Desarrollo Industrial

Políticas nacionales de desarrollo Industrial.

Las acciones de política industrial propician la colaboración entre el gobierno y el sector privado para desarrollar los sectores con mayor impacto en el crecimiento económico y, también, procura un crecimiento regional más balanceado en las regiones explotando sus ventajas comparativas y aprovecha las derramas de conocimiento y las economías de escala para fomentar el desarrollo económico.

Los objetivos de la política industrial se centran en proporcionar información a los agentes económicos; implementar acciones e instrumentos específicos como la promoción del capital humano y financiamiento y, en coordinar, focalizar y priorizar las acciones conjuntas entre el sector privado y los distintos órdenes de gobierno.

Los programas implementados por la Secretaría de Economía tienen como directrices los siguientes objetivos:

• Fortalecer y desarrollar el mercado doméstico con la misma solidez que el externo.

• Fortalecer las industrias infantes que cuenten con ventajas comparativas.

• Incrementar la innovación, la promoción del capital humano y el intercambio de tecnología entre las industrias.

• Proporcionar información a los agentes para resolver las distorsiones de mercado, en particular, información asimétrica y coordinación de agentes.

• Coordinar, focalizar y priorizar las acciones conjuntas entre el sector privado y los distintos órdenes de gobierno

La actual política comercial y económica que se ha puesto en marcha ha afectado de manera directa el empleo, los mercados, la producción, los patrones de consumo y distribución, los valores culturales, las relaciones sociales y el ambiente; ha distorsionado las economías local y nacional, y reducido la autosuficiencia haciendo que millones de personas y miles de empresas dependan de los frágiles mercados extranjeros.

El modelo de desarrollo industrial implantado y la apertura del mercado, salvaje e indiscriminado no ha proporcionado la modernización integral del aparato productivo; nuestra industria está desequilibrada, su aplicación ajena y contradictoria con la realidad nacional provoca que junto con unidades productivas modernas, sobrevivan empresas poco competitivas y con escasas posibilidades de superar rezagos o competencias desleales.

Por ello, el Poder Legislativo debe tener plenas facultades para sancionar y enmarcar al Ejecutivo Federal y ser parte relevante y activa en la definición de la política económica en sus aspectos fiscal, industrial, financiero y comercial, y especialmente en su ámbito internacional.

En ese sentido, uno de los grandes temas que se encuentran pendientes en su discusión, es precisamente el relativo a la Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuyos lineamientos deben atender:

1. Determinar los proyectos productivos con más posibilidades de crecer y desarrollarse, con mayores expectativas, solvencia y de acuerdo con prioridades económicas nacionales que constituyan el universo al cual se destinen los recursos.

2. Encauzar una política de fomento industrial en términos de información, gestión, supervisión, evaluación, resolución, formulación de proyectos, asesoría para la producción de las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de reforzar y desarrollar la planta productiva y del empleo de manera sostenida.

3. Sentar las bases de una política de fomento industrial y de comercio de largo plazo, en términos de una aplicación de recursos estratégicos como apoyos, subsidios, transferencias, que se orienten principalmente, a la adquisición de insumos y a la capacitación para el trabajo, por medio de consejos, convenios, como de una mejor coordinación con las dependencias gubernamentales involucradas.

4. Orientar una política de fomento industrial que establezca los criterios y procedimientos a los que deberá sujetarse todo productor, de las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes deberán cumplir con un marco normativo actualizado y metas viables de producción determinadas en las que la reinversión sea una condición necesaria. Ello, teniendo como referencia la conclusión del periodo sexenal y su vínculo con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

5. Una reducción del total de la deuda tanto interna como externa y tanto pública como privada.

6. Incentivar el ahorro, que no es cuestión sólo de los instrumentos financieros, sino fundamentales de cuestiones macroecónomicas. Una población de pobres no puede ahorrar y las micro, pequeñas y medianas empresas devastadas estancadas, tampoco.

7. Eliminar la corrupción. El volumen de recursos presupuestales que se desvían en corrupción es sumamente alto. Un elemento clave contra la corrupción es acabar con la discrecionalidad de grandes partidas presupuestales.

8. Crear un mecanismo de utilización más ágil y transparente del presupuesto, a través del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de institutos y fondos públicos que canalizan el dinero de los asalariados, sin que ello implique desviar su uso de los fines para los que fueron diseñados, pero a la vez permitan un mayor monto de recursos para el desarrollo de la seguridad social en la que los trabajadores participen en forma directa.

9. Impulsar una reforma fiscal integral que aumente los recursos públicos sin aumentar la carga fiscal global vía la ampliación del universo de contribuyentes con base no al hostigamiento, sino a una profunda simplificación.

Con relación al marco normativo es indispensable:

10. Una revisión y modificación integral del artículo 25 constitucional o, en su caso, mediante una ley reglamentaria de rango constitucional que dé prioridad al fomento y a la promoción de las micros, pequeñas y medianas empresas. Recordemos que el gobierno no ha sido capaz de planear debidamente el sector público y que es violador contumaz del contenido del citado artículo constitucional y otros más, pues ya que en aras de la rectoría del desarrollo nacional que le otorga la Constitución, aplicó so pretexto de la globalización, una salvaje política neoliberal, cuyos resultados –por lo menos en las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al mercado interno– han sido particularmente desastrosos, es decir, sólo subsisten 26 por ciento de las empresas de los últimos tres sexenios.

11. Reformular los distintos tratados comerciales en materia de reglas de origen para incluir un contenido nacional, en términos de requisitos de desempeño de la inversión extranjera y en general recuperando la capacidad constitucional del Estado para orientar la economía.

12. Incrementar las capacidades del Congreso y dotar a organismos ciudadanos de capacidades para monitorear y vigilar el gasto público. El Congreso no sólo debe dictaminar al final de la cuenta pública, sino fincar responsabilidades y reorientar durante el ejercicio su uso. Es incongruente que sea el propio Ejecutivo, vía la Secretaría de la Contraloría, el que se vigile a sí mismo. La Contaduría Mayor de Hacienda debe asumir cabalmente dichas funciones.

13. Modificar las leyes sobre instituciones financieras para asegurar el control de mexicanos de la banca del país. Es preferible volver a una banca con participación estatal, que el control extranjero directo del sistema financiero nacional.

14. Que la política y legislación tengan tres orientaciones básicas: el de recaudación, el de inducir a una relación más equilibrada en la distribución del ingreso y el de la promoción y orientación de la actividad económica.

15. Que las reformas legislativas en diversos campos, entre los cuales destacan las adquisiciones del Gobierno federal y gobiernos estatales.

La sociedad mexicana requiere una verdadera política de fomento industrial y de comercio, que impulse las actividades productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas, basándose en un mayor otorgamiento de apoyos crediticios a través de la banca de desarrollo, o bien, mediante incentivos fiscales; programas de capacitación; asesoría fiscal, contable, legal, así como la promoción a la exportación; financiamientos de unidades y asociaciones productivas (cooperativas, sociedades anónimas, unidades de crédito, asociaciones civiles, etcétera); simplificación administrativa; conocimiento de mercados mediante bancos de información como padrones confiables de productores y proveedores por línea de producción. El otorgamiento de recursos a estos rubros impediría la caída del gasto público en el fomento a la industrial y al comercio, caída en picada desde hace más de 16 años provocada por una política neoliberal que ha abierto fronteras y no ha fomentado los financiamientos productivos.

Así pues, la presente ley será un gran avance para el desarrollo de nuestro inmenso sector productivo, cuyo alcance será a corto plazo, como en general lo es toda política de gobierno, empero, se requiere mucho más que eso, se requiere del establecimiento de políticas de Estado que garanticen y orienten la política económica a largo plazo; políticas que están por encima del Ejecutivo Federal y su gabinete, limitándolos a ejercer poder absoluto en ellas, como hasta el momento, independientemente de quienes asuman los Poderes de la Unión, sexenio tras sexenio.

Sólo

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