Incidencia De La Planificación Nacional En La Planificación Municipal

Incidencia de la Planificación Nacional en la Planificación Municipal

El estudio de este tema puede se abordado desde dos puntos; por un lado, se tiene que actualmente en Venezuela, los municipios reciben líneas directas, en sentido vertical, del Poder Nacional, es decir, son sujetos pasivos y quedan afectados o vinculados por la planificación nacional. Por otro lado, el nivel municipal tiene por ley la facultad (y porque no la necesidad) de realizar su propia planificación.

Lo anteriormente expresado revela como los municipios son entes receptores y quedan sometidos a la planificación nacional, tanto a la de carácter general (por ejemplo el Plan de Desarrollo económico y social de la Nación), como a los planes sectoriales del Estado sobre materias diversas de ámbito nacional o inferior (por ejemplo los de infraestructura, carreteras, autopistas, viviendas, promoción y ordenación de los centros y zonas de interés turístico, abastecimientos de agua, saneamientos e infraestructura sanitaria, entre otros).

Aunado a esto, la incidencia de la planificación nacional sobre la municipal es mayor cuando se operativiza el plan, pues afecta incluso el ámbito de las competencias dado que en muchas ocasiones el cumplimiento de las competencias municipales se da gracias a la ayuda total o parcial del nivel nacional; es decir, son planificadas por la Administración Central.

Esto es así porque las normas que rigen y orientan los esquemas de planificación les vienen a los municipios desde el nivel nacional, y además con distintos sujetos u órganos administrativos que planifican para una misma Entidad y espacio territorial, para idénticas competencias o para competencias interrelacionadas.

Esta situación de pluralidad y diversidad de planes, sobretodo por lo que se refiere a los dé carácter sectorial, sobre un mismo territorio, una misma Entidad administrativa y a veces sobre idéntica materia, pero procedentes de distintos sujetos u órganos administrativos, plantea con frecuencia interferencias de planes, incoherencias de medios o fines y, en algunos casos, efectos económicos o sociales asimétricos, en sus resultados. Desde el punto de vista jurídico, contradicciones, incompatibilidades y, en ocasiones, problemas de auténticas derogaciones tácitas o de hecho, entre ellos.

La cuestión se complica más porque frecuentemente esos planes nacionales, no suelen tener la misma duración temporal que los locales. Mas aún, en algunos casos, los planes y programas nacionales poseen un ámbito espacial no coincidente con los territorios jurisdiccionales de las Administraciones locales.

En cuanto a la planificación económica por ejemplo, se puede decir que siempre el ejercicio efectivo y de hecho de las competencias de los diversos sujetos administrativos ha dependido, en definitiva, más de sus disponibilidades presupuestarias y económicas que de la mera atribución legal de las mismas por el ordenamiento jurídico. Si realmente no se dispone de los medios para desarrollarlas y llevarlas a cabo, la atribución de competencias se convierte en algo inoperante, en mero fatus vocis. Así, el ejercicio de las competencias por parte de los Municipios, se ve afectado por los objetivos y medidas de programación económica, que con carácter general y nacional hayan sido establecidas. Ello significa que los planes de los Entes locales se acomoden a dichos objetivos y directrices y también que sus competencias materiales sean ejercidas de acuerdo con los criterios y objetivos que señalen los planes generales nacionales o sectoriales y la programación económica general.

Las normas de la legislación local, fijadoras de las respectivas competencias de los entes locales, suelen tener un carácter meramente habilitante o de apoderamiento, pero vacías de contenido. Así se señala en el derecho

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