Presupuesto Participativo

Presupuesto participativo

El presupuesto participativo es una herramienta de democracia participativa o de la democracia directa que permite a la ciudadaníaincidir o tomar decisiones referentes a los presupuestos públicos, generalmente sobre el presupuesto municipal.

Es un proceso de consulta y diálogo entre la comunidad y las autoridades sobre cuáles son las prioridades de inversión de un municipio.

Índice

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En Porto Alegre[editar • editar código]

La primera experiencia de presupuesto participativo (orçamento participativo) se inició en 1989 en la ciudad de Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil), tras la victoria del Partido dos Trabalhadores en las elecciones municipales. En un contexto de fuertesdesigualdades sociales y recursos limitados, el nuevo gobierno no podía hacer frente a todas las necesidades de la población ni dar respuesta a las expectativas creadas entre la población más desfavorecida. Resultaba imprescindible establecer prioridades de acción y, para hacerlo, contó con la sociedad civil fuertemente organizada, dando voz a los movimientos sociales. A través de un sistema asambleario, se creó una estructura que permitiese a los ciudadanos incidir en las decisiones sobre el gasto municipal.

El objetivo principal del presupuesto participativo en Porto Alegre se centró en la justicia social: empoderar a las comunidades y conseguir que las necesidades de los más desvalidos, a menudo olvidadas, pasen a primer término mediante la inversión de prioridades. La experiencia continúa en vigor, aunque el cambio de gobierno municipal en 2004 propició modificaciones substanciales en el proceso y sus objetivos.

Presupuesto participativo en Argentina[editar • editar código]

En la República Argentina el primer municipio en adoptar un presupuesto participativo fue la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe. Rosario sancionó la ordenanza respectiva en 2002 y el primer presupuesto participativo correspondió al año 2003.1

Posteriormente otros municipios como San Fernando (provincia de Buenos Aires), el Municipio de Morón (provincia de Buenos Aires, iniciados durante la intendencia de Martín Sabatella), Córdoba Capital, San Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro), Reconquista(provincia de Santa Fe) y La Plata (Provincia de Buenos Aires) también adoptaron el uso de esta herramienta de participación directa. Esto derivó en la creación de la Red Argentina de Presupuestos Participativos que agrupa a los municipios que lo utilizan.

En la actualidad se nombró como presidente de la Red Argentina de Presupuesto Participativo al Director de Presupuesto Participativo de la ciudad de Córdoba Neldo Fraye.

Antecedentes históricos de la elaboración de presupuestos participativos.

Las experiencias pioneras del presupuesto participativo en América se ubican en Brasil, en la ciudad de Porto Alegre (1986) y también en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. En Venezuela, la aplicación del presupuesto participativo no es muy reciente. Su experiencia se remonta a unos casi veinte años. El mismo se inició por el estado Bolívar, específicamente en la Alcaldía de Caroní en la que en 1990 se emprendía la tarea de la elaboración del presupuesto municipal, tratando de responder las solicitudes de la población. El presupuesto participativo aún no está consolidado en Venezuela; pese a contar con un marco constitucional y legal que lo favorece y lo promueve. Quizás sean causa de ello, la debilidad institucional o el recelo de los gobernantes locales para su aplicación; sumado al escepticismo ciudadano frente un mecanismo de participación, aún incomprendido.

La apertura del nuevo ciclo de elaboración del presupuesto participativo en el Municipio Caroní brinda otra oportunidad para seguir avanzando hacia el ejercicio pleno y más consciente de los derechos a participación en la gestión pública. En la actualidad para que los consejos comunales se inserten dentro del marco constitucional de la democracia participativa y protagónica de Venezuela, se debe implantar la participación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares que permitan al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario con su gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades.

El Presupuesto Participativo surge de la necesidad inminente de la participación ciudadana, como una estrategia para hacer posible que los programas de desarrollo logren implementarse de manera efectiva y combatan la pobreza

Experiencias de presupuesto participativo en america latina en el caso de Brasil, argentina y colombia

1. Caracas

No es que los rivales de la CR en Caracas estaban institucionalizados. Desde la década de 1960, Acción Democrática (AD) y Copei dominaban com-pletamente las arenas política y social, llevando a los académicos a calificar a Venezuela como una "partidocracia" (Coppedge, 1994). AD particularmente tenía una fuerte relación con los sindicatos, y los miembros del partido superaban los dos millones en 1985 (Coppedge, 1994: 29). La dominación de AD se extendía sobre Caracas. AD ganó la primera elección municipal con Claudio Fermín, quien estrechó los lazos con los sindicatos municipales y las asociaciones vecinales. Una nueva federación municipal (Favemli), por ejemplo, tenía un presidente perte-neciente a la AD y casi 300 asociaciones miembros. Cuando en 1992, la CR venció por poco a AD en las elecciones municipales de Caracas, AD tenía muchos recursos a su disposición, desde asociaciones vecinales a sindicatos con sus miembros leales. Durante los siguientes tres años, AD dio una batalla por retomar el poder en Caracas. Esta batalla tomó diferentes formas y planteó restricciones severas en la habilidad de la CR para diseñar e implementar su programa de participación, llamado gobierno parroquial.

Los sindicatos municipales relacionados con AD constantemente protestaban, comenzando con un paro de un mes de duración, que retrasaban los contratos de obras públicas. Lo trabajadores también recurrieron al sabotaje, destruyendo registros públicos y computadores, y al robo, incluyendo ruedas de los autobuses municipales. Dado el control de AD sobre los sindicatos y cortes laborales, el alcalde Aristóbulo Istúriz tenía mucha dificultad para despedir trabajadores. Le tomó a Istúriz casi un año echar a un empleado que lo había asaltado. El otro principal aliado de AD, las asociaciones vecinales, se unieron al ataque, rechazando participar en las reuniones de gobierno parroquial o interrumpiéndolas. Además, los concejales de AD y Copei lucharon contra la propuesta de los gobiernos parroquiales desde el inicio, argumentando que el énfasis en la participación directa de la ciudadanía socavaba la democracia representativa. Cuando Istúriz trató de consolidar los goe anuló el decreto.

2. Montevideo

Los grupos fuertemente institucionalizados de Uruguay, el Partido Colo-rado y el Partido Nacional, siempre recibían entre los dos por lo menos el 80% de los votos hasta el golpe de estado de 1973. A través de su sistema de "coparticipación", se repartían los cargos políticos y admi-nistrativos proporcionalmente, llenando las burocracias nacionales y provinciales con sus respectivos simpatizantes. El bastión de los colorados era Montevideo, donde usaban la burocracia como una herramienta para mantener el apoyo político. Con excepciones (1958-1962 y 1983-1984), los colorados gobernaron Montevideo consecutivamente desde 1918 hasta 1989. Los colorados fundaron cientos de "clubes políticos" en Montevideo, cada uno con un caudillo vecinal, quien era a su vez un empleado público y un activista político. A través de los clubes, los residentes de los barrios pobres y de clase trabajadora buscaban favores personales y, a veces, la prestación de servicios públicos. Ni siquiera la dictadura interrumpió la dominación del Partido Colorado; el intendente colorado, elegido en 1971, continuó en su cargo hasta el último año de la dictadura. Después de ganar la primera elección post-militar (1984) en Montevideo y a nivel nacional, los colorados reiniciaron sus políticas clientelistas, restableciendo los clubes y creando una nueva oficina que estimuló el crecimiento de asociaciones vecinales por medio de la repartición de cupones de comida.

Cuando el alcalde del FA, Tabaré Vázquez, llegó al poder en 1990, los colorados intentaron usar su influencia sobre las asociaciones vecinales y los trabajadores municipales para obstruir su programa de participación. Las asociaciones simpatizantes de los colorados participaban escasamente, y los burócratas designados por administraciones coloradas anteriores deliberadamente retrasaban los trámites, y empujaron al sindicato municipal al paro. Estos intentos fueron menos exitosos que la campaña unificada de los colorados y blancos (del Partido Nacional) que, por medio de concejales, congresistas, e incluso el presidente Lacalle (blanco) denunció el programa del FA. En más de 150 ataques de la prensa, éstos acusaron al FA de implantar tácticas de la KGB y los Comités de Defensa de la Revolución de Cuba; Lacalle llamó "totalitaria" a la administración del FA (Sierra y Charbonnier, 1993: 18-19, 28). La oposición también bloqueó recursos para la administración municipal del FA, recortando transferencias, rechazando contratos o negando el aumento de impuestos municipales. Once concejales de oposición, valiéndose de la Constitución unitaria de Uruguay, apelaron al Congreso para que invalidara la resolución

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