Trabajo De Constitucion

Trabajo presentado en el panel dedicado a

«Estado social de derecho y derechos humanos», en el cual

participaron también Susan Lee y Rodolfo Arango.

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, la sociedad avanza en la construcción de un Estado social de derecho en razón de su valor como pacto social y como una propuesta de paz frente a la aguda situación de violencia de la década de los ochenta, debido entre otros factores a la monopolización del poder, la exclusión e intolerancia social y política, la represión estatal y las demandas sociales insatisfechas.

Así, antes de la Constitución de 1991, el Estado colombiano estaba conformado como un Estado de derecho centralizado con sujeción al ordenamiento jurídico, en donde se pretendía garantizar libertades individuales, en detrimento de los derechos sociales y colectivos.

El Estado social de derecho, promulgado por la Constitución de 1991, redefine las relaciones entre el poder central y las regiones, y se convierte en un Estado participativo donde prevalece lo regional sobre lo nacional, se reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación y hay un presupuesto de inversión social. Lo decretado en el artículo 1º de la Carta, ampliado y respaldado a lo largo del texto fundamental, tiene entonces una importancia sin precedentes en el contexto del constitucionalismo colombiano, en cuanto incorpora la nación al llamado constitucionalismo moderno y ser el único pacto pluralista en la historia del país.

La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica del Estado colombiano puede describirse desde dos puntos de vista: cuantitativo y cualitativo. Lo primero debe tratarse necesariamente bajo el tema del Estado de bienestar y lo segundo bajo el tema del Estado constitucional democrático. Las delimitaciones entre ambos conceptos no son tajantes, pues cada uno de ellos hace alusión a un aspecto específico de un mismo asunto. Su complementariedad es evidente:

El Estado de bienestar surge como una respuesta a las demandas sociales hechas por todos los movimientos populares en la lucha por las reivindicaciones de sus derechos económicos, políticos, sociales, culturales y civiles. Desde este punto de vista, el Estado social de derecho puede definirse como el que garantiza estándares mínimos de salarios. Alimentación, salud, habitación, educación y participación activa asegurados para todos los ciudadanos, con la idea de derechos y no de simple caridad o de servicio.

Por su parte, el Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valores, derechos consagrados por la integridad de los derechos humanos, y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, y de control político y jurídico.

¿Qué ha pasado entonces con el Estado social de derecho tras doce años de promulgación? ¿Qué ha pasado con la democracia colombiana y con los derechos humanos en los últimos años en el país?

Lo primero que debe advertirse es que el término «social» lo viene utilizando el Estado colombiano como una simple muletilla retórica, lo que se transforma en un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del Estado. Esto se evidencia, por una parte, en la escisión entre los derechos individuales y los sociales y colectivos —donde los primeros se promulgan como fundamentales y los segundos no, lo que ha generado que la realización de estos últimos sea objeto de coyunturas electorales o de filantropía cristiana—, y por otra, en la fractura entre la promulgación de garantías y derechos fundamentales y el modelo económico propuesto —que certifica la contradicción entre una perspectiva conservadora de la nación, el Estado y los ciudadanos, y una perspectiva liberal del desarrollo económico—.

Estas fracturas, subrayadas por el gobierno de Uribe, se operan con las reformas propuestas y el avance hacia la conformación del denominado Estado comunitario, en donde el Estado es reducido al máximo y su lugar es cubierto por el sector privado, tanto en la prestación de servicios básicos como en la aplicación de planes, programas y proyectos sociales. El Estado desaparece entonces como garante de los derechos ciudadanos, y el ciudadano se convierte en cliente —usuario de servicios—.

Así se observa cómo la reforma propuesta por el actual régimen presidencialista restringe el Estado de bienestar, en cuanto se tratan de eliminar desde todo punto de vista las conquistas sociales que se tomaron en cuenta en la Constitución de 1991, y busca convertirlo nuevamente en un reducido Estado liberal —donde presuntamente prevalecían las garantías de los derechos individuales y de personas sobre los derechos sociales y colectivos—, sumido en un complejo aparato político-administrativo que niega a sus conciudadanos el disfrute de sus derechos y nada tiene que ver con dinamizar lo social, puesto que de lo que se trata es de acabar con esas respuestas como Estado. Ejemplo de ello es el desmonte de la tutela y de las reformas laboral y pensional. Así mismo, el Estado constitucional democrático es vulnerado a través del interés por el desmonte de las instancias reguladoras del Estado, tales como el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, las procuradurías y personerías, en procura de disminuir el déficit fiscal.

Caminamos entonces hacia el autoritarismo, de la mano de la centralización del poder político, económico y militar en el ejecutivo, asociada además a la desconcentración de las obligaciones del gobierno central con las regiones, mediante la aparición de nuevas figuras como los consejos comunitarios, donde se rediseñan los planes de desarrollo municipal y regional, desconociendo los procesos de participación y concertación local, situaciones éstas que vulneran la soberanía popular y minan las posibilidades de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Esto se agrava aún más al comprobar que en las regiones en que más «éxito» han tenido las medidas tomadas por el actual régimen, como el reclutamiento de soldados campesinos y la conformación de redes de cooperantes, se han incrementado ostensiblemente el desplazamiento forzoso, la pauperización de las condiciones de vida y la crisis alimentaria, lo que coincide con la proyección de megaproyectos que benefician intereses particulares, en detrimento de los derechos de los grupos humanos que habitan en este territorio.

Estos cambios que el Estado

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