PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO

"

ASIGNATURA : CONTABILIDAD SUPERIOR

DOCENTE : CPCC.HECTOR ACUÑA SUAREZ

ALUMNO : SÁNCHEZ LEÓN ELDER DARÍO

TEMA : PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2014

INTRODUCCION

El desarrollo local implica desencadena un proceso promovido y asumido por todos los actores e individuos de un territorio; se orienta a optimizar y racionalizar el potencial humano, los recursos institucionales, ambientales, sociales, económicos y culturales de un territorio, de una forma equilibrada y sostenible. Para tal fin será importante desarrollar una adecuada definición de objetivos estratégicos y priorización de acciones y proyectos que permitan aprovecharlos recursos existentes de manera concertada entre los distintos actores públicos y de la sociedad civil, así como la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

El nuevo proceso de descentralización en el país, trajo consigo un marco normativo que incorpora la participación ciudadana en la toma de decisiones para la gestión local. Esta presencia se da a través de los procesos de planificación concertada del desarrollo (Planes estratégicos y operativos) y la programación del presupuesto público (Presupuesto Participativo). Para lograrlo se han modificado y promulgado nuevas leyes nacionales. Después de una reforma constitucional y la aprobación de la Ley de Bases de Descentralización, se ha dado forma al marco general necesario para avanzar en este proceso tanto en el terreno político como fiscal e institucional.

El antecedente inmediato del desarrollo de los procesos participativos a mayor escala han sido las experiencias de gestión local participativa de los años 80 y 90s en el ámbito de local, que contaron con el apoyo de los organismos no gubernamentales de desarrollo y de las agencias de cooperación internacional.Incorporar la participación ciudadana en la toma de decisiones en la gestión local y regional y convertirla en política de estado significa vencer aún muchas resistencias de diversos actores y en varios ámbitos donde ello es visto como un riesgo para la eficiencia y eficacia de la democracia. En el debate está la aparente contradicción entre la representatividad y la participación universal.

No es muy largo el camino recorrido desde que el tema de la descentralización y la participación ciudadana se convirtiera en parte de la agenda pública. Sin embargo consideramos que es tiempo suficiente para detenernos un momento y realizar un pequeño balance de las acciones realizadas, revisando nuestros viejos supuestos y planteando nuevas miradas que contribuyan al mejor desarrollo de los procesos en curso.

El presente artículo reflexiona sobre los alcances y límites del proceso del presupuesto participativo en nuestro país, y lo enfoca desde dos entradas centrales: la primera, referida a los marcos interpretativos que orientan el proceso y la segunda, sobre experiencias concretas desarrolladas en distintas localidades del país. Es decir, elementos conceptuales de un lado y elementos de aplicación de otro.

El artículo está subdividido en cinco secciones:

1) El proceso de descentralización en el país, donde se presentan los aspectos más relevantes del contexto y las características principales que debieran estar presentes,

2) los antecedentes del proceso del presupuesto participativo, donde se presentan las experiencias previas a la promulgación de la ley del presupuesto participativo,

3) el marco interpretativo, donde se presenta un análisis general de los conceptos que están considerados como elementos centrales de este proceso participativo,

4) la revisión de algunas hipótesis a la luz de esta información, y

5)los comentarios finales.

EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN EL PAÍS.

El Perú es uno de los países más centralizados de la Región. A pesar de poseer más de 2,000 gobiernos municipales, éstos apenas manejan el 5% del presupuesto de la república. El gobierno central concentraba, en el año 2000, el 87% de los ingresos públicos después de las transferencias de ley, frente al 65% en promedio de gobiernos de países medianos y grandes de la Región y 54% en países desarrollados. A nivel del gasto público se daba el mismo comportamiento, para el mismo año, los gobiernos locales, fueron responsables del 12% del gasto total, frente al 34% en América Latina y al 43% en los países desarrollados.

El retorno de nuestro país a los cauces democráticos trajo consigo una ambiciosa política de democratización y reforma del Estado que pretendía desde la independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo, hasta la modernización del Poder Ejecutivo, pasando por el ansiado proceso de descentralización, reclamo permanente de las poblaciones del interior del país que ningún político que asumiera el gobierno podía dejar de atender.

Un amplio espectro de fuerzas políticas y sociales del país sumaron voluntades para que se avanzara en esta línea. La firma del Acuerdo Nacional suscrito, en julio del 2001, por todos los partidos políticos, después de una intensa consulta con la sociedad civil, sella esta primera etapa de intención de trabajar todos por la reorganización del Estado.

Y ello se produce en un contexto que no ofrecía las mejores condiciones. El país venía, además de una crisis política, de un período de paralización económica. Luego de casi cuatro años de estancamiento en los que la tasa de crecimiento promedio fue inferior al 1%, la economía peruana empezó a recuperarse en el último trimestre del 2001 con un incremento del PBI de orden del 3% y del 5,3% en el segundo semestre del 2002. Las resistencias a iniciar el proceso de descentralización por parte de algunos sectores tenían que ver también con el temor respecto a que se diera un proceso desordenado que tuviera como corolario un descontrol de nuestro débil sistema financiero1.

Este nuevo intento por la descentralización del país, tiene como antecedente inmediato la experiencia desarrollada

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