Derecho Procesal

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO

JOSÉ OVALLE FAVELA

DERECHO PROCESAL

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOMÉXICO 1991

INDICE

I.Introducción .........7

II.Ramas y fuente .........8

III.Sujetos procesales .......26

IV.Etapas procesales y procedimientos .59

V.Medios preparatorios y providencias cautelares.69

VI.Prueba .......82

VII.Resoluciones judiciales92

VIII.Medios de impugnación ........................................................... 103

IX.Ejecución ..................................................................................... 127

X.Bibliografía 137

Presentar una visión panorámica del derecho procesal positivo mexicano resulta muy complejo y extremadamente difícil ya que la mayoría de lasdisposiciones sustantivas que están comprendidas en otros sectores deesta obra poseen su correspondiente rama adjetiva y si ya debe consi-derarse como una tarea muy ardua lograr una visión de conjunto de cadauna de estas materias, esta laboriosidad se multiplica de manera consi-derable cuando se pretende abordar en un solo trabajo los

aspectosfundamentales del ordenamiento procesal.

Para resolver este complejo problema se puede tomar una de dos solu-ciones: la primera de ellas, tal vez la menos complicada, consiste enelaborar varios capítulos, uno para cada una de las disciplinas clásicasdel propio ordenamiento procesal mexicano, es decir, implica el examenseparado de las disposiciones adjetivas civiles, penales, administrativasy laborales, así como de manera autónoma también el juicio de amparo,que constituye la culminación de todas ellas; y la segunda que es la quehemos adoptado en este estudio panorámico, procura un examen deconjunto, con independencia de las diversas ramas procesales.

La segunda opción ofrece, como es comprensible, problemas muy ar-duos, en ocasiones muy difíciles de superar; pero la hemos consideradopreferible aun si se toman en cuenta todos sus inconvenientes, por va-rias razones, entre las cuales se encuentran, en primer lugar, la delograr un ahorro considerable de espacio, ya que con el análisis com-prensivo se evitan numerosas repeticiones de los conceptos básicos delderecho procesal, que resulta necesario reiterar en cada disciplina espe-cífica cuando no se cuenta con un análisis general, y en segundo término,el motivo de mayor trascendencia se apoya en la unidad básica de laciencia procesal, la que nos permite este

estudio panorámico, ya quelas categorías fundamentales se aplican a todas las ramas procesales condiferencias que pueden considerarse secundarias.

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Debido a lo anterior, hemos hecho una división del contenido de estetrabajo, apoyándonos en los conceptos procesales primordiales, y nopor materias; pero se formulan las precisiones indispensables en cadauno de estos sectores básicos, con la advertencia de que no resulta po-sible incorporar ciertos aspectos específicos y de detalle, que sólo podríanabordarse en un estudio mucho más extenso.

II. RAMAS Y FUENTES

El análisis conjunto del derecho procesal mexicano no nos conduce,sin embargo, a omitir la precisión de las diversas ramas que integran aaquél. Como en el desarrollo de este capítulo se harán alusiones par-ticulares a dichas ramas, conviene precisar su número, contenido yfuentes. Para el análisis del derecho procesal mexicano, podemos utili-zar la clasificación del derecho procesal propuesta por Fix-Zamudio, entres grandes sectores: a) el derecho procesal dispositivo, regido por elprincipio dispositivo y que comprende el derecho procesal civil y mer-cantil; b) el derecho procesal social, orientado por el principio de justi-cia social o de "igualdad por compensación" (Couture), y dentro delcual se agrupan el derecho procesal del trabajo, el derecho procesalagrario y el derecho procesal de la seguridad social, y c) el derechoprocesal inquisitorio o publicístico, en el que se contienen el derecho pro-cesal penal, el derecho procesal administrativo, el derecho procesalfamiliar y del estado civil y el derecho procesal constitucional (Fix-Za-mudio, Héctor, El juicio de amparo, México, Porrúa, 1964, pp. 18-39).

Antes de iniciar el examen del contenido y de las fuentes de cadauna de estas ramas, conviene recordar que todas ellas tienen comofuente primordial a la Constitución Política de 1917. Sin poder profun-dizar en las diversas normas constitucionales que orientan el derechoprocesal mexicano —las cuales serán objeto de análisis en los capítulossobre "Derecho constitucional" y "Derechos humanos"—, y a reservade aludir a algunas de dichas normas al mencionar las fuentes de cadauna de las ramas procesales, debemos destacar cuatro preceptos cons-titucionales de suma importancia para todas ellas.

En primer lugar, debemos señalar al artículo 17 constitucional, queprohíbe la autotutela y, en contrapartida, establece que "toda personatiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estaránexpeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,

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emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Elmismo precepto constitucional prevé que el servicio de los tribunales serágratuito, por lo que quedan prohibidas las costas judiciales; y que lasleyes federales y locales establecerán los medios necesarios para quese garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de susresoluciones.

En segundo lugar, el artículo 14, segundo párrafo, de la Constituciónconsigna el derecho fundamental que todo sujeto de derecho tiene deno poder ser privado de sus derechos, sino mediante un proceso "se-guido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cum-plan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a lasleyes expedidas con anterioridad al hecho". Se trata, como puede obser-varse, de uno de los preceptos más importantes del ordenamiento jurí-dico mexicano, ya que consigna la llamada "garantía de audiencia" oderecho fundamental de defensa en juicio.

En tercer lugar, el artículo 13 constitucional proldbe el estableci-miento y funcionamiento de tribunales extraordinarios o por comisión.Y por último, el artículo 16 establece el deber de todos los órganos deautoridad —incluyendo a los juzgadores— de fundar y motivar legal-mente todos sus actos que impliquen alguna molestia o afectación, asísea provisional, en los derechos de las personas.

Además de estas cuatro disposiciones contenidas en el capítulo de"garantías individuales", la Constitución también establece en su lla-mada "parte orgánica" las bases para la organización de los tribunalesfederales (artículos 73, fracción XXIX-H, 94-101, 103-107 y 123, apar-tado A, fracción XX y apartado B, fracción XII) y del Distrito Federal(artículo 73, fracción VI, base 5a.), así como del Ministerio Públi-co (artículos 102, y 73, fracción VI, base 6a.) Ella contiene, ademáslas bases para la organización de los tribunales de los estados (artículo116, fracción III).

1. Derecho procesal dispositivo

Dentro de este sector se ubican, como ya quedó indicado, el derechoprocesal civil y el derecho procesal mercantil.

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A. Derecho procesal civil

Esta rama regula el proceso destinado a solucionar los litigios decarácter civil, que afectan fundamentalmente a los particulares. Entretales litigios podemos mencionar los concernientes a la propiedad pri-vada y en general a los derechos reales, así como los relativos a la va-lidez o nulidad, cumplimiento o rescisión de contratos civiles —particu-larmente de arrendamiento, de compraventa, de fianza, de obra, deprestación de servicios, etcétera—, y en general a las obligaciones civi-les. También quedan comprendidos los litigios o asuntos referentes a lassucesiones o transmisiones del patrimonio de personas fallecidas y los con-cursos o liquidaciones del patrimonio de personas no comerciantes de-claradas insolventes.

En relación con el proceso civil, y en general con todos los procesosdiversos del penal, conviene tener presente el principio fundamental con-tenido en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional: "En los jui-cios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a laletra, o a la interpretación jurídica de la Ley, y a falta de ésta se funda-rá en los principios generales del derecho".

Dentro de la distribución de competencias establecida por el artículo124 constitucional para los órganos federales y locales, corresponde alos órganos legislativos de los estados la expedición de las leyes civilesy procesales civiles. Por esta razón, cada uno de los 31 estados de laRepública cuenta con su propio Código de Procedimientos Civiles; aestos códigos hay que agregar el del Distrito Federal y el Federal —paralos asuntos civiles en los que la Federación actúe como parte civil—,por lo que, en total, existen en la República mexicana 33 códigos deprocedimientos civiles.

La existencia de tantos ordenamientos procesales civiles dificulta, enuna medida considerable, el estudio completo del derecho procesal civilmexicano. Sin embargo, se debe aclarar que esta cantidad tan grandede códigos no se ha traducido en una gran variedad en el contenido delos mismos. Así, la mayor parte de los códigos estatales han copiadoel contenido del viejo Código de Procedimientos Civiles del DistritoFederal del 29 de agosto de 1932, todavía vigente en dicha entidad.Este Código fue elaborado por una comisión

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