Constitucion

Artículo 20.Se

establecen las siguientes garantías de los derechos constitucionales:

1.Toda

persona que de modo actual o inminente, sufra en forma ilegal o arbitraria, cualquier tipo de restricción o

amenaza en su libertad personal, podrá ejercer la garantía de Hábeas Corpus recurriendo ante cualquier juez.

Igualmente se procederá en caso de agravamiento arbitrario de las condiciones de su detención legal o en el de

desaparición forzada de personas.

La presentación no requerirá formalidad alguna y podrá realizarse por sí mismo o a través de terceros, aun sin

mandato.

El juez con conocimiento de los hechos y de resultar procedente, hará cesar inmediatamente y dentro de las

veinticuatro horas, la restricción, amenaza o agravamiento, aun durante la vigencia del estado de sitio. Incurrirá en falta

grave el juez o funcionario que no cumpliere con las disposiciones precedentes.

2.La

garantía de Amparo podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato o por particulares, cuando por cualquier acto,

hecho, decisión u omisión, proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace, en forma

actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y

colectivos.

El Amparo procederá ante cualquier juez siempre que no pudieren utilizarse, por la naturaleza del caso, los remedios

ordinarios sin daño grave o irreparable y no procediese la garantía de Hábeas Corpus.

No procederá contra leyes o contra actos jurisdiccionales emanados del Poder Judicial.

La ley regulará el Amparo estableciendo un procedimiento breve y de pronta resolución para el ejercicio de esta

garantía, sin perjuicio de la facultad del juez para acelerar su trámite, mediante formas más sencillas que se adapten a

la naturaleza de la cuestión planteada.

En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesivos.

3.A

través de la garantía de Hábeas Data, que se regirá por el procedimiento que la ley determine, toda persona podrá

conocer lo que conste de la misma en forma de registro, archivo o banco de datos de organismos públicos, o privados

destinados a proveer informes, así como la finalidad a que se destine esa información, y a requerir su rectificación,

actualización o cancelación. No podrá afectarse el secreto de las fuentes y el contenido de la información periodística.

Ningún dato podrá registrarse con fines discriminatorios ni será proporcionado a terceros, salvo que tengan un interés

legítimo. El uso de la informática no podrá vulnerar el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno

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