Agrario y Rural para los años

2004 a 2008 un crecimiento del PIB agropecuario y

un aumento de la exportación de origen agropecuaria como objetivos principales. La promoción

de los/as campesinos/as sin tierra o con tierra

insufisiente, queda en segundo plano. Las acciones

previstas en este campo incluyen la entrega de tan

solo 8 mil títulos de propiedad anual a los colonos

beneficiarios de tierras. La autoridad responsable

de adjudicadar estas tierras, el INDERT, considera la

propiedad privada como „sagrada“ y rara vez aplica

el instrumento de expropiación de latifundios por

motivos de interés social. Por el contrario, el INDERT

recurre cada vez más a la compra de tierra a precios

de mercado, lo que resulta un proceso desproporcionadamente oneroso, si es que de verdad logra efectuarlo. En general, los recursos del INDERT no son

suficientes para la compra de tierras de alta calidad

para los/as campesinos/as beneficiados/as de modo

que la espera de las familias acampadas demandando tierra se prolonga

REIVINDICACIONES DE LA CAMPAÑA POR LA REFORMA

AGRARIA

Con organizaciones tales como la Mesa Coordinadora

Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), el

Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), la Coordinadora

Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI)

la gente en el campo lucha por su derecho humano a

la alimentación. Gracias a la movilización social, la

solidaridad entre las comunidades y la cooperación

con organizaciones de derechos humanos como el

Servicio Jurídico Integral Para el Desarrollo Agrario

(SEIJA), las organizaciones campesinas ya han conquistado varios éxitos. Eso les da ánimo para continuar su lucha a pesar de las dificultades que tienen

que superar, sean estas creadas por latifundistas y

sus milicias o por el propio Estado.

La Campaña Global de Reforma Agraria (CGRA) de

FIAN, La Vía Campesina y LRAN apoya esta lucha de

las familias campesinas sin tierra y su reivindicación

de que se realice una reforma agraria que garantice

sus derechos humanos. Con base en la misión investigadora que la CGRA

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