Presupuesto Participativo

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

I. DEFINICIÓN:

El presupuesto participativo es un espacio concentrado por el cual las autoridades electas de los gobiernos regionales y los gobiernos locales así como las organizaciones de la población, debidamente representadas, definen, en conjunto a través de una serie de mecanismo de análisis y de toma de decisiones, cada una desde su ámbito, y de acuerdo a las decisiones adoptadas durante las fases previstas para la realización del proceso del presupuesto participativo; como y a que se van a orientar los recursos de los que se disponen a nivel regional y local, especialmente aquellos para gastos de inversión, teniendo en cuenta la visión de desarrollo, provincial, regional y nacional considerandos en su planes de desarrollo concertados, los objetivos establecidos en sus planes estratégicos institucionales, así como la priorización de los proyectos buscando la mayor rentabilidad social, debiéndose reflejar, además, de manera concreta y efectiva, los compromisos y aportes de la propia población y de los diferencies organismos públicos y privados presentes en el proceso.

II. BASES LEGALES:

 Constitución política del Perú Artículo 199º “ Fiscalización de Gobiernos regionales y Locales”

 Ley marco del presupuesto participativo Nº 28056

 Ley de Base de la descentralización Nº 27783 Artículo 17º ”Participación Ciudadana”

 Ley orgánica de gobiernos regionales Nº 27867

 Ley orgánica de municipalidades Nº 27972 Artículo 53º ”Presupuesto de los gobiernos locales” y art. 112º “Participación Vecinal”

III. PRINCIPIOS RECTORES:

a) Participación: Los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de la sociedad civil, en la programación de su presupuesto, en concordancia con sus planes de desarrollo concertados; así como, en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos.

b) Transparencia: Los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales son objeto de difusión por los medios posibles de información, a fin de que la población pueda tener conocimientos de ellos.

c) Igualdad: Las organizaciones de la sociedad tiene las mismas oportunidades para intervenir y participar sin discriminaciones de carácter político, ideológico, religioso, racial o de otra naturaleza en los procesos de planificación y presupuestos participativos.

d) Tolerancia: Es la garantía de reconocimientos y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas de quienes conforman la sociedad, como un elementos esencial para la construcción de consensos.

e) Eficacia y Eficiencia.- Los gobiernos regionales y gobiernos locales organizan su gestión en torno a objetivos y metas establecidos en los planes concertados y presupuestos participativos, desarrollando estrategias para la consecución de los objeticos trazados y con una óptima utilización de los recursos . la mediación de los logros se basa en indicadores de imparto, de resultados y de productos, normados por las instancias correspondientes.

f) Equidad: Es un componente constitutivo y orientador de la gestión regional y local, sin discriminación igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial.

g) Competitividad: Los gobiernos regionales y locales tiene como objetivo la gestión estratégica de la competitividad. Para ello promueven la producción y su articulación a los ejes de desarrollo o corredores económicos, así como la ampliación de mercados internos y externos, en un entorno de innovación, de calidad, de alianzas y acuerdos entre los sectores públicos y privados.

h) Respeto a los acuerdos: La participación de la sociedad civil en los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales se fundamenta en el compromiso de cumplimientos de los acuerdos o compromisos concertados.

o OBJETIVOS:

a) Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales que mejoren los niveles de vida de la población y fortalezcan sus capacidades como base del desarrollo, posibilitando acciones concertadas que refuercen los vínculos de identidad, de pertenencia y las relaciones de confianza.

b) Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a las prioridades consideradas en los Planes de Desarrollo Concertados y los Planes Sectoriales Nacionales, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados.

c) Reforzar la relación entre el Estado y la sociedad civil, en el marco de un ejercicio de la ciudadanía que utilice los mecanismos de democracia directa y democracia representativa generando compromisos y responsabilidades compartidas.

d) Fijar prioridades del gasto público, en materia de gastos de inversión, garantizando la sostenibilidad de la inversión ya ejecutada y estableciendo un orden de prelación para la ejecución de los proyectos que se prioricen y sean declarados viables bajo las normas técnicas y procedimientos establecidos en la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

e) Involucrar y comprometer a la sociedad civil y al sector privado en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, creando conciencia respecto de los derechos y las obligaciones que los ciudadanos tienen, como contribuyentes y como actores, en el funcionamiento del Estado y en el desarrollo sostenible del territorio donde habitan.

f) Crear y desarrollar, a partir de la normativa existente, políticas públicas y condiciones institucionales que promuevan la generación y ejecución de la inversión privada.

g) Buscar el aumento de la competitividad regional y local, así como la superación de la pobreza a través de mejoras sustantivas en infraestructura, nivel de educación, cobertura de salud, seguridad jurídica, establecimiento de derechos de propiedad, adecuada regulación en estándares de calidad y sanidad, entre otros.

h) Reforzar la transparencia, el seguimiento, la rendición de cuentas y la ejecución de las acciones concertadas en el Proceso del Presupuesto Participativo; así como la vigilancia de la acción pública

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